MEXICO, EN PIE DE GUERRA CON ARIZONA

CIUDAD DE MEXICO.- La polémica por la dura ley de inmigración aprobada el viernes pasado en Arizona adquirió ayer nuevas dimensiones de consecuencias impredecibles, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, advirtió que no piensa quedarse de brazos cruzados y que utilizará "todos los recursos a su alcance para defender los derechos de todos los mexicanos que se vean perjudicados por esta legislación".
Con unos 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mitad de ellos indocumentados, México se posicionó así como el principal frente de batalla contra la controvertida ley del estado fronterizo de Arizona, donde se calcula que residen unos 460.000 inmigrantes ilegales.
"Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley", señaló Calderón. Y agregó: "No puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando estas políticas atentan contra los derechos humanos".
La ley SB-1070, firmada el viernes por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, autoriza a la policía a detener, sin importar que se cometa delito o infracción alguna, a cualquier persona en caso de que exista una "duda razonable" sobre su estancia legal en el país. Los inmigrantes que no puedan proporcionar papeles migratorios válidos, además, podrán ser encarcelados hasta por seis meses y obligados a pagar una multa de 2500 dólares.
Mientras los detractores de la ley afirman que ésta institucionaliza el delito de la apariencia racial, la gobernadora Brewer argumenta que es una forma de defenderse de la violencia de los carteles de la droga en México, que ha causado más de 22.700 muertos desde diciembre de 2006 y que ya repercute del otro lado de la frontera.
Durante una reunión con representantes del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Calderón también prometió que en su próximo viaje oficial a Washington, previsto para mayo, discutirá el tema con el presidente Barack Obama, quien, en sintonía con su par mexicano, calificó anteayer la ley de "irresponsable" e instruyó al Departamento de Justicia a examinar si viola los derechos civiles.
Calderón, además, calificó la ley de "oportunista, impulsada por una coyuntura claramente electoral", en referencia a los comicios para el Senado estadounidense que se celebrarán en noviembre, y advirtió que "los lazos de amistad, de comercio, de turismo, culturales, entre México y Arizona se ven seriamente afectados" por la iniciativa, que entraría en vigor en julio o agosto. Bloqueo económico
En una primera muestra de las consecuencias que podría acarrear la nueva normativa, diputados mexicanos de todos los partidos exhortaron a comerciantes, transportistas y pobladores de la zona fronteriza con Arizona a iniciar un boicot comercial que "asfixie" la economía de ese estado.
"Respaldamos desde el Congreso cualquier boicot comercial y de transporte que realicen comerciantes y ciudadanos contra esta nefasta ley antiinmigratoria", afirmó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Oscar Martín Arce.
Su pedido no se hizo esperar: ayer, decenas de camioneros independientes de México, que es el principal mercado de Arizona en el extranjero, acordaron no trasladar ni recoger cargas desde y hacia ese estado, en protesta por la ley de Brewer, considerada la más dura en Estados Unidos contra los indocumentados.
El líder nacional del PAN, César Nava, por su parte, exhortó a todos los ciudadanos mexicanos a abstenerse de visitar Arizona y opinó que a Estados Unidos debería llenarse de "vergüenza" por aprobar legislaciones "de odio racial".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se sumó también a la ola de rechazo contra la normativa: "Esta ley hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases para una discriminación racial que consideramos inaceptable", afirmó.