INCONSTITUCIONAL "MA NON TROPPO"

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Ejecutivo responderá que ley de Caducidad es "inconstitucional"
Corte. Consulta acción de fiscal Guianze


LORELEY NICROSI

El presidente Tabaré Vázquez se apresta a responderle a la Suprema Corte de Justicia que para el gobierno la Ley de Caducidad es "inconstitucional". Resta saber qué opinión emitirá el Poder Legislativo.

La respuesta del Ejecutivo se debe a la acción de inconstitucionalidad que la fiscal Mirtha Guianze presentó contra algunos artículos de la Ley de Caducidad por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fallecida en 1974, quien se encontraba detenida en una unidad militar.

La Suprema Corte de Justicia decidió dar vista de la acción impulsada por Guianze al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.


"Para este Poder Ejecutivo la ley de Caducidad es inconstitucional", afirmó ayer Vázquez en el Consejo de Ministros, según dijeron a El País fuentes oficiales.

Agregó que esa será la respuesta que le dará a la Suprema Corte de Justicia, ante la consulta formulada por el máximo órgano del Poder Judicial por el recurso presentado en 2008 por Guianze.

Por su parte, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa subrayó en la reunión, que se realizó en la residencia de Suárez, que hasta la mañana de ayer el Poder Legislativo no había recibido ningún planteo de la Suprema Corte.

La consulta surgió ante la posición de la fiscal, que consideró que no era necesario que exista una contraparte en virtud de que el recurso es impulsado por la Fiscalía.

A su vez, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que debe responder ante los argumentos presentados en la acción, porque es el órgano que decide cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que son excluidos de la Ley de Caducidad.

"El proceso de inconstitucionalidad es contradictorio, y por tanto implica a dos partes, pero cuando es vía de acción hay que definir a quién puede afectar la acción, y en este caso pensamos que la contraparte son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", explicó días atrás a El País el presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux.

Añadió que el presidente de la Asamblea General deberá ser el encargado de responder la posición del Poder Legislativo a la Suprema Corte.
De acuerdo a Larrieux el caso será luego remitido nuevamente al fiscal de Corte, quien deberá opinar acerca de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad. Después, el expediente regresará a la Suprema Corte de Justicia para que los ministros emitan la sentencia. El proceso puede insumir varios meses.
Durante la sesión del Consejo de Ministros, Vázquez y varios integrantes del gabinete señalaron que más allá de la opinión del Poder Ejecutivo, la posición final sobre la constitucionalidad de la ley estará en manos del Poder Judicial.

La indagatoria por la muerte de Sabalsagaray fue amparada por la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.
Eso determinó que el juez penal Rolando Vomero, quien instruye la indagatoria junto con la fiscal Guianze, solamente pudiera indagar a varios civiles. Si la Suprema Corte de Justicia resuelve que la norma es inconstitucional, esa decisión permitirá juzgar a militares.

La recolección de firmas se mantiene
Independientemente de la posición del Poder Ejecutivo respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, los impulsores de la anulación de la norma proseguirán adelante con la campaña de recolección de firmas. El integrante de la comisión que impulsa la anulación de la ley, Carlos Coitiño, dijo a El País que la campaña de recolección de firmas se mantendrá hasta abril, oportunidad en que vence el plazo constitucional para promover la consulta popular. Más de 200 mil firmas lleva recolectadas la comisión. La intención de los promotores de la anulación es llegar a las 300 mil firmas en los próximos 60 días. Para lograr la convocatoria al plebiscito se requieren más de 250 mil firmas. Si bien la campaña de recolección se lanzó por parte de unos pocos sectores del Frente Amplio, el Pit-Cnt y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, los distintos grupos de la coalición de izquierda se volcaron de lleno, luego que el congreso de diciembre de 2007 del conglomerado resolvió promover la anulación de la ley.