MASACRE DE TLATELOLCO

Washington D.C. - Nosotros hemos arrivado en el cuadragésimo aniversario de la masacre de Tlatelolco con poco que reportar. Los eventos de ese terrible día continuan envolviendo los secretos que caracterizaron el régimen represivo y dictatorial que se vivió en México en aquella época, a diferencia de la actualidad en donde México es una nación moderna, desarrollada y democrática. Este vergonzoso suceso se dió gracias a las mentiras, a la desinformación y a los errores de los originales responsables: el ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz; su segundo al mando, el Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez; Marcellino García Barragán secretario de la Defensa Nacional; al Jefe del Estado Mayor Presidencial Luis Gutiérrez Oropeza; a mario Ballesteros Prieto, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; y a Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal.
Pero esos hombres, la era que representaron y los grandes obstáculo para entender lo que sucedio en Tlatelolco quedaron enterrados en el pasado. Ese honor correponde al gobierno actual de México, el cual se ha negado a dar información que pudiese aclarar todo lo que sucedio el 2 de Octubre de una vez por todas. Lo deshonesto y los esfuerzos incompletos del ex Presidente Vicente Fox para obligar a sus agencias a abrir los archivos e iniciar una investigación criminal, es agravado hoy en día por el gobierno del actual Presidente Felipe Calderón el cual obstruye la investigación entre los archivos preservados en el Archivo General de la Nación, en donde esforzarse a investigar es perderse en un hoyo negro de falta de documentación, aguantando al personal intransigente y prepotente.
Para marcar la solemne ocasión del aniversario de Tlatelolco, Archivos Abiertos ofrece la más completa información hasta la fecha de los archivos que existen acerca del 2 de Octubre, y lo que permanece escondido bajo resguardo. Es nuestra esperanza que los sobrevivientes de Tlatelolco, las familias de las víctimas, los historiadores, los periodistas y los investigadores de los derechos humanos utilizen esta información como guía para insistir en una versión completa y veraz de los acontecimientos de la masacre. Así - y sólo así - podamos llegar a un México verdaderamente abierto

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, se decretó el acuerdo presidencial, 27 de noviembre de 2001, mediante el cual se disponía de diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
Una de las disposiciones ordenó que la documentación en poder de las dependencias federales fuera transferida al Archivo General de la Nación (AGN) para atender la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que había documentado 532 casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos. A estas investigaciones se les daría seguimiento a través de una fiscalía especial dependiente de la Procuraduría General de la República.

En 2002 la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (OFEMOSPP), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, abrió sus puertas para integrar las averiguaciones previas de los casos investigados previamente por la CNDH. Tiempo después, Carrillo atrajo también las denuncias de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y los hechos del 10 de junio de 1971. Su misión era comprobar la responsabilidad de funcionarios, de todos los niveles (que ejercieron funciones en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta) en delitos en contra de personas vinculadas a grupos de oposición al gobierno mexicano de aquellos años.
Pero, ¿cuáles fueron las Secretarías de Estado que atendieron esta medida? ¿Cuáles no cumplieron y estaban obligadas? ¿Cuándo y en dónde se resguardó la documentación de aquellas que acataron el acuerdo? ¿Quiénes pueden tener acceso a estos documentos? ¿Quiénes se hicieron cargo de monitorear el total cumplimiento del mandado presidencial? Estas y muchas otras preguntas motivaron a The National Security Archive a realizar una exhaustiva investigación haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) para conocer los detalles del cumplimiento a la disposición presidencial y su vigencia actual.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB258/01-SEDENA.pdf


SEDENA (DOCUMENTO 1)

