ARGENTINA CUANDO LA JUSTICIA ESTÁ PATAS ARRIBA

Cecilia Litvin (RedEco)



Las resoluciones y dilaciones de los magistrados judiciales en distintas provincias
retrasan el camino hacia la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad
cometidos por la última dictadura militar.



Distintos organismos de Derechos Humanos de Neuquén criticaron fuertemente la decisión de
la jueza federal provincial Margarita Gudiño de Argüelles de declararse incompetente y
enviar 22 causas por delitos de lesa humanidad al Juzgado Federal de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires. Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de
Neuquén aseguraron que esta declaración de la magistrada niega el circuito que conformaron
todas las fuerzas represivas durante la dictadura.



Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el tercer gran operativo
"antisubversivo" efectuado en las provincias de Río Negro y Neuquén, entre el 9 y el 15 de
junio de 1976. Las personas detenidas y desaparecidas en este operativo fueron trasladadas
a varios centros de detención de distintas localidades de las provincias del sur, como así
también a Bahía Blanca. De lo que se conoce del funcionamiento de este operativo puede
verse la coordinación en conjunto de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía
Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales), además de los juegos de
encubrimientos y complicidades de la justicia federal y la intervención militar de
Neuquén. A su vez, este operativo fue en el que más cantidad de desaparecidos hubo de la
región: nueve.



El argumento de la jueza indica que el lugar de investigación debe ser Bahía Blanca porque
allí, supuestamente, ocurrieron los delitos más graves que sufrieran estas personas. Ante
esto, vale decir que no hay pruebas fehacientes de que los desaparecidos hayan sido
ultimados allí y no vueltos a trasladar a otra zona patagónica. Además, como distintos
jueces que entienden en estas causas no toman en cuenta la figura de "genocidio", el
delito más grave es el de torturas, y existen sobradas pruebas de que estas también se
cometieron en Neuquén.



Por otra parte, los secuestrados en este operativo son los primeros casos registrados de
personas cautivas en "La Escuelita" de Neuquén, por lo que si se envían estos casos a
Bahía Blanca se estaría desmembrando la historia de este centro de detención. Cabe agregar
que todos los represores imputados actuaron en Río Negro y en Neuquén, y que, a su vez, la
mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los
juicios se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.



En tanto, el martes pasado el colectivo de querellantes Justicia Ya! se concentró en
Tribunales. Allí, cerca de cien personas se amordazaron en protesta por el fallo de la
Corte Suprema que ratifica que Justicia Ya! no tendrá derecho a estar representado por sus
propios abogados en los juicios contra los genocidas que se sustancien en adelante en la
Capital Federal. Los abogados también hicieron pública una denuncia en la que piden, por
segunda vez, la destitución del Tribunal Oral Federal 5 por haberlos discriminado por
razones políticas. La primera presentación, en diciembre de 2007, había sido efectuada
luego de que el TOF 5 se negara a cambiar el lugar de detención del Prefecto Héctor
Febrés, quien fue finalmente asesinado con cianuro tres días antes de escuchar su
sentencia.



Por último, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. de
Córdoba emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante la certeza de
que los juicios contra represores en esa provincia que se iban a iniciar este año se
retrasarán sin plazos ciertos. Esto es como consecuencia de distintos intentos de
desintegrar el Tribunal Oral Federal que el año pasado juzgó y condenó a Menéndez y otros
siete represores a cárcel común. El mismo tribunal había salido sorteado para juzgar otros
hechos. Pero los permanentes intentos lograron su cometido, y provocaron la renuncia del
Juez Federal Otero Álvarez, y la consecuente desarticulación del Tribunal Oral Federal
Nº1. Por todo esto, los organismos le exigen al Estado Argentino que arbitre
urgentemente las medidas necesarias para conformar un Tribunal constitucional que lleve
adelante los juicios por delitos de lesa humanidad.



26 DE ABRIL DE 2009