COLOMBIA ||| FUI YO

El gobierno de Colombia finalmente asumió su responsabilidad en la
matanza de Pueblo Bello, en la cual 43 campesinos, incluyendo tres
niños, fueron torturados y asesinados por paramilitares de
ultraderecha. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en una
ceremonia: "en nombre del Estado de Colombia, reconozco ante ustedes,
los familiares de las víctimas, y ante la comunidad internacional y
nacional, la responsabilidad que le cabe al Estado". De esta forma se
cumple con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA que, en el 2006, consideró que: "Colombia no adoptó las medidas
de prevención suficientes" para evitar el accionar de los escuadrones
de la muerte. También cuestionó la impunidad en que han quedado esos
crímenes ante los tribunales.

Una vez más, quedó confirmada la connivencia del gobierno colombiano
con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) . En el
2008, el gobierno pidió perdón por 342 asesinatos cometidos por los
mercenarios en la región de Trujillo. Elodina Romero, en nombre de las
familias de los campesinos, agradeció el gesto del gobierno pero
reclamó ayuda para recuperar los cadáveres. "Que no haiga más
desaparecimientos y se acabe la impunidad y nos devuelvan los cadáveres
de nuestros seres queridos que no sabemos donde están", reclamó. En la
noche de 14 de enero de 1990 el grupo “Los Tangueros”, comandado por
Fidel Castaño, ingresó a Pueblo Bello, asesinó a seis pobladores y se
llevó a otros 37 que fueron torturados y luego ejecutados. Los
camiones de los paramilitares pasaron sin inconvenientes por dos
retenes militares, los cuales debían impedir el paso de vehículos
durante la noche. En la ceremonia, ordenada por el organismo
internacional, estuvieron presentes delegados de
dife
rentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) locales e internacionales.

REVOLVIENDO LA HERIDA ­ Las declaraciones y los gestos de funcionarios
colombianos no ayudan a mejorar las relaciones con Ecuador. Lejos de
ayudar a una mejor convivencia, el ministro de Defensa Juan Manuel
Santos, calificó el bombardeo en territorio ecuatoriano (ocurrido en
marzo de 2008), como “un acto de legítima defensa”. La afirmación
generó una crisis interna en el gobierno de Álvaro Uribe por los
problemas que acarrea. Pero el poder militar quedó de manifiesto cuando
el mandatario, si bien le pidió prudencia al funcionario en sus
declaraciones, lo confirmó en el cargo por lo que calificó de “exitosa”
tarea. Las declaraciones de Santos fueron interpretadas por el
presidente de Ecuador, Rafael Correa, y por el Gobierno de Venezuela,
como una “amenaza”. Correa pidió que el ministro colombiano comience
“por casa”, persiguiendo a los terroristas y narcotraficantes, y que
“no se meta con Ecuador”. El Gobierno de Hugo Chávez expresó su
“rechazo y suma preocupación” por esas a
firma
ciones de Santos. Agregó que son “una amenaza a la estabilidad y
soberanía de los países de la región”. El nuevo ministro de Defensa de
Venezuela, Ramón Carrizález, calificó a Santos como "un personaje
siniestro".

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