SILENCIOS

Walter Pernas (Brecha)



Murmullo, solo se escucha un tranquilo murmullo. Falta un rato todavía. Abrazos, muchos,
palabras también, de encuentro y reencuentro, de aliento, de esperanza. Se suman voces, el
murmullo se expande, crece, se eleva, se siente en el oído y en el vientre. Faltan aún
algunos minutos para el silencio. Llega el coche. De la caja blanca salen uno a uno, de
mano en mano, los desaparecidos. Como cada 20 de mayo, el murmullo se entrecorta.



Entre los miles es posible reconocer a aquellos que sienten esa primera y mezclada
emoción: angustia, indignación, solemnidad, rebeldía, dolor-clamor. Una emblemática cara
arrugada en la que parece no caber ni un pliegue más, queda rodeada de rostros tersos.
"Sin ellos, la lucha sería imposible ", agradece Luisa. Un hombre yace estirado, dormido
en lo alto de la plataforma sobre la que se van posando caras que ya no son, pero que
están. La imagen de ausencias se vuelve contradictoria. El hombre parece no escuchar.
Nadie lo molesta, él tampoco molesta. Sólo está durmiendo, inmóvil, ajeno, ido, solo.



Los mástiles de la dignidad pasan al frente, el cortejo se forma, las voces, miles,
callan. El silencio rompe los oídos. El hombre despierta, levanta su cabeza y mira desde
lo alto. Luego baja, y camina. Se confunde entre el resto de los caminantes. "En 2009
elegimos: verdad, justicia, memoria y nunca más." Con esta consiga por delante, parte la
marcha que recorre la avenida 18 de Julio. El silencio se levanta, algunos salen de sus
casas para sumarse, otros sólo la ven pasar, pero callan...



Benedetti sale de las esquinas, y acompaña a los caminantes hasta el final. En la plaza
Libertad empieza el Pasaje de los Derechos Humanos. No hay mejor lugar para exigir
justicia. Así lo hacen, miles y miles, en un estruendoso silencio. Pero esa expresión que
eligió la gente no es la apropiada en otros ámbitos, por ejemplo en el sistema político o
en el sistema de justicia, donde las voces, opiniones oficiales y resoluciones son
relevantes, en tanto la Constitución, leyes y convenciones internacionales ordenan a tales
actores velar por el ejercicio de los derechos humanos.



Unas 340 mil personas firmaron en silencio para habilitar el plebiscito a fin de anular la
ley de caducidad. Los líderes de los partidos tradicionales, y aun algunos dirigentes
frenteamplistas, dieron la espalda a la iniciativa. Pero al final, el Poder Ejecutivo y el
Legislativo -únicamente con los votos del Frente Amplio- se pronunciaron a favor de la
inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Y la mayoría de la izquierda dirigente se
plegó al llamado de la anulación, incluido el presidente Tabaré Vázquez.



En las últimas horas, en el sistema de justicia también se rompió un silencio que se había
vuelto ingrato para la lucha contra la impunidad. Luego de varias idas y vueltas, el
fiscal de Corte, Rafael Ubiría, dictaminó que la ley de caducidad es inconstitucional. El
magistrado opinó que la ley viola la Constitución y "diversos instrumentos de derecho
internacional, relativos a derechos humanos ", por cuanto aconseja a la Suprema Corte de
Justicia (SO) "declarar" la inconstitucionalidad de la norma.



Ubiría apuntó que la ley fue aprobada en 1986 bajo la presión y ante la crisis
institucional generada por "los mandos militares de la época, quienes se negaban a
comparecer a los estrados judiciales a declarar por eventuales ilícitos cometidos, y
estaban dispuestos a 'desacatar' las órdenes del Poder Judicial, y aun del Poder Ejecutivo
".



"¿Se puede acaso sostener que los legisladores de la época tuvieron entonces 'libertad
plena' para elegir otro camino?", se preguntó el fiscal. Sostuvo, además, que la de
caducidad no es una ley de amnistía: el Poder Legislativo "puede conceder indultos v
acordar amnistías", pero "no puede por vía legislativa hacer caducar la acción punitiva
del Estado", y el Ejecutivo tampoco tiene "la posibilidad de cercenar, limitar y menos
decidir sobre el ejercicio de la acción punitiva del Estado".



La ley de caducidad otorga al Ejecutivo la facultad de decidir sobre la continuidad o
clausura de una investigación judicial por violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura. "Esto supone una injerencia indebida, no permitida por la Constitución, de un
poder del Estado (el Ejecutivo) en asuntos que son de plena y absoluta competencia de otro
poder de igual rango, como lo es el Poder Judicial. Se viola el principio de separación de
poderes", enfatizó el fiscal de Corte.



Argumentó también que las convenciones de derechos humanos firmadas por Uruguay forman
parte del derecho interno, porque así lo prevé el artículo 72 de la Constitución. Para el
magistrado, el sistema judicial debe aplicar directamente el "derecho de origen
internacional", y como éste se opone a la ley de caducidad, ésta ya no debería aplicarse.



Ahora le toca el turno a la SCJ. Si declara que la norma es inconstitucional -algo
previsible, en este escenario-, la resolución servirá para que la investigación sobre el
asesinato de Nibia Sabalsagaray (en 1974) siga adelante. Así, se desatará una ola de
demandas del mismo tenor ante el máximo órgano judicial. Paralelamente, la declaración de
inconstitucionalidad de la SCJ se transformaría en un verdadero espaldarazo para el
plebiscito del próximo 25 de octubre. Ese día se sabrá cuan despierta, activa y presente
está la ciudadanía uruguaya para defender sus derechos.