El pueblo contra los banqueros: Hoy Grecia, mañana USA!!!!??

El pueblo contra los banqueros
Hoy Grecia, mañana Estados Unidos


Los "lobistas" financieros de Estados Unidos están tratando de utilizar la crisis griega como argumento para presionar a favor de un recorte del gasto público en la Seguridad Social y el programa Medicare. Es precisamente lo contrario de lo que están pidiendo los manifestantes griegos: que se suban los impuestos sobre el patrimonio y las actividades financieras y se reduzcan los que gravan la actividad laboral, y que se atiendan las reclamaciones de los trabajadores de dar prioridad financiera a las pensiones de jubilación sobre las peticiones de ayuda de los bancos de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en préstamos basura que hoy no valen nada.

Llamemos al “rescate griego” por su nombre: un programa de rescate de activos en situación de riesgo de banqueros alemanes y de otros países europeos, así como de especuladores de todo el mundo. El dinero procede de otros Estados (principalmente del Tesoro alemán, con el consiguiente recorte del gasto interno en este país), los cuales han abierto una especie de cuenta corriente para que el Estado griego pueda pagar a los tenedores de bonos del país que los habían comprado a precios de saldo durante las últimas semanas. Éstos habrán hecho el negocio de su vida; y de igual modo se forrarán los compradores de cientos de miles de millones de dólares en títulos de cobertura por riesgos crediticios contra los bonos del Estado griego, así como los especuladores y los distintos jugadores del capitalismo de casino que hayan contratado seguros contra otros bonos europeos. (A su vez, quienes tengan que abonar estos seguros por riesgos crediticios van a necesitar que alguien les rescate, y así sucesivamente).

Esta ganancia inesperada va a salir del bolsillo de los contribuyentes (a la larga, de los ciudadanos griegos, y básicamente de los trabajadores griegos, puesto que los más ricos disfrutan de una fiscalidad muy favorable), que van a tener que devolver el préstamo otorgado por los Estados europeos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadounidense en punto a mitigar los efectos del sistema financiero depredador. El pago a los tenedores de bonos se está utilizando como excusa para recortar drásticamente los servicios públicos, las pensiones de jubilación y otros gastos del Estado griego. Sin duda constituirá un modelo a seguir para otros países que querrán imponer medidas similares de ajusto económica, a la vista del crecimiento de los déficits públicos que van de mal en peor por la disminución de la recaudación fiscal sobre un sector financiero que se ha enriquecido gracias a que la economía basura se ha trocado en política pública internacional. De modo que los banqueros apenas van a ver truncadas sus expectativas de ganancias para este año. Y para cuando el sistema entre quiebra ellos ya habrán invertido su dinero en activos seguros.

Los "lobistas" de la banca ya saben que el juego financiero ha llegado a su fin. Ahora están jugando a corto plazo. El objetivo del sector financiero es conseguir la mayor cantidad posible del dinero procedente del rescate y salir corriendo, con unos beneficios anuales lo suficientemente grandes como para poder exhibirlos de modo arrogante ante el resto de la sociedad cuando haya que empezar de cero nuevamente. Que se gaste menos en programas sociales significará que habrá más recursos disponibles para el rescate de los bancos, los cuales tienen deudas carentes de garantías que crecen exponencialmente y de las que jamás podrán hacerse cargo. Es inevitable que en una situación de quiebra bancaria los préstamos y las deudas acaben figurando en los libros contables como impagados.

Los trabajadores griegos aún no son tan pesimistas como para dejar de luchar. Su lucha permite esperar que el pueblo ejerza algún control sobre el Estado (algo que son incapaces de entender sus homónimos estadounidenses). Si los trabajadores –el demos– flaquean en su espíritu combativo, el poder público acabará permitiendo que sean los prestamistas extranjeros los que, por defecto, dicten la política pública a seguir. Y cuanto más se satisfagan los intereses de los banqueros más endeudada va a acabar la economía. Sus beneficios provienen de los sacrificios y la austeridad del propio país. Los recursos previstos para las pensiones de jubilación y para el gasto social estatal de Grecia van a servir ahora para reponer fondos en los bancos de capital alemanes y de otros países europeos.

Esta forma de entender el mundo ya había tenido su expresión en la periferia europea más septentrional, en la que se ha aplicado el tipo de masoquismo fiscal que los bancos desearían ver en Grecia. Si reconocieran lo que de veras les ocurrió, los Estados bálticos estarían a la vez celosos y resentidos al ver cómo Grecia trata de salvar su economía, comparado con la situación que ellos vivieron de completa incapacidad para plantar cara a las arrogantes demandas de los países acreedores. “Visto desde el extremo más oriental de la Unión Europea, la senda de austeridad a la que se dirige Grecia nos suena a algo familiar”, escribe Nina Kolyako. “Durante al menos dos años los Estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia han recurrido reiteradamente a la aplicación de medidas draconianas, recortando severamente el gasto público y aumentando los impuestos para tratar de salir del agujero por sí mismos. El primer ministro lituano Andrius Kubilius ha declarado en una reciente entrevista a la agencia AFP: ‘Hemos aprendido de dolor, dificultad y eficacia la lección de que hay que prestar mucha atención a la situación fiscal de un país. Comprendimos muy bien que la vía de la consolidación fiscal era la única posible si queríamos sobrevivir’”.