Former Mexican President Vicente Fox

Sólo algunas de las Secretarías de Estado atendieron el acuerdo de Fox. De las primeras en hacer entrega de parte de su archivo histórico fueron las Fuerzas Armadas. El 22 de enero de 2002, la SEDENA, mediante Acta de Transferencia, hace entrega de información generada desde 1965 hasta 1985.
“En la Ciudad de México, DF, siendo las dieciocho horas del día veintidós del mes de enero del año dos mil dos, en las instalaciones del Archivo General de la Nación, se precede a suscribir la presente acta de cumplimiento al acuerdo presidencial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2001. Mediante el cual dispone diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, con la representación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional el C. General de División EM Roberto Miranda Sánchez, Director General de Archivo e Historia y por parte de la Secretaría de Gobernación la C. Dra. Stella María González Cicero, Directora del Archivo General de la Nación…”
El documento termina asentando “Por lo anterior la Dirección del Archivo General de la Nación, custodiará y conservará el acervo documental que constituye la información que le es transferida en estricto acatamiento al Acuerdo Presidencial de mérito.” El acta consta de 9 fojas de las que se resume la siguiente cifra: Cajas 486, legajos 1,653 y un total de 150,713 hojas de 36 Zonas Militares de las 45 que actualmente existen.
La consulta de este fondo documental no tiene mayores restricciones que las señaladas por el área de referencia del AGN. Sin embargo, éste no cuenta con un índice temático completo que facilite la búsqueda de información, aunque el AGN en su Centro de Referencias tiene a disposición de los investigadores el que le entregó SEDENA.
Por otra parte, hemos identificado documentos que adjuntan anexos los cuales aportan información complementaria en las comunicaciones entre las áreas militares u otras dependencias. Realizamos una exhaustiva búsqueda tratando de ubicar estos anexos en la colección transferida al AGN sin éxito. Y haciendo uso del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del IFAI cuestionamos al respecto a la dependencia castrense, lamentablemente los funcionarios actuales del Archivo Histórico Militar desconocen el paradero de los anexos ya que categóricamente pronunciaron la inexistencia de esta información.

CISEN (DOCUMENTO 2)
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) envió a las instalaciones del ex Palacio de Lecumberri, en febrero de 2002, el fondo documental perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la información de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que se encontraban bajo su custodia desde 1947 hasta 1985.
El Acta entrega-recepción signada por el entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora y la directora del AGN Stella María González Cicero, contabilizaron 4223 cajas con un número aproximado de 58,302 (expedientes). Además se transfirieron de una serie de tarjetas, contabilizadas en aproximadamente 7 millones y que hacen posible la búsqueda de los documentos en sus expedientes, que no fueron especificadas en el acta de entrega.
También el acta de recepción omite detalles sobre la descripción y el formato de la información resguardada en la Galería No. 1. Sólo señala la procedencia de ésta. Cabe mencionar que las autoridades actuales del AGN aseguran que existen miles de imágenes en diversos tamaños, no obstante descartan por completo que la colección incluyera audiocintas o vídeos.
Para corroborar lo dicho por las autoridades hemos solicitado al CISEN y al AGN un cotejo entre la información resguardada y lo que realmente se trasladó mediante el acta de entrega. Esto debido a las contradicciones en que ambas dependencias han incurrido pues el CISEN manifiesta haber remitido al AGN todo los documentos y el AGN ha respondido que no llegó información en formatos de audio y video.
Sobre su acceso, cuando se trate de un personaje, la vía corta es una solicitud electrónica a través del SISI, en su modalidad de Versión Pública (VP). En los documentos que el AGN entrega en esta modalidad se testan (se suprime con cintos negros) los datos personales del individuo en cuestión. Cuando se desee consultar sobre un tema en particular es decir algún grupo armado, institución, dependencia, etc., lo recomendable es visitar la Galería No. 1 del AGN.
El AGN, desde 1998, ya tenía en resguardo un fondo documental perteneciente a la DGIPS, órgano que dependía de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) también extinta DFS reportaba a esta dependencia. Este fondo actualmente se ubican en la Galería No. 2 del archivo y cuenta con 3052 cajas de información. En este fondo está totalmente abierto al público y fue trasladado al AGN en otro momento y circunstancias. En parte de esta colección es posible consultar cerca de 500 cajas con copia de informes de la DFS de 1969 a 1976.

