Evo pide tregua, pero la oligarquía avanza más y más

El Muerto Sáb Mar 01, 2008 1:43 pm

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Econoticiasbolivia.com

Evo pide tregua, pero la oligarquía avanza más y más Evolinera

La
política conciliadora de Evo envalentona a los 100 clanes que dirigen
la conspiración. Los sindicatos y los trabajadores comienzan a
recuperar su independencia de clase y se movilizan por más salario, más
derechos y para arrebatar el poder económico de la oligarquía

La
envalentonada oligarquía boliviana rechazó la tregua ofrecida por el
gobierno del presidente Evo Morales y prosiguió adelante en sus planes
de convocar a ilegales referéndums regionales con lo que quieren
refrendar su autonomía de facto y formalizar el control casi absoluto
que ejercen sobre las regiones más ricas de Bolivia.
“No
existe la posibilidad de negociar ni retroceder en este tema“, dijo
tajante el líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, Branco
Marinkovic, al rechazar ayer la solicitud del vicepresidente Álvaro
García Linera, quien solicitó una tregua de 60 días en los preparativos
para los referéndums regionales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En
ese plazo, el gobierno de Morales consideraba que podía armonizar su
proyecto de nueva Constitución Política del Estado con los estatutos
autonomistas.
Desairado por la derecha oligárquica, con la
que busca un acuerdo de largo aliento para compartir el poder según
admitió el propio García Linera, el gobierno de indígenas y campesinos
pobres va perdiendo apoyo popular en las ciudades cada día que pasa,
producto del incesante alza del costo de vida y la casi total ausencia
de cambios positivos en la precaria situación económica y social de la
gente más empobrecida.
Aunque con grandes dificultades
organizativas, los sindicatos y las organizaciones populares urbanas
han comenzado a retomar su independencia de clase y cuestionan la
política gubernamental de conciliación con la burguesía y su abandono
de las principales reivindicaciones políticas y económicas a favor de
los más pobres (nacionalización real de gas, petróleo y minerales,
tierras para campesinos, mejor salario para obreros y desmantelamiento
del neoliberalismo). Ellos reclaman un combate real contra la
oligarquía, las transnacionales y el imperialismo y una mejora
sustancial de sus condiciones de vida y de trabajo.
Ofensiva ultraderechista
Desde la derecha, el acoso sobre el gobierno se hizo más patente este
miércoles, a pocas horas de que el vicepresidente García Linera
demandara una pacificación. “El tirano más rudo no podrá contra los
hombres más libres. No va a lograr que este proceso se pare, es
irreversible, esto no lo detiene nadie“, dijo desafiante el prefecto
(gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, que ratificó la convocatoria
a una consulta popular para el domingo 4 de mayo, fecha en que los
terratenientes y la burguesía oriental intentan aprobar un estatuto
autonomista que, aunque es ilegal e inconstitucional, les faculta para
conformar su propio Parlamento, su propia Policía y tomar el control
total sobre la tierra, la educación y los impuestos (ver “La oligarquía arma su propio Estado”).
Marinkovic y Costas son dos de los principales voceros de los 100
clanes que dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión
oligárquica contra el gobierno indígena y campesino de Morales que
controla el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y parcialmente los
valles (área rural de Cochabamba y Chuquisaca) (ver “La rebelión de los 100 clanes”).
Presión latifundista
La rebelión oligárquica también avanza en las regiones de Beni y Pando,
fronterizas con Brasil, y donde los clanes latifundistas ejercen un
poder despótico y casi absoluto. El prefecto Ernesto Suárez de Beni
convocó ayer a la consulta, luego de que la Corte Departamental
Electoral certificara que había más firmas de las necesarias para
convocar un referéndum departamental.
En Pando, el primer
vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo Shimokawa, dijo que en las
próximas horas la Corte Electoral entregará la validación de más de
10.000 firmas y de inmediato el Consejo Departamental autorizará al
prefecto Leopoldo Fernández a seguir los pasos de sus colegas Costas y
Suárez y llamar un referéndum para validar la carta autonómica que fue
redactada el pasado 15 de diciembre.
Con estas acciones, la
oligarquía del oriente y los valles, que enarbola la bandera de la
autonomía regional y por ello cuenta con la masiva adhesión de
organizaciones empresariales, cívicas, sociales y populares urbanas,
desestimó el ofrecimiento del gobierno para ablandar su proyecto de
Constitución e incluir las demandas autonómicas y reivindicaciones de
la oligarquía.
Referéndum revocatorio
Desairado por los terratenientes y la burguesía, las fuerzas leales al
presidente Morales intensificaron su presión sobre el Parlamento para
que convoque a un referéndum revocatorio con el que quieren lograr un
respaldo en las urnas para Evo y paralelamente intentar defenestrar a
alguno de los prefectos opositores, antes de que avancen hacia sus
autonomías separatistas.
El revocatorio es asumido como una
presión desde el oficialismo para forzar a la oligarquía a buscar un
gran pacto social sobre la base de mantener la unidad nacional, el
respeto a la democracia formal, a la propiedad privada, a la inversión
privada nacional y extranjera, y mantener en términos menos
conflictivos la vigencia de dos gobiernos, uno en el altiplano con Evo
a la cabeza y otro en las regiones del oriente y los valles dirigido
por la oligarquía.
"Si se mantiene la actitud de la
intransigencia, de seguir violentando el ordenamiento jurídico, de
seguir presionando, de seguir colocando ultimátums y una actitud radical, el diálogo está condenando al fracaso", alertó García Linera.