Al caer en un clásico síndrome de Estocolmo (literalmente, en este caso, en relación con los bancos suecos), el gobierno lituano se apretó el cinturón de un modo tan brutal que provocó que su Producto Interior Bruto disminuyera un 17 por ciento. Letonia sufrió una caída parecida. Los bálticos han recortado salvajemente el empleo y los salarios del sector público para acabar hundiéndose en la pobreza en vez de conseguir acercarse a los niveles de prosperidad de la Europa occidental (y a una fiscalidad progresiva que promoviera una clase media) que les prometieron cuando se independizaron de Rusia en 1991.

Cuando el Parlamento letón impuso medidas de ajuste en diciembre de 2008, las protestas populares de enero hicieron caer al gobierno (al igual que ocurriera en Islandia). Pero el resultado fue simplemente el de un nuevo “régimen de ocupación” neoliberal que actuó al dictado de intereses bancarios extranjeros. De modo que lo que se va extendiendo es una “guerra social” a escala global; no es la guerra de clases imaginada en el siglo XIX, sino una guerra del sector financiero contra economías enteras, contra la industria, contra los bienes raíces y los Estados, y sobre todo contra los trabajadores. Está ocurriendo al ritmo lento en el que suelen producirse las grandes transiciones históricas. Pero, al igual que ocurre en los conflictos bélicos, cada batalla se nos aparece como algo que se desarrolla a un ritmo frenético y en la que las embestidas salvajes provocan fluctuaciones rápidas y desconcertantes en las bolsas de todo el mundo y en los tipos de cambio monetarios.

Todas éstas son noticias realmente buenas para los que negocian valores por vía telemática. En estos días en los que los mercados financieros han sido zarandeados en todas direcciones por las enormes oleadas de crédito generadas por las tormentas generalizadas en un planeta financieramente sobrecalentado, en promedio los valores y las obligaciones sólo se han mantenido unos pocos segundos en las mismas manos.

Lo que sigue: la distopía económica

La crisis griega muestra cuánto ha cambiado la “idea de Europa” desde que en 1957 seis de sus miembros crearan la Comunidad Económica Europea (CEE). A instancias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Escandinavia se creó la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), supuestamente rival de la CEE. Recuérdese que la principal promesa del proyecto europeo –al menos antes de Maastricht y Lisboa– era la de conseguir que los trabajadores alcanzaran la prosperidad de la clase media; nada que ver con la imposición actual de programas de ajuste propios del FMI que han devastado a los países del Tercer Mundo. El mensaje lanzado a los países endeudados está claro: “Moríos”. Y, con el fin de apuntalar el Consenso de Washington –la guerra de clases del sector financiero contra los trabajadores y la industria–, estos países obedientemente se suicidan económicamente.

Se está transfiriendo el poder político, social, fiscal y económico al aparato burocrático de la Unión Europea y a sus controladores financieros del Banco Central Europeo (BCE), así como al FMI, cuyos planes de ajuste estructural contra los trabajadores abocan a los gobiernos a liquidar el dominio público, la riqueza del suelo y del subsuelo y las empresas públicas, y a comprometerse a aplicar futuros gravámenes que permitan saldar las deudas contraídas con los países acreedores. Desde el otoño de 2008, ya se ha impuesto esta política en la “nueva Europa” (las economías postsoviéticas e Islandia). Ahora se va a exigir su aplicación en Portugal, Irlanda, Italia, Gracia y España. ¡Que a nadie le extrañe si surgen protestas por doquier!

Para aquellos observadores que no prestaron suficiente atención a lo ocurrido en Islandia y Letonia el pasado año, es bueno que sepan que Grecia es el nuevo y más importante campo de batalla de nuestros días. Islandia y los países bálticos al menos tienen la opción de redenominar los créditos en su propia moneda, realizar los apuntes de sus deudas exteriores según su criterio y gravar fiscalmente la propiedad para recuperar para el Estado los beneficios que se les habían prometido a los banqueros extranjeros. Pero Grecia está encerrada en la unión monetaria europea, la cual está gobernada por cargos financieros no elegidos mediante voto popular y que han invertido el significado histórico de la democracia. En lugar de que el sector económico más importante –el financiero– esté sujeto a la política electoralmente legitimada, los bancos centrales (los "lobistas" nombrados por los banqueros comerciales y de inversión) se han independizado de los controles políticos.

Los más derechistas de Europa y Estados Unidos (como el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke) llaman a esto un “hito de la democracia”. Más bien se trata de un jalón de la oligarquía, que ha conseguido eliminar el control sobre la asignación del crédito en la economía –y, en el mismo viaje, la capacidad de planificación pública futura–, a la vez que ha otorgado a las grandes finanzas un poder determinante sobre los programas de gasto público.

Islandia, Letonia y Grecia constituyen las primeras salvas de aviso en el proyecto de involución del gran programa de reforma democrática del siglo XIX y de la Era Progresista: fiscalidad sobre la tierra y sobre la “revalorización sin esfuerzo alguno por parte del propietario” de los beneficios procedentes de los bienes raíces, los bonos y la renta variable, así como la subordinación del sector financiero a las necesidades de un crecimiento económico gobernado democráticamente. Esta doctrina tuvo su continuación en la etapa posterior a 1945, con una la fiscalidad progresiva que permitió ver los mayores incrementos del nivel de vida y de la actividad económica en todo el siglo XX. Pero desde 1980 la mayoría de países han modificado radicalmente su senda fiscal. Los recaudadores fiscales “liberaron” los ingresos de sus obligaciones públicas a partir de la idea de que así se facilitaría que los bancos concedieran más créditos, lo que a su vez permitiría aumentar la liquidez para facilitar la adquisición de propiedades.