Secretaría de Relaciones Exteriores (DOCUMENTO 3)
Esta dependencia da respuesta al acuerdo presidencial el 14 de enero de 2002. Por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de la SER, la Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, manifiesta:
“En cumplimiento del citado Acuerdo y después de haberlo conversado con el titular de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, le transmito los citados expedientes en paquetes de 4 y 10 sobres cerrados, respectivamente, con el fin de que los mismos se integren al Archivo General de la Nación.”
Los citados paquetes no han sido posibles de localizar ni en la SER ni en el AGN, ignorándose pues el total de fojas, tipo de material y descripción de su contenido.
La Secretaría de Gobernación (DOCUMENTO 4)
El entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dio instrucciones a las Direcciones Generales a su cargo de enviar, a más tardar al 31 de enero de 2002, la documentación relativa al acuerdo presidencial.
Por su parte, el 16 de enero de 2002, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración informa: “…me permito transferir al Archivo General de la Nación un total de 15 expedientes originales pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y que contiene información presumiblemente relacionada con los hechos materia del citado Acuerdo Presidencial…”
Su lista no cuantifica el número de fojas o formato de la información, sólo precisa una breve descripción y algunas fechas. Por ello sabemos que la celda número 7 menciona un informe confidencial del año 1968 y la 13 refiere uno a los disturbios estudiantiles en el mes de julio en la Ciudad de México.
El comisionado finaliza comentando “… se carece de elementos para determinar cuales (expedientes) estarían vinculados con hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos humanos o probablemente constitutivos de delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos, por lo que desde luego, dicho acervo está a disposición de las instancias competentes que requieran consultarlo.”
A pesar de que este memorándum está dirigido a la entonces Directora Stella María González haciendo entrega del mismo, esta información no se encuentra disponible al público pues se desconoce su ubicación dentro del AGN.

Los que no acataron la disposición
Hubo direcciones generales dependientes de la SEGOB que no cumplieron el acuerdo argumentando no contar con expedientes que aportaran datos a las investigaciones. Por ejemplo, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informó lo siguiente el 22 de enero: “…esta Unidad Administrativa no cuenta con archivo documental de acuerdo a lo solicitado.” El memorándum lo firma el Director General, Fernando Tovar y de Teresa.

(DOCUMENTO 5)
La Dirección General de Asociaciones Religiosas, Dirección de Registro y Certificaciones refiere el titular, Guillermo Fuentes Maldonado, el 10 de enero de 2002: “Sobre el particular me permito informarle que en los archivos dependientes de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, no existen expedientes, documentos e información general que pudiera ser considerado como relevante para la investigación de los hechos del pasado.” (DOCUMENTO 6)
Entre las negativas que más afectaron el proceso de acopio sin duda fueron la hechas por el Estado Mayor Presidencial y la Procuraduría General de la República, pues estas dependencias fueron protagonistas de los hechos sus archivos en 1968 seguramente generaron pilas de información. Sus registros podrían resolver dudas que por años han dejado incompleta la verdad sobre su injerencia en el conflicto.
Además muchas otras como el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte no realizaron búsquedas en sus archivos para contribuir con la recopilación de expedientes relacionados a las investigaciones del pasado ni tuvieron siquiera la intención de transferir documentación solicitada. No son creíbles los argumentos de estas secretarías que dicen carecer de documentos que pudieran ayudar a descifrar algunas de las incógnitas que por años sólo se han quedado en especulaciones y otras ni siquiera se tomaron la molestia de responder al acuerdo.
Es importante señalar que el decreto presidencial incluía sólo dependencias federales. Sin embargo, para garantizar el buen cumplimiento de esta medida se debió incluir también dependencias del Gobierno del Distrito Federal, ya que en los registros del servicio forense, delegaciones, hospitales, corporaciones policíacas, departamento de limpia, panteones, etc. es posible obtener datos imprescindibles para la reconstrucción de los hechos.

