URUGUAY TERRITORIO EN SUBASTA

Georgina Rodríguez (Revista América XXI / Adital)

Neocolonialismo: un tercio del territorio fértil de Uruguay ha ido a
parar a manos extranjeras. Los nuevos dueños de la tierra tratan de
controlar la totalidad de la cadena productiva. Traen un "paquete
tecnológico", más depredador del ambiente que el utilizado en su país
de origen, que aumenta la dependencia externa y provoca expulsión y
desarraigo. No generan empleo permanente ni calificado. Dos tercios del
comercio internacional se desarrollan entre empresas trasnacionales, y
la mitad se da en el seno de la misma empresa. Las transnacionales no
están obligadas a reinvertir en el país donde se instalan, con lo cual
atentan contra la humanidad y se desentienden de toda responsabilidad
social.

"Las penas son de nosotros, las tierras son ajenas", puede decirse de
la situación uruguaya parafraseando a don Atahualpa Yupanqui.

El último estudio realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca en febrero de 2008, indica que "desde el 1° de enero de 2000 al
31 de diciembre de 2007, un 30% de la superficie agropecuaria cambió de
dueño: 5.081 millones de hectáreas correspondientes a 16 departamentos
del país". "La neocolonización consiste en la ocupación de los
territorios para mantener una división internacional del trabajo que
eterniza el histórico papel del continente como proveedor de materias
primas o con poco valor agregado pero ahora regresando al saqueo
directo posibilitado por la ocupación económica", sostienen los
economistas Oscar Mañan y Ruben Elías, de la Red de Economistas de
Izquierda de Uruguay (Rediu).

En este escenario se inscriben los Tratados de Libre Comercio
promovidos por Estados Unidos como la Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa). "El plan Iirsa busca
unir a países y sectores productivos para vehiculizar los flujos de
comercio, las telecomunicaciones y la energía. Así se privilegia a los
complejos y las cadenas productivas con grandes economías de escala y
capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su
objetivo esencial es la extracción -rápida y económica- de nuestros
recursos naturales y la instalación de la llamada industria sucia",
explican los especialistas.

Atentado a la soberanía territorial

La neocolonización no sólo se traduce en la extranjerización o
arrendamiento del territorio nacional por parte de capitales
internacionales, sino también por la apertura de Zonas Francas,
territorios donde se instalan empresas exentas de impuestos y donde no
rigen las leyes laborales del país. Tal es el caso de Botnia, la planta
de celulosa finlandesa ubicada en la zona franca de Fray Bentos, que ha
generado y continúa provocando incidentes con Argentina.

Ya no se trata de exportar materias primas e importar productos
manufacturados como en los siglos pasados sino que ahora las empresas
extranjeras se instalan en territorios latinoamericanos y, utilizando
los recursos naturales de esos países, los transforman en manufactura
que se comercializa interna y exteriormente. La extranjerización de la
tierra ha provocado una acelerada desindustrialización: cada vez se
exportan más manufacturas de origen agropecuario y productos primarios
de escaso o nulo valor agregado. "Dentro de 15 años el país será
extranjero", sentencia el Movimiento en Defensa por la Tierra
(Monadet), organización que actualmente recoge firmas para agregar a la
Constitución un artículo que prohíba la venta de tierras a extranjeros.

La Red de Economistas de Izquierda demuestra que una gran proporción de
los campos son comprados por extranjeros: argentinos, brasileños,
europeos, estadounidenses y mexicanos. Algunos son grandes inversores
individuales, otros son grupos empresariales regionales o
internacionales. A su vez, grandes compañías forestales transnacionales
son protagonistas del mercado de tierras como Botnia, Ence y
Weyerhauser.

"La extranjerización es un atentado a la soberanía territorial", afirma
el ingeniero Julio Arizaga, integrante del Movimiento por la Tierra.
Arizaga agrega que miles de hectáreas fértiles, dedicadas hoy a la
forestación, reducen la producción cerealera. Además, la fiebre de la
soya acelera el monocultivo: el volumen de siembra soyera ya es igual
al de la agricultura tradicional. Los agricultores abandonan los
cultivos tradicionales para dedicarse a la soya, provocando una merma
en el stock alimentario. Por otra parte, al aumentar la demanda de la
tierra, no sólo aumentan los precios de la hectárea sino también el de
los alimentos y los productos agrícolas.

Desnacionalización del comercio exterior

A la venta o arrendamiento de tierras a capitales extranjeros se suma
la proliferación de Zonas Francas. En 1987, bajo la presidencia de
Julio María Sanguinetti, se aprobó la Ley que rige esta forma de
extraterritorialidad en favor de las inversiones privadas. Según la ley
se establecieron áreas para "promover inversiones, expandir las
exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e
incentivar la integración económica internacional".