Las casas, los edificios de oficinas y las empresas tienen un valor ligado a la disposición de los bancos a prestar dinero. De modo que las gentes en general (y los salteadores empresariales en particular) han reaccionado a la política de revisión fiscal pro financiera solicitando créditos para comprar casas (y empresas), a menudo yendo más allá de sus posibilidades. Y para pagar la deuda pública resultante del incremento de la inflación y de la ruina financiera que han causado los recortes en los impuestos sobre el patrimonio, la solución ha consistido en aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores. Ésta es la causa de la deuda pública de los países. Los Estados se han endeudado como resultado de disminuir las cargar impositivas sobre los más ricos, no sólo sobre los bienes inmuebles.

Al haber seguido la misma línea de los países occidentales de rebajar la fiscalidad sobre el patrimonio y de aumentar la carga sobre los trabajadores durante los últimos decenios, el gobierno griego no puede o no quiere aumentar los impuestos a los ricos, ni siquiera a los profesionales liberales acomodados. Pero los neoliberales acusan al Estado griego y a los demás países deudores de no haber vendido suficientes empresas y suelo públicos para cubrir las deudas. La deducción de impuestos sobre los intereses ha hecho que las privatizaciones realizadas a crédito estén exentas de tributación, de modo que los Estados perderán el derecho a las compensaciones que recibían por el uso de sus bienes (a la vez que los ciudadanos pagarán “peajes” más caros para acceder a los servicios públicos).

Al igual que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, los griegos han emitido bonos para financiar el déficit resultante de estas rebajas fiscales. Los compradores de los bonos (principalmente bancos alemanes) exigen que los trabajadores griegos (y ahora también los contribuyentes alemanes) paguen de sus bolsillos los déficits originados por los recortes impositivos. El resultado es que los bancos, y demás tenedores de bonos, alemanes y de otros países europeos cobrarán lo que se les debe a costa de la aplicación de drásticos recortes en las pensiones y en los gastos sociales (e incluso mediante una mayor privatización de bienes públicos, malvendidos éstos a unos precios subordinados a una necesidad acuciante).

Las protestas callejeras ocurridas en Grecia han estallado porque los trabajadores han entendido algo que va más allá de la percepción de cierto periodismo que trata el asunto como una confrontación episódica. Los salarios reales hace tiempo que han disminuido (en Estados Unidos se frenaron en seco alrededor de 1979). El acceso de muchos ciudadanos a la propiedad inmobiliaria sólo ha sido posible mediante la aceptación de créditos hipotecarios vitalicios. Y las economías postsoviéticas conquistaron su libertad política de Rusia al precio de ser hoy insolventes, dependiendo por completo de los dictados del FMI y la Unión Europea en punto a obtener créditos que les permitan hacer frente a las deudas contraídas con banqueros extranjeros, que a su vez han impuesto fuertes cargas crediticias sobre sus viviendas, empresas públicas, industria y familias.

Los tenedores de bonos y los especuladores financieros se han confabulado para exigir el apoyo de la Unión Europea, el FMI y Estados Unidos para la rápida obtención de los beneficios que consideran que les corresponden antes de que se colapse la competición financiera. La apropiación rapaz puede realizarse con más rapidez mediante la política de adelgazamiento de las economías a través de la fórmula de los planes de ajuste del FMI. El desempleo aumenta a la misma velocidad con la que las economías se endeudan (y el asunto importante no es sólo que todo ello lleve a una disminución de los ingresos fiscales de cada país, sino que la deuda extranjera provoca un aumento de la dependencia de las importaciones).

Los acreedores reciben lo que se les debe permitiendo que se apropien del excedente económico; esta apropiación puede tomar la forma de endeudamiento por nuevas inversiones de capital, inversión en infraestructuras, gasto público social y aumento de los niveles de vida. Económicamente, la asonada griega es una revuelta contra esta política de sacrificar la prosperidad para pagar a los acreedores extranjeros.

En lo político, la lucha consiste en salvar a Grecia de convertirse en un anti-Estado. La definición clásica de “Estado” se fundamenta en la capacidad del mismo para fijar impuestos y emitir moneda. Pero Grecia ha traspasado su autoridad fiscal a la Unión Europea y al FMI, los cuales han acusado al país de violar aquéllo que los teóricos políticos establecen como el primer mandato de cualquier Estado: actuar a favor del interés nacional a largo plazo. El Gobierno griego se conduce a las órdenes del capital bancario y, de hecho, actúa siguiendo la pauta de terceros Estados que le obligan a liquidar activos, lo cual no redunda precisamente en una promoción del crecimiento a largo plazo.