Intentos fallidos de justicia y esclarecimiento
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las causas penales para resolver el caso del 2 de octubre de 1968 ya habían prescrito. Esta resolución prácticamente da por concluido el proceso judicial que se había iniciado en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio. Esto originó que se descalificara la actuación del ex fiscal Carrillo Prieto, ya que repetidamente se le señalaron las escasas probabilidades de enjuiciar al ex mandatario bajo el delito de genocidio, dejando en duda su capacidad de integrar correctamente la averiguación previa.
A 40 años de aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas, el caso aparentemente cerrado continúa siendo objeto de controversia. La demanda de justicia para quienes el 2 de octubre de 1968 perdieron a un ser querido o que purgaron un condena por delitos que no habían cometido sigue vigente más que nunca a pesar del dictamen de la Corte.
Muchos pensaron que de no concluir el caso en una sentencia jurídica promovida por la OFEMOSPP, por lo menos sería posible que su titular determinara, a través de un “Libro Blanco”, una sanción histórica a los funcionarios que reprendieron ferozmente la manifestación estudiantil pacífica. La tarea de esclarecer los hechos del 2 de octubre de 1968 sigue pendiente, pues ni el “Informe a la Sociedad Mexicana 2006” que elaboró el Fiscal Carrillo, al término de sus funciones, ni el informe elaborado por sus colaboradores del área histórica, “Que jamás vuelva a suceder” dio cabal respuesta a la sociedad mexicana.

La verdad bajo resguardo.
Uno de los problemas que denunciaron los integrantes del Comité 68, conformado en 1998 por el Congreso de la Unión (LVII Legislatura), fue la magra voluntad de las autoridades federales de esclarecer los hechos del 2 de octubre. Su desinterés y nulo apoyo se reflejó en los resultados obtenidos. La intención del Comité fue frustrada cuando solicitaron acceso a los archivos de las dependencias federales, pues éste fue restringido en la mayoría de los casos. Sin la documentación generada por las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez este trabajo no pasó de ser un mero anecdotario.
La OFEMOSPP tenía la ventaja del contar, previo a su creación, con un acuerdo que disponía otorgarle todas las facilidades para su indagación y aún así los resultados fueron cuestionados. ¿Qué sigue? ¿Una comisión de la verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la información trasladada al AGN está incompleta y que la propia fiscalía dejó al final de sus funciones miles de documentos en la bóveda se seguridad del AGN, lugar a donde van a parar los documentos que por alguna razón de suma delicadeza tienen que ser sacados de sus colecciones de origen. Dichos documentos no pueden ser consultados por los ciudadanos. Peor aún, la Unidad de Coordinación de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la República, la cual atrajo los casos sin resolver, continúa con esta practica de secretismo.

Existe un catálogo de 350 expedientes en reserva, todos ellos pertenecientes a información que Agentes de Ministerio Público de la Federación (AMPF), colaboradores de la OFEMOSPP y ahora de la Unidad de Investigaciones Especiales sacaron de sus fondos documentales impidiendo que investigadores de DDHH, abogados, periodistas, académicos o estudiantes puedan consultarlos.
De acuerdo con el índice proveído por el AGN, la práctica de ocultamiento se inicio en 2003. En una primera etapa los resguardos fueron decisión de Ministerios Públicos adscritos a la OFEMOSPP, los fechados después de noviembre de 2006 fueron designados a la unidad especial. Cada página en resguardo fue seleccionada según el criterio de los agentes con el argumento de servir como evidencia fundamental de una determinada averiguación previa.
La lista completa puede ser consultada en la página electrónica del AGN, ya que es obligación de toda dependencia contar con un Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) el cual debe ser actualizado periódicamente. En el rubro XII del POT del AGN, refiere la Información Relevante del archivo y en esta pestaña está incorporado el Índice de Expedientes Reservados, es decir toda aquella información que haya sido etiquetada como reservada.