UN BRINDIS CON CAL Y ARENA

Argentina

Cecilia Litvin (Red Eco)

La decisión de la Cámara de Casación Penal (integrada por los jueces
Guillermo Yacobucci, Luis García, y Gustavo Mitchell, quien votó en
disidencia) de excarcelar a 17 represores de la ESMA (suspendida al día
siguiente ante la apelación presentada por el fiscal Raúl Pleé) dejó
una vez más en evidencia las terribles falencias de la justicia
argentina. Esta situación no se podría ni haber imaginado si las causas
avanzaran como debe ser, si los tiempos se cumplieran en lugar de
dilatarse indefinidamente.

Desde el colectivo Justicia Ya! explican que esta no es la primera vez
que ocurre algo semejante: “No aceptamos que los más encumbrados
funcionarios del Gobierno, incluyendo a la misma Presidenta de la
Nación, se muestren tan sorprendidos y enojados, se brinden
conferencias de prensa y se redacten a toda velocidad recursos
extraordinarios y pedidos de juicio político. Todos los que recorremos
a diario los laberintos judiciales sabemos que ésta era la conclusión
previsible de una política que se viene desarrollando sin pausa desde
que se reabrieron las causas”.

Hacen referencia a la connivencia del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal para desmembrar las causas, demorar por años las
acusaciones de los fiscales o presentar acusaciones incompletas e
inconexas. El resultado fue la condena de pocos genocidas, algunos que
esperan el fallo cómodamente en sus lujosas casas de countries con
“prisión domiciliaria” y muchos otros en libertad. Los abogados de
Justicia Ya! afirman, además, que a cinco años de la reapertura de la
causa ESMA, el fiscal Eduardo Taiano ha acusado a los represores por
delitos de lesa humanidad contra 600 personas (vale aclarar que las
víctimas suman muchas más y hay pruebas de ello), pero el Juez Federal
Sergio Torres solo procesó a los genocidas por un número mínimo de
delitos.

Si se procesara a los represores por todos los delitos correspondientes
se evitaría que queden en libertad, aún después de que venza la
“suspensión” dictada por la Cámara. A su vez, el juez Torres ha
desmembrado la causa Esma en más de diez expedientes que fueron
elevados a juicio oral por separado. La misma semana en que se conocía
la intención de la Cámara de Casación Penal de liberar a los
represores, más al sur del país tres militares neuquinos eran
condenados a penas de 25 años de prisión común por su actuación en el
campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La noticia fue
sorpresiva ya que la sentencia se esperaba para los últimos días de
diciembre o directamente para febrero de 2009 (según denunciaron
organismos de derechos humanos la intención era evitar la concurrencia
masiva de la comunidad a las puertas del tribunal).

Los condenados son los máximos responsables de actos de represión en la
región: el ex Jefe del Batallón Militar de Neuquén, Enrique Braulio
Olea; el jefe del Comando de Inteligencia de la Sexta Brigada, Oscar
Lorenzo Reinhold y el jefe de Inteligencia del Batallón, Mario Alberto
Gómez Arena. También fueron condenados Luis Farías Barrera (a 22 años),
Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (a 21 años), el médico
Hilarión de la Paz Sosa (a 20), y Julio Oviedo (a 7 años) todos ellos
integrantes de la Inteligencia militar. Pero el Tribunal Oral Federal
de esa provincia resolvió no aplicar la figura de genocidio, solicitada
por la querella. Justamente, las abogadas querellantes, Ivana del
Bianco y Romina Sckmunck (integrantes del Centro de Profesionales por
los Derechos Humanos - CeProDH) están siendo investigadas por la
justicia provincial, luego de que el abogado defensor de uno de los
militares imputado solicitara al Tribunal que se las indague por el
"delito de violación de
secre
to de Estado" por sus declaraciones en medios de prensa en relación a
un informe de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE),
dependiente de la Presidencia de la Nación, que fue incorporado como
prueba.

“En el Juicio Oral los defensores de los militares han reivindicado el
Genocidio haciendo apología de la dictadura, y decenas de participes
del genocidio confesaron haber sido parte de operativos de secuestro,
traslado de desaparecidos y torturados. Todos se retiraron impunes.
Mientras no se ha investigado a los secuestradores de Jorge Julio
López, se inicia una investigación contra Ivana Dal Bianco, quien
denunció públicamente que el Informe agregado evidenciaba que la SIDE
siguió investigando a las víctimas y a los organismos de Derechos
Humanos durante los diferentes gobiernos constitucionales, en vez de
aportar la información y abrir los archivos de la dictadura que
mantiene oculto el destino de los desaparecidos y de los más de 400
niños apropiados”, refiere un comunicado del CeProDH.

En tanto, al oeste del país, la Comisión de Familiares de Detenidos
Desaparecidos por Razones Políticas de la ciudad de Mendoza se
manifestó como todos los jueves de cada mes frente a los Tribunales
Federales donde se tramitan los expedientes por los delitos cometidos
durante la dictadura militar.A diferencia de otros jueves, la Comisión
había decidido además movilizarse dentro del hall central del edificio.
Pero también a diferencia de otros jueves, el frente de los Tribunales
estaba vallado. Había más policías que manifestantes.Según el relato de
los presentes, algunos efectivos ostentaban armas largas, otros usaban
chalecos antibalas, y dos de ellos contenían a perros “antimotines”. De
todos modos, nada pudo evitar el reclamo de justicia de los familiares
por los 200 desaparecidos en Mendoza

Así finaliza un año en el que si bien varios represores fueron
condenados por delitos de lesa humanidad y por genocidio, la mayoría
goza de prisión domiciliaria, otros pueden quedar en libertad porque
sus causas no avanzan y los juzgados son rodeados de policías que los
protegen de personas movilizadas en reclamo de justicia. Sin duda la
sidra del brindis sabe amarga.

28 DE DICIEMBRE DE 2008