Lo que realmente está en cuestión aquí es si en el momento de recoger los beneficios del crecimiento económico los países estarán gobernados por los acreedores o lo estarán por la voluntad popular. El embate oligárquico de los créditos del FMI y la Unión Europea destinados a rescatar a los bancos extranjeros y a los especuladores tenedores de bonos a costa de los trabajadores griegos (los supuestos futuros contribuyentes) tienen como objetivo que sean precisamente los trabajadores, y no el capital financiero, quienes tengan que hacer frente a las pérdidas por las atrasos del Gobierno en el pago de la deuda a causa de la reducción de los impuestos que gravaban la riqueza. Se trata de permitir que los bancos extranjeros eviten tener que pagar el precio de aparecer como protagonistas en la operación de vaciado del mercado interior. Se pretende apartar la política gubernamental de las manos de los votantes y subordinarla al FMI y la Unión Europea, que a su vez actúan como instrumentos del sistema financiero internacional.

Esto lleva a una situación en la que ni Grecia ni la Comisión Europea son propiamente “estados” o “gobiernos” en el sentido político tradicional. Las burocracias de la Unión Europea y del FMI no pasan la prueba de una elección popular. Cuando sus planes financieros al dictado de terceros alcancen el éxito que ellos pretenden, el capital económico habrá sido irremisiblemente saqueado y la democracia social se desmoronará.

El pasado domingo 9 de mayo los votantes alemanes expresaron su irritación por el papel jugado por su Gobierno en el rescate de los bancos alemanes (calificado con el eufemismo de rescate de “Grecia”) a costa de los contribuyentes alemanes; el Banco Central Europeo (BCE) no se ocupa de velar para que haya una moneda europea independiente, sino de pasar factura a los gobiernos estatales. Los socialdemócratas (SPD) superaron al partido de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel en el land de Renania del Norte-Westfalia. Al obtener sólo un tercio de los votos –algo menos que los socialdemócratas (y diez puntos porcentuales por debajo de la anterior elección, cuatro de los cuales correspondieron a la semana en la que la señora Merkel propuso el paquete de rescate)–, la CDU perdió su mayoría en la Cámara Alta alemana.

Puede que muchos votantes alemanes se preguntaran si penalizar a los pobres para pagar a unos ricos que practican la usura era algo tan “cristiano” como pregonan las siglas del partido de la canciller. O puede que estuvieran seriamente preocupados por el hecho de que la hacienda pública alemana deba aportar cerca de 30.000 millones de dólares de su parte del rescate a los banqueros (se calla por sabido que no todo el mundo en Alemania siente aprecio por ellos, aunque sean alemanes). Y no cabe duda de que algunos ciudadanos cayeron en la cuenta de que se trataba de una jugada consistente en un engaño financiero perpetrado por obedientes políticos a las órdenes del sector bancario.

El engaño

Los "lobistas" financieros europeos sacaron provecho de la crisis al tomarla como una oportunidad para promover una extensa serie de rescates. La Unión Europea aprobó una ampliación de 60.000 millones de euros de las facilidades de crédito para bancos suecos y austriacos, unas disposiciones que ya estaban habilitadas para ayudar a que Hungría, Rumanía y Letonia pudieran seguir al corriente de los pagos de las deudas contraídas con bancos, precisamente, austriacos y suecos. Para sortear la norma que prohíbe los rescates en la eurozona, este rescate especial se basa en el artículo 122.2 del Tratado de la Unión Europea, el cual permite el otorgamiento de préstamos a los Estados en “circunstancias especiales” [1].

Si consideramos que la señora Merkel conoce bien la situación de las economías de las que hemos hablado, entonces no tenemos más remedio que acusarla de haber mentido descaradamente. El problema de la deuda báltica es crónico y estructural, no “excepcional”. La señora Merkel también debe saber que está actuando de forma engañosa al pretender ayudar a Letonia mediante la extensión de los créditos que la Unión Europea limita explícitamente al apoyo del tipo cambio del lats, y en cambio los prohíbe para fomentar el desarrollo económico interno de los países. Las divisas van destinadas a cubrir el coste que los letones deben soportar por pagar en euros las hipotecas contratadas con los bancos suecos, así como para ayudar a los consumidores letones a comprar comida y productos manufacturados que los Estados de la Unión Europea subsidian, a la vez que someten a los letones a un estado de dependencia económica y financiera.

De esta manera, lo que se consigue es victimizar a Letonia, no ayudarla. Se trata de permitir que los bancos suecos ganen algo más de tiempo para seguir cobrando las liquidaciones de créditos que es obvio que en condiciones normales acabarían impagados. Las divisas dedicadas a facilitar el pago de deudas privadas a bancos extranjeros se convierten así en deuda nacional que recaerá sobre los contribuyentes letones. Esta forma de crédito de la Unión Europea es una expresión descarnada de neocolonialismo.

¿Permitirá hacer algo el tardío trasvase de votos de los ciudadanos alemanes hacia la coalición rojiverde del SPD con los partidos Verde y de la Izquierda? Probablemente no. El presidente griego Papandreu ha sido un colaborador necesario con lo sucedido a pesar de liderar la Internacional Socialista. De modo que ahora la cuestión es saber si Grecia es víctima de un jaque mate y está irremisiblemente destinada a detenerse a ver cómo el gasto público, las pensiones, la sanidad, la educación y el nivel de vida sufren un deterioro parecido al que han vivido los bálticos. Éstos se han convertido en un experimento de la planificación centralizada neoliberal. Si son un ejemplo de lo que nos deparará el futuro, entonces el mundo pronto verá una oleada de emigración griega parecida a la ocurrida en los países bálticos.