La ley establece que los beneficiarios de las Zonas Francas "están
exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de
aquellos en que por ley se requiera exoneración específica respecto de
las actividades que se desarrollen en la misma". Dos décadas después,
la legislación sigue vigente: "El país sigue siendo exportador de
productos primarios y el volumen de ventas no ha tenido un aumento
considerable. Sí han crecido las exportaciones desde las Zonas Francas:
desde allí se exporta al mundo", explica el Rediu. En el primer
semestre de 2008, la Zona Franca de Nueva Palmira ocupó el segundo
puesto de las exportaciones nacionales. Este revelador dato demuestra
que si no se termina con las Zonas Francas, las transnacionales
monopolizarán el mercado exterior uruguayo.

Decálogo de las transnacionales

Así como las empresas transnacionales (ET) son el brazo del
neocolonialismo, la inversión extranjera directa (IED) es la llave que
abre las puertas para el usufructo de los recursos de un país. El
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República asegura que las empresas transnacionales
controlan el 38% de las ventas de las mayores empresas del país: "Su
participación en casi todos los sectores se ha incrementado, lo que
genera la desnacionalización del comercio exterior".

En este contexto, Mañan y Elías elaboran un decálogo de los pasos
seguidos por las empresas en el voraz saqueo de los recursos naturales:

Primero: tratan de controlar la totalidad de la cadena productiva,
desde la tenencia de la tierra hasta llegar a la venta directa en las
góndolas de los supermercados.
Segundo: las transnacionales traen un "paquete tecnológico", más
depredador del ambiente que el utilizado en su país de origen. Este
paquete aumenta la dependencia externa y provoca expulsión y desarraigo.
Tercero: no generan empleo permanente ni calificado.
Cuarto: la inversión extranjera directa no es positiva por sí misma
(aspecto también reconocido por la Cepal), pues resulta muy difícil
compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional con los intereses
de las empresas extranjeras.
Quinto: las transnacionales son parte de la arquitectura de la
globalización liberal y en su conjunción con las oligarquías nacionales
constituyen el poder político.
Sexto: estos emprendimientos se realizan luego de obtenidas las máximas
garantías para sus inversiones (Tratados de Libre Comercio) y las
facilidades otorgadas por el gobierno de turno (Zonas Francas,
exoneraciones impositivas), en detrimento de la mayoría de la población
y del saqueo de los recursos del país.
Séptimo: los conflictos de intereses no se resuelven en el marco
nacional sino en esferas internacionales como la Convención
Internacional de Acuerdos de Inversiones (Ciadi) que Uruguay firmó en
2000. Como consecuencia, se privatiza la justicia y se dota de
impunidad a las transnacionales.
Octavo: dos tercios del comercio internacional se desarrollan entre
empresas transnacionales, y la mitad se da en el seno de la misma
empresa (es lo que se conoce como "comercio intrafirma").
Noveno: las transnacionales no están obligadas a reinvertir en el país donde se instalan.
Décimo: atentan contra la humanidad y se desentienden de toda
responsabilidad social. Lideran el libre comercio y se oponen a
cualquier regulación de sus actividades en el planeta.

Para estos estudiosos "el modelo actual, lejos de estar desarticulado
de la economía doméstica, la mantiene de rehén. Las consecuencias son
desigualdad y pobreza para la mayor parte de la sociedad". La
apropiación de la tierra se transforma en el eje para la dominación:
quién tenga la tierra, determinará el uso de sus beneficios.

"La tierra para quien la trabaja"

"Exigimos definiciones en defensa de la soberanía y la puesta en marcha
de una política de expropiación de tierras", expresaron los
participantes del Primer Encuentro sobre Soberanía Alimentaria y
Afincamiento Territorial realizado en la localidad de Bella Unión a
principios de diciembre de 2008. Del evento, organizado por el
Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar y la Unión de Trabajadores
Asalariados Artigas, participaron organizaciones sociales y sindicales
de toda América Latina.

En las conclusiones y propuestas se destacaron los siguientes puntos:
instalar una Asamblea Constituyente para que el movimiento popular
proponga nuevas formas de representación institucional. Promover una
política de expropiación de tierras. Fortalecer, desde el Estado, el
proyecto sucro-alcoholero de Bella Unión a través de la empresa Alur
S.A. Definir la inserción del país sobre valores de cooperación,
complementariedad y solidaridad entre los pueblos de América Latina y
el Caribe y apoyar las luchas campesinas en Paraguay.

"La tierra para quien la trabaja" fue el principal lema del encuentro
que concibió al trabajador cañero "como un habitante del medio rural
donde lo que es zafral es el corte de la caña. Él y su familia deben
conformar una unidad asentada, estable, de vida digna en el
afincamiento y el desarrollo de las comunidades del campo".