BARDESIO ESPERA CONFIADO
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BARDESIO ESPERA CONFIADO
EL JUEZ, UN EMBAJADOR Y EL ABOGADO CLAVARON LOS
FRENOS
(Brecha)
Un mes y medio después de que las cancillerías argentina y uruguaya
completaran los trámites de extradición de Nelson Bardesio, el juez
federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la tramitación judicial del
caso, sigue en silencio y sin avances.
El 15 de agosto la cancillería argentina informó con premura que había
recibido la documentación de su par uruguaya, confirmó que todo estaba en
regla, la “envió por fax a las ocho de la mañana” y la entregó
“personalmente al juez a las diez y media” en su despacho en la localidad
bonaerense de Morón. Ese fue el último acto legal en relación con el
pedido de extradición que pesa sobre el ex fotógrafo policial Nelson
Bardesio, involucrado en los crímenes de Héctor Castagnetto, Íbero
Gutiérrez, Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini. Fue el momento justo en
que los trámites empezaron a circular por vericuetos privados.
El hermetismo del caso comenzó en el preciso instante en que el juez
Rodríguez se hizo cargo del reo. En el juzgado federal informaron a
Brecha que el juez no daría entrevistas ni información sobre el caso
hasta tanto fuera resuelta “la situación del detenido”, es decir hasta
que él mismo decidiera si aceptaba los pedidos de la justicia
uruguaya.
El 2 de agosto Brecha presentó ante el juez un recurso de hábeas data
solicitando información en un caso de interés público. El escrito no fue
recibido en la secretaría del juez, los funcionarios actuantes se negaron
a identificarse e invitaron a Brecha a recabar información en la Embajada
de Estados Unidos en Buenos Aires.
La demora del juez Rodríguez se explica a partir del llamado desde la
embajada estadounidense el 25 de julio, según pudo confirmar Brecha con
fuentes diplomáticas. Earl Anthony Wayne, embajador de Washington en
Buenos Aires, se preocupó por la suerte de Bardesio, “como con la de
cualquier ciudadano estadounidense que atraviesa una situación judicial
en un país extranjero”, informó a Brecha la oficina de prensa de la
embajada. Quizá sea un poco más que eso.
El estudio jurídico contratado para defender a Bardesio en esta instancia
tiene su oficina central en el vecino partido de San Martín, y sendas
sucursales en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y en Nueva
York. Se trata del estudio Citarella Spicacci, regenteado por el
matrimonio compuesto por Héctor Spicacci y Martha Citarella, e integrado
por sus dos hijos, Aldo y Daniel Spicacci. Todos son docentes de la
Universidad Católica de Salta, una de las provincias más visitadas por el
embajador Wayne y donde la dea tiene un observatorio permanente instalado
desde los años del menemismo.
La defensa de Bardesio está a cargo de Héctor, el padre, quien fue
docente en la escuela de la Policía Bonaerense Juan Vucetich entre 1954 y
1986, de las escuelas de cadetes de la Policía Federal entre 1983 y 1985
y de Gendarmería entre 1979 y 1984. Curioso o no, todos los interesados
en el caso Bardesio, un ex agente de la cia, tienen vinculaciones con las
fuerzas de seguridad. La demora del juez Rodríguez es entendible.
FRENOS
(Brecha)
Un mes y medio después de que las cancillerías argentina y uruguaya
completaran los trámites de extradición de Nelson Bardesio, el juez
federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la tramitación judicial del
caso, sigue en silencio y sin avances.
El 15 de agosto la cancillería argentina informó con premura que había
recibido la documentación de su par uruguaya, confirmó que todo estaba en
regla, la “envió por fax a las ocho de la mañana” y la entregó
“personalmente al juez a las diez y media” en su despacho en la localidad
bonaerense de Morón. Ese fue el último acto legal en relación con el
pedido de extradición que pesa sobre el ex fotógrafo policial Nelson
Bardesio, involucrado en los crímenes de Héctor Castagnetto, Íbero
Gutiérrez, Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini. Fue el momento justo en
que los trámites empezaron a circular por vericuetos privados.
El hermetismo del caso comenzó en el preciso instante en que el juez
Rodríguez se hizo cargo del reo. En el juzgado federal informaron a
Brecha que el juez no daría entrevistas ni información sobre el caso
hasta tanto fuera resuelta “la situación del detenido”, es decir hasta
que él mismo decidiera si aceptaba los pedidos de la justicia
uruguaya.
El 2 de agosto Brecha presentó ante el juez un recurso de hábeas data
solicitando información en un caso de interés público. El escrito no fue
recibido en la secretaría del juez, los funcionarios actuantes se negaron
a identificarse e invitaron a Brecha a recabar información en la Embajada
de Estados Unidos en Buenos Aires.
La demora del juez Rodríguez se explica a partir del llamado desde la
embajada estadounidense el 25 de julio, según pudo confirmar Brecha con
fuentes diplomáticas. Earl Anthony Wayne, embajador de Washington en
Buenos Aires, se preocupó por la suerte de Bardesio, “como con la de
cualquier ciudadano estadounidense que atraviesa una situación judicial
en un país extranjero”, informó a Brecha la oficina de prensa de la
embajada. Quizá sea un poco más que eso.
El estudio jurídico contratado para defender a Bardesio en esta instancia
tiene su oficina central en el vecino partido de San Martín, y sendas
sucursales en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y en Nueva
York. Se trata del estudio Citarella Spicacci, regenteado por el
matrimonio compuesto por Héctor Spicacci y Martha Citarella, e integrado
por sus dos hijos, Aldo y Daniel Spicacci. Todos son docentes de la
Universidad Católica de Salta, una de las provincias más visitadas por el
embajador Wayne y donde la dea tiene un observatorio permanente instalado
desde los años del menemismo.
La defensa de Bardesio está a cargo de Héctor, el padre, quien fue
docente en la escuela de la Policía Bonaerense Juan Vucetich entre 1954 y
1986, de las escuelas de cadetes de la Policía Federal entre 1983 y 1985
y de Gendarmería entre 1979 y 1984. Curioso o no, todos los interesados
en el caso Bardesio, un ex agente de la cia, tienen vinculaciones con las
fuerzas de seguridad. La demora del juez Rodríguez es entendible.
El Muerto- Cantidad de envíos : 567
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