Evidentemente, esto es lo que anticiparon los mercados bursátiles de todo el mundo cuando en la mañana del lunes dispararon sus cotizaciones ante el anuncio europeo de un fondo para rescates de 750.000 millones de euros. Lo que verdaderamente se garantizó con esa acción fue el principio de que para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías. Pero no cabe duda de que la batalla no ha terminado. Esta situación persistirá durante toda la presente década, puesto que el actual proceso consiste básicamente en una involución de las luchas de los siglos XIX y XX por substituir el poder omnímodo de la propiedad privada oligopólica y los intereses financieros por principios de fiscalidad progresiva y empresa pública.

¿Es en esto en lo que supuestamente la civilización occidental ejercía su liderazgo? Enfrentados a los Parlamentos controlados por la aristocracia, los reformistas del siglo XIX trataron de tomar el poder para implantar principios democráticos. La economía política clásica consistió básicamente en un programa de reforma destinado a gravar fiscalmente los beneficios privados de las rentas de la tierra, las rentas monopolistas y los intereses financieros derivados de las mismas. John Maynard Keynes celebró este programa reformista calificándolo sobriamente como la “eutanasia del rentista”.

Pero los intereses creados regresaron con fuerza. Al rotular a la democracia social y la regulación pública como un “camino a la servidumbre”, trataron de situar a las economías europeas en el camino de la deuda por peonaje. Al dictaminar la limitación del poder de los gobiernos estatales democráticamente elegidos en beneficio del Consenso de Washington, tanto el FMI como las instituciones de la Unión Europea han ganado capacidad de control fiscal y económico sobre esos gobiernos y sobre sus políticas fiscales, logrando así recortar drásticamente los impuestos sobre los más ricos (a quienes les piden prestado para financiar los déficits fiscales resultantes).

Los partidarios del Tea Party estadounidense y los contrarios al pago de impuestos han abandonado la lucha por reformar el Estado. Asfixiados por una deuda de la que no ven salida, lo que piden son impuestos menos gravosos y esperan ver que los que más ganan sean los que más provecho saquen de una fiscalidad aún más regresiva. Enfrentados a un Congreso corrompido por los "lobistas" que actúan de parte de los intereses creados, rechazan la idea misma de Estado y buscan refugio en comunidades locales bunquerizadas. Ven cómo los congresos y parlamentos de los países de todo el mundo van perdiendo autonomía a favor del FMI, la Unión Europea y otras organizaciones surgidas del Consenso de Washington, que buscan imponer medidas de ajuste y trasladar las cargas fiscales a los trabajadores y la industria, liberando de las mismas al patrimonio privado y al sistema financiero depredador.

La única forma de impedir una reforma fiscal regresiva y una asfixia por deudas es mediante la consecución de mayores niveles de control sobre los Estados sobre la base de los principios de la economía clásica y de las reformas de la Era Progresista. Para esto es para lo que se han declarado en rebeldía los trabajadores griegos. Alguien debe controlar al Estado, y no cabe duda de que si las fuerzas democráticas se retiran de la lucha, entonces el sector financiero estrechará aún más su cerco.

Lo ocurrido la semana pasado es sólo el principio de por dónde discurrirá este drama. Su peculiar desarrollo en las economías postsoviéticas, que han seguido manteniendo sus propias monedas, se verá en los próximos verano y otoño.


Notas

[1] Ben Hall, “Governments to control loan guarantee scheme”, Financial Times, 10 de mayo de 2010.

Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).
http://www.aporrea.org/internacionales/a101326.html

El camino a la servidumbre de Letonia (no sólo Grecia tiene problemas)

"Han pasado dos décadas desde la introducción del orden neoliberal, y los resultados no pueden ser más desastrosos, pudiéndose considerar un crimen contra la humanidad. No ha habido crecimiento económico. Los activos soviéticos están gravados con deuda. No es así cómo la Europa occidental se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial, o incluso anteriormente (o China más recientemente). Estos países siguieron el esquema clásico de protección de la industria doméstica, gasto en infraestructura pública, fiscalidad progresiva, y prohibiciones legales contra el tráfico de influencias y el saqueo; todo lo que constituye anatema para la ideología neoliberal del mercado libre."

