ESCUADRÓN DE LA MUERTE

LA JUSTICIA ARGENTINA ACCEDIÓ, EN 1ª INSTANCIA, A EXTRADICIÓN DE BARDESIO

Fabián Kovacic (Brecha)



Rotundas y contundentes pruebas.



El secreto de sumario y las chicarías de la defensa mantuvieron oculta la autorización de
extradición a Uruguay de Nelson Bardesio, un trámite iniciado el 25 de julio de 2008. Esta
semana, fuentes de la Corte Suprema argentina reconocieron a Brecha que la habilitación
definitiva ya está en manos de los siete jueces máximos argentinos.



El Juez Federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, accedió en diciembre último al pedido
de la jueza uruguaya Graciela Eustachio y firmó la extradición del detenido Nelson
Bardesio, a casi seis meses de su captura por miembros de Interpol en su domicilio de la
localidad de Ituzaingó. Para el juez argentino, los cargos contra Bardesio por delitos de
lesa humanidad "son rotundos y contundentes" y no dan lugar a chicanas, según manifestaron
a Brecha fuentes de la justicia federal.



El 15 de agosto de 2008 el juez Rodríguez tomó declaración a Bardesio, iniciando la
primera etapa del juicio de extradición. Si hubiera aceptado su responsabilidad en los
delitos imputados por la justicia uruguaya, Bardesio habría sido trasladado inmediatamente
a Montevideo. Como eso no ocurrió, el juez Rodríguez analizó el pedido de la jueza
Eustachio en relación con los casos imputados al Escuadrón de la Muerte, es decir, las
desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, y los asesinatos de íbero Gutiérrez y
Manuel Ramos Filipini. "La única duda que se presentó al juez fue en el caso Castagnetto,
por lo cual se le solicitó a Eustachio que confirmara si el caso gozaba del estatus de
'delito imprescriptible'. En pocos días se recibió como respuesta que el caso no está
prescripto y el juez Rodríguez no dudó en conceder la extradición. No había mucho que
discutir ni analizar", sostienen las fuentes del juzgado.



La defensa de Bardesio está representada por el abogado Aldo Spicacci (del estudio
Citarilla Spicacci), quien a su vez contrató al especialista en trámites de extradición
Óscar Aguirre. Se trata de un viejo conocido de la justicia federal, donde actuó como
secretario del juez Jorge Urso desde 1998, cuando el magistrado llevaba la causa del Plan
Cóndor y otras conexas con crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Sin
embargo, en 2002, una acusación por pedido de sobornos en el juzgado de Urso eyectó a
Aguirre -el fusible más sensible- del despacho y del cargo judicial. Desde entonces
regresó a la actividad privada.



El 25 de julio último a media mañana, mientras Brecha esperaba el desenlace de la
detención en la puerta de su casa e Interpol entregaba la orden de detención, Bardesio
hizo dos llamados telefónicos. El primero hacia las 11 de la mañana a la embajada
estadounidense en Buenos Aires, y el segundo, 15 minutos después, al abogado
Aguirre -quien terminó contratado por el estudio Citarilla Spicacci-, con sólidos vínculos
y relaciones con la Embajada de Estados Unidos. Desde ese momento, la causa fue llevada
por Aguirre hasta octubre, cuando el juicio por la extradición llegaba a su fin. "En el
momento que la jueza Eustachio confirmó que los delitos eran imprescriptibles creo que
todos, el juez y yo, nos dimos cuenta de que no había más que hacer y Bardesio debía ser
juzgado en Uruguay. Por eso me aparté del caso ", confesó Aguirre a Brecha.



Sin embargo, la defensa de Bardesio ya en manos solamente de Aldo Spicacci apeló la
decisión judicial y el caso terminó en los últimos días del año pasado en manos de la
Corte Suprema de Justicia, que desde entonces tiene en estudio el expediente. Ahora, en
pleno período electoral, será imposible que los jueces supremos atiendan el caso antes de
la fecha de los comicios legislativos del 28 de junio, a raíz de la lista de impugnaciones
a los candidatos del oficialismo kirchnerista por parte de la oposición. Las fuentes
consultadas por Brecha en la justicia federal y entre organismos de derechos humanos
coinciden en que el caso Bardesio terminará por ser juzgado en Uruguay, "especialmente
porque los jueces de esta Corte han demostrado independencia y celeridad en los casos de
crímenes de lesa humanidad". Sin embargo, el tiempo pasa y la impunidad persiste.