"Si este último esfuerzo fracasa no será por voluntad del Congreso sino
por la presión de actores políticos externos, sociales como regionales,
que no están apostando al diálogo", agregó.
Expectativas oligárquicas
Sin embargo, la oligarquía, que viene fortaleciéndose en los dos
últimos años, cree que puede seguir acumulando fuerzas y poder con la
política de confrontación contra Morales, que pierde apoyo en las
ciudades casi en la misma proporción en que se devalúan los salarios y
aumentan los precios de los alimentos.
Aunque aún son una
minoría, los sectores más reaccionarios de los 100 clanes familiares,
que concentran en sus manos las tierras y tienen el control casi
absoluto de la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los
grandes medios de comunicación, pugnan por defenestrar al “indio
presidente”, mientras que otros creen que el derrocamiento de Morales
no está aún al alcance de sus manos, pero sí su desgaste.
Los
sediciosos cuentan con el directo apoyo y financiamiento de la Embajada
de Estados Unidos y su representante Philip Goldberg, que por ahora
trabaja para consolidar la virtual división de Bolivia, con Morales en
el altiplano y los gobernadores derechistas en la otra mitad del país.
En los hechos, esta división es aceptada y tolerada por el gobierno de
Evo y su Movimiento al Socialismo (MAS).
Desborde por la izquierda
Por ello, desde la óptica de los sindicatos revolucionarios, se
considera que el gobierno de Evo, -que representa los intereses
económicos y políticos de los indígenas y campesinos, la mayoría de
ellos pequeños propietarios de parcelas, y de los microproductores
urbanos-, está manteniendo en pie el neoliberalismo y favoreciendo más
a los grandes empresarios que a los trabajadores y asalariados.
“La continuación de la política económica neoliberal impide la
planificación de la economía, ocasionando la subida desmesurada,
incontrolable y abusiva de los artículos de primera necesidad,
generando una inflación que, en los hechos, ha superado el 15%. Los
trabajadores bolivianos, tanto del sector público como privado,
exigimos la reposición urgente del valor adquisitivo de los salarios de
acuerdo al costo de vida y la canasta familiar”, señala un
pronunciamiento del ampliado de la Central Obrera Departamental de
Oruro.
“El Gobierno sostiene que para un aumento de salarios
tendría que incrementar el IVA y el IT (Impuesto al Valor Agregado y a
las Transacciones). Sin embargo no explica por qué en la Ley 3787 de 24
de noviembre de 2007 rebaja la alícuota del impuesto minero al oro que
explotan las trasnacionales del 7% al 5%. Asimismo debe responder el
por qué de la promulgación de la Ley 3788 de la misma fecha, donde se
mantiene la devolución del IVA y los CEDEIMS a los exportadores de
hidrocarburos, minerales y productos derivados. Igualmente debe
explicar por qué el impuesto del 82% a los hidrocarburos decretado en
mayo del 2006 ahora es simplemente 50%”, agrega.
Retroceso y conciliación
Según el análisis de los obreros, los dos primeros años del gobierno de
Morales constituyeron un retroceso para los trabajadores y sindicatos
que ilusamente confiaron en una política más progresista de Morales y
de su gobierno campesino-indígena.
“El largo plazo concedido
al Gobierno desde su posesión en enero del 2006 sólo significó
retroceso para el movimiento obrero y popular por la política de
concertación con la minoría oligárquica asumida por el gobierno del
MAS, facilitando la rearticulación de la derecha a través de sus
partidos MNR, PODEMOS, UN, NFR, ADN, MIR y otras agrupaciones que bajo
la máscara de ciudadanas sólo defienden los intereses de los
terratenientes y empresarios trasnacionales”.
“El verdadero
proceso de cambio no puede tener otro contenido que el de ejecutar las
Agendas por las cuales el pueblo derramó su sangre y que son parte
fundamental del Pliego Único Nacional de la COB:
a)
Recuperación y nacionalización de nuestros hidrocarburos, yacimientos
mineros, forestales y demás recursos naturales b) Reversión de las
empresas capitalizadas al Estado c) Abrogación del Decreto 21060 y las
leyes neoliberales que fueron aprobadas en las décadas pasadas (Ley de
Capitalización, de Pensiones, de Reforma Educativa, de Municipalidades,
del Estatuto del Funcionario Público, de Concesiones, de Inversiones,
de Minería, de Tierras, etc)”.
Guerra contra los ricos
El documento aprobado por los dirigentes de la Centra Obrera de Oruro,
que está bajo la dirección de los mineros proletarios, expresa que la
única vía para derrotar a la oligarquía conspiradora es arrebatarle las
tierras, las minas, los bosques, el gas y sus grandes capitales.
“La posición de los trabajadores es inalterable con respecto a la
“media luna” y sus portavoces prefecturales, cívicos y paramilitares.
No permitiremos la división de la Patria y rechazamos el pacto o
concertación planteada por estos oligarcas y terratenientes que, a fin
de mantener sus privilegios, utilizan todos los medios a su alcance
para distorsionar, confundir y provocar enfrentamientos entre los
pobres del país”.
“Los ricos son una minoría pero que posee
la casi totalidad de la riqueza nacional. Ese poder económico les
permite manipular y corromper a círculos de poder. Es hora de arrebatar
esa fuente de poder económico irracionalmente utilizado para los pobres
de nuestro país que son la mayoría que siempre estuvo excluida del
poder soportando discriminaciones étnicas, raciales, de género, etc”,
agrega el documento de los trabajadores.
Otro pronunciamiento
de la Federación de Mineros también advierte: A los Prefectos debemos
manifestar que no dudaremos en utilizar la fuerza obrera para encausar
nuestras demandas reivindicativas que propusimos con el cambio
estructural político, económico y social. Si el Gobierno y los
Prefectos no leen lo que en verdad el pueblo precisa, seremos los
obreros y el pueblo boliviano los que impongamos una política
SOCIALISTA”.