Mientras la mayoría de los medios de comunicación hacen hincapié en la gravedad de las dificultades que atraviesa Grecia (y también España, Irlanda y Portugal) en el contexto europeo, apenas se han hecho eco de la crisis mucho más severa, devastadora y potencialmente letal que azota las economías postsoviéticas vinculadas al plan de integración en la eurozona.
No cabe duda de que este silencio se debe a que lo sufrido en estos países constituye una prueba sumaria del horror destructivo del neoliberalismo, así como de la política europea consistente en tratar a estos países de forma bien distinta a la prometida, no ayudándoles a desarrollarse en términos europeos occidentales, sino meramente como áreas prestas a ser colonizadas como mercados financieros y de exportación, despojándolas de sus plusvalías económicas, de su mano de obra calificada –y prácticamente de toda su fuerza laboral en edad de trabajar–, de sus bienes raíces y edificios, y de cualquier otra cosa heredada de la era soviética.
Letonia ha experimentado una de las peores crisis económicas de las acaecidas en todo el mundo. Y no se trata sólo de una cuestión económica, sino también demográfica. La disminución brusca de su Producto Interior Bruto (PIB) en un 25'5% en los dos últimos años (casi un 20% solamente en el último) ya constituye la peor caída bianual de la que se tiene registro. Las previsiones más halagüeñas del Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan una caída adicional del 4%, lo cual haría que el hundimiento de la economía letona superara en cifras a las de la Gran Depresión de Estados Unidos. Pero las malas noticias no acaban aquí. El FMI prevé que en el 2009 haya habido un déficit total en la cuenta de capital y financiera de 4.200 millones de euros, a los que se añadirán 1.500 millones más (el 9% del PIB) en 2010.
Además, el sector público letón acumula deuda rápidamente. Letonia ha pasado de tener una deuda que en 2007 representaba el 7'9% del PIB a una proyección para este año cercana al 74%; la previsión indica que, en el mejor escenario posible, se estabilizaría en el 89% en 2014. Esto situaría al país muy lejos de los requisitos impuestos por [el Tratado de] Maastricht sobre los límites de deuda pública para poder formar parte del euro. Por eso, lograr la entrada en la eurozona ha sido el principal pretexto utilizado por el Banco Central de Letonia para justificar las dolorosas medidas de austeridad que permitan estabilizar el valor de la moneda. Para mantener el valor de la moneda se han dedicado ingentes cantidades de reservas monetarias que de otro modo se habrían podido invertir en la economía del país.
Aún así, en los países occidentales no parece que nadie se esté preguntando qué puede haber provocado este grave quebranto a Letonia, que es extensible al resto de economías bálticas y otras áreas postsoviéticas, pero más extremo en el caso letón. Ahora que se cumplen casi veinte años de su liberación en 1991 de la vieja URSS, difícilmente puede achacarse la causa de sus problemas únicamente al sistema soviético. Ni siquiera puede culparse solamente a la corrupción, que sin duda constituye una herencia del periodo de disolución de la URSS, aunque ésta se haya engordado, intensificado e incluso promovido en la modalidad cleptocrática de rapiña que ha proporcionado pingües beneficios a banqueros e inversores occidentales. Fueron los neoliberales occidentales quienes financiaron estas economías gracias a las "reformas favorables a los negocios" que recibieron el aplauso entusiasta del Banco Mundial, Washington y Bruselas.
Es evidente que cabría desear una menor corrupción (pero, ¿en quién más confiarían los occidentales?); sin embargo, reducirla drásticamente quizá no haría más que colocar al país en la misma senda recorrida por Estonia hacia el sistema de sujeción de peonaje por (euro)deudas. Esta área báltica vecina también ha sufrido un aumento descomunal del desempleo, una fuerte reducción del crecimiento, un serio deterioro de los estándares de salud y emigración, en lacerante contraste con lo ocurrido en Escandinavia y Finlandia.
Joseph Stiglitz, James Tobin y otros prominentes economistas occidentales han empezado a contar que hay aspectos radicalmente negativos en el orden financiero importado por los hombres de negocios occidentales tras el colapso soviético. Ciertamente, el camino emprendido por Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial no fue el de la economía neoliberal. Sin embargo, el nuevo experimento báltico tiene el antecedente del ensayo general impuesto a punta de fusil por los Chicago Boys en Chile. En Letonia los asesores procedían de Georgetown, pero la ideología era la misma: desmantelar el sector público e influir internamente en los procesos de decisión política.
Para la aplicación postsoviética de este cruel experimento, la idea era que los bancos occidentales, los inversores financieros y, señaladamente, los economistas del "mercado libre" (así llamados puesto que se desprendieron de la propiedad pública, la liberaron de cargas fiscales y dieron un nuevo significado al término free lunch [beneficios sin contrapartidas]) tuvieran carta blanca en la mayor parte del bloque soviético para rediseñar economías enteras. Por cómo acabó la cosa, parece que todos los diseños fueron el mismo. Los nombres de los individuos eran distintos, pero la mayoría estaban vinculados a, y financiados por, Washington, el Banco Mundial y la Unión Europa. Y, puesto que los patrocinadores eran las instituciones financieras occidentales, no deberíamos sorprendernos demasiado de que acabaran imponiendo un diseño que redundara en su interés financiero.
Se trató de un plan que ningún gobierno democrático occidental habría podido aprobar jamás. Se repartieron las empresas públicas a individuos cuya misión era venderlas rápidamente a inversores occidentales y a oligarcas locales que transferirían su dinero de forma segura a paraísos fiscales occidentales. Para tapar estos procedimientos se crearon sistemas impositivos locales que permitieron a los grandes clientes tradicionales de los bancos occidentales –los monopolios sobre los bienes raíces y sobre las infraestructuras naturales– quedar prácticamente libres de pagar impuestos. Esto permitió que sus rentas y su fijación monopolística de precios quedaran "libres" y pudieran revertir a bancos occidentales en forma de pagos de intereses, en vez de estar sujetos a impuestos interiores que se destinaran a la reconstrucción de estas economías.
En la Unión Soviética apenas había bancos comerciales. En vez de ayudar a estos países a crear sus propios bancos, Europa occidental promovió que sus bancos ofrecieran crédito y cargaran estas economías con intereses (siempre en euros y otras monedas fuertes para garantía de los bancos). Esto constituyó una violación del primer axioma de las finanzas: nunca emitas deuda nominada en una moneda fuerte cuando tus ingresos vayan a serlo en una más débil.
Pero, como en el caso de Islandia, Europa prometió a estos países que les ayudaría a integrase en el euro mediante políticas adecuadas. Las "reformas" consistieron en mostrarles cómo trasladar los impuestos sobre los negocios y los bienes raíces (los principales clientes de los bancos) al trabajo, no sólo como impuesto fijo sobre los ingresos, sino como un impuesto fijo de "servicios sociales"; de acuerdo con éste, la Seguridad Social y los servicios sanitarios no se proveen a partir de fondos procedentes del presupuesto general articulado básicamente a partir de un sistema fiscal global progresivo, sino que los trabajadores pagan una cuota de usuario para dichos servicios.
A diferencia de los países occidentales, no existían impuestos sobre la propiedad relevantes. Esto obligó a los gobiernos a gravar a los trabajadores y a las empresas. A diferencia de los países occidentales, no había impuestos progresivos o sobre la riqueza. De media, Letonia tenía el equivalente a un impuesto fijo sobre el trabajo del 59%. (¡Los líderes del Congreso de Estados Unidos y sus lobistas solamente pueden concebir en sueños un impuesto sobre el trabajo tan punitivo que liberaría de controles a sus principales contribuyentes en las campañas electorales!). Con un impuesto como éste, las economías europeas no tenían nada que temer de las economías que emergieron libres de impuestos, pues al traspasar los gravámenes sobre las propiedades a cargas sobre el trabajo disminuyeron los costes de la vivienda y de la deuda. Estas economías fueron envenenadas desde el principio. Esto es lo que hizo de ellas tan de "mercado libre" y tan "abiertas a los negocios" desde el punto de vista de la ortodoxia económica occidental actual.
Al perder la capacidad para gravar los bienes raíces y otras propiedades –e incluso para imponer una fiscalidad progresiva sobre los tramos de renta más altos– los gobiernos se vieron abocados a fijar tasas impositivas al trabajo y a la producción industrial. Esta filosofía de desplazamiento de la carga fiscal aumentó de forma súbita el precio del trabajo y del capital, haciendo que la industria y la agricultura de las economías neoliberalizadas fueran tan caras como para no poder competir con la "vieja Europa". De este modo, las economías postsoviéticas se convirtieron en zonas de exportación para las industrias y los servicios bancarios de la vieja Europa.
La Europa occidental se ha desarrollado mediante la protección de su industria y de su trabajo, gravando las rentas de la tierra y otros beneficios que no tienen contrapartida en un necesario coste de producción. Las economías postsoviéticas "liberaron" este beneficio para que acabara en forma de pago a los bancos de la Europa occidental. Estas economías –que no soportaban deudas en 1991– empezaron a endeudarse en monedas fuertes, no en las suyas. Los créditos de los bancos occidentales no se utilizaron para mejorar su inversión de capital, la inversión pública y los niveles de vida. El grueso de los créditos se concedió fundamentalmente con la garantía de activos existentes heredados del periodo soviético. Si bien hubo un fuerte crecimiento de nuevas construcciones de bienes inmuebles, la mayora parte de éstas tienen hoy un valor inferior al inicial. Y los bancos occidentales están demandando que Letonia y los demás países bálticos paguen aún más exprimiendo el beneficio económico mediante subsiguientes "reformas" neoliberales que amenazan con gravar aún más al trabajo mientras sus economías se contraen y la pobreza aumenta.
El patrón consistente en una cleptocracia instalada en las altas esferas y una fuerza laboral endeudada –con índices de sindicación muy bajos o nulos, y escasa protección en el lugar de trabajo– ha sido aplaudido como un modelo propiciador de la actividad económica que debería ser emulado en todo el mundo. Las economías postsoviéticas estaban claramente "subdesarrolladas", lejos de poder producir bienes con un alto valor añadido, y generalmente incapaces de competir en igualdad condiciones con sus vecinos occidentales.
El resultado ha sido un experimento económico a todas luces enloquecido, una distopía cuyas víctimas ahora son señaladas como culpables. La ideología neoliberal de la erosión sistemática y a gran escala –aparentemente a punto de ser aplicada en Europa y Norteamérica mediante una retórica igualmente optimista– resultó económicamente tan devastadora que es equiparable a lo que habría ocurrido si estos países hubiesen sido invadidos militarmente. De modo que ha llegado el momento de empezar a preocuparse seriamente sobre si lo ocurrido en los países bálticos puede constituir un ensayo general de lo que estamos a punto de ver en los Estados Unidos.
Hoy, en los países bálticos la palabra "reforma" tiene una connotación negativa, como la tiene en Rusia. Significa un regreso a la dependencia feudal. Pero, mientras que los señores feudales de Suecia y Alemania regían sobre sus siervos por el poder que les otorgaba de la propiedad de la tierra, hoy controlan los países bálticos mediante los créditos hipotecarios concedidos en moneda extranjera, que están avalados con los bienes raíces de toda la región.
El peonaje por deudas ha sustituido a la servidumbre completa. La cuantía de las hipotecas excede el valor de mercado de los bienes, el cual se ha desplomado entre el 50 y el 70% en el último año (dependiendo del tipo de vivienda), y también sobrepasa la capacidad de los propietarios de las viviendas para hacer frente a los pagos. El volumen de la deuda nominada en moneda extranjera también sobrepasa en mucho lo que estos países pueden ingresar mediante la exportación de los productos de su trabajo, industria y agricultura a Europa (que apenas desea realizar importaciones) o a otras regiones del mundo en las que los gobiernos democráticos están comprometidos con la protección de su fuerza laboral, a no venderla y someterla a programas de austeridad sin precedentes (todo en el nombre de los "mercados libres").
Han pasado dos décadas desde la introducción del orden neoliberal, y los resultados no pueden ser más desastrosos, pudiéndose considerar un crimen contra la humanidad. No ha habido crecimiento económico. Los activos soviéticos están gravados con deuda. No es así cómo la Europa occidental se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial, o incluso anteriormente (o China más recientemente). Estos países siguieron el esquema clásico de protección de la industria doméstica, gasto en infraestructura pública, fiscalidad progresiva, y prohibiciones legales contra el tráfico de influencias y el saqueo; todo lo que constituye anatema para la ideología neoliberal del mercado libre.
Lo que se ha evidenciado de forma descarnada son los supuestos subyacentes del orden económico mundial. En el centro de la crisis actual de la teoría económica y de la política económica cobran interés las olvidadas premisas y conceptos directrices de la economía política clásica. George Soros, Stiglitz y otros hablan de una economía global de casino (en la que ciertamente se ha enriquecido Soros jugando), habiéndose desgajado la economía financiera del proceso de creación de riqueza. El sector financiero cada vez es más preeminente, con una creciente capacidad de detraer recursos de la economía real de bienes y servicios.
Ésta era la preocupación de los economistas clásicos cuando se concentraron en el problema de los rentistas, propietarios de bienes con privilegios especiales cuyos beneficios (que no tenían la contrapartida de asumir coste productivo alguno) constituían de facto un impuesto sobre la economía (en este caso, cargándola con deudas). Los economistas clásicos se dieron cuenta de la necesidad de subordinar las finanzas a las necesidades de la economía real. Ésta fue la filosofía que guió la regulación bancaria en Estados Unidos en la década de 1930, y fue la que siguieron Europa occidental y Japón desde la década de 1950 a la de 1970 para promover la inversión manufacturera. En vez de establecer fuertes controles sobre la capacidad del sector financiero para realizar actividades especulativas, los Estados Unidos eliminaron estas regulaciones en la década de 1980. Mientras en 1982 los beneficios después de impuestos de la banca estadounidense significaron menos del 5% del total, en el año 2007 ascendieron a un insólito 41%. En efecto, esta actividad de suma cero constituyó un "impuesto" indirecto sobre la economía.
Junto con la reestructuración financiera, el otro aspecto importante del juego de herramientas clásico era la política fiscal. El objetivo era retribuir el trabajo y crear riqueza, y recoger los beneficios resultantes (free lunch) de las economías sociales "externas" como base impositiva natural. Esta política fiscal tenía la virtud de reducir las cargas sobre el ingreso (salarios y beneficios). Se entendía que la tierra era un bien natural sin coste laboral de producción (y por eso sin valor de coste). Pero en vez de convertirla en la base impositiva natural, los gobiernos han permitido que los bancos la carguen con deudas, transformando el aumento del valor de la renta de la tierra en intereses a pagar. En terminología clásica, el resultado es un impuesto financiero sobre la sociedad (un beneficio que se suponía que la sociedad recogía como un impuesto básico para reinvertirlo en infraestructura económica y social con el fin de enriquecer al conjunto de esa sociedad). La alternativa ha sido fijar impuestos sobre la tierra y el capital industrial. Y a aquello a lo que han renunciado los recaudadores de impuestos, ahora los bancos lo cobran en forma de precios más altos de la propiedad del suelo –un precio por el que los compradores pagan un tipo de interés hipotecario.
La economía clásica podría haber predicho los problemas de Letonia. Sin freno alguno sobre las finanzas, sin regulación de los precios monopolísticos, sin protección industrial, con la privatización del dominio público para crear "economías con sistemas de peaje" y con una política fiscal que empobrece a los trabajadores y al capital industrial mientras recompensa a los especuladores, la economía de Letonia apenas ha visto algún tipo de crecimiento económico. Lo que sí se ha logrado –y que ha recibido el aplauso entusiasta desde los países occidentales– ha sido una actitud favorable para anotar deudas enormes para subsidiar su desastre económico. Letonia tiene muy poca industria, una agricultura muy poco modernizada, pero sí puede exhibir más de 9.000 millones de lati en deuda privada; una deuda que hoy corre el riesgo de pasar a figurar en los balances del presupuesto público, igual como ocurrió con el rescate de los bancos de Estados Unidos.
En caso de que este crédito se hubiera empleado con fines productivos para levantar la economía letona, podría haber sido algo aceptable. Pero fue básicamente improductivo, contribuyó a exacerbar la inflación de precios del suelo y el consumo suntuario, reduciendo a Letonia a un Estado cercano a la servidumbre por deudas. En lo que Sarah Palin llamaría una hopey-change thing [peyorativamente, propuesta irrealista cargada de buenas intenciones, a partir del eslogan hope and change de la campaña de Barack Obama de 2008. N del t.], el Banco de Letonia sugiere que el momento más grave de la crisis ya ha pasado. Finalmente, las exportaciones han empezado a aumentar, pero la economía aún pasa por una situación desesperada. Si persiste la tendencia actual no habrá nuevos letones para heredar recuperación económica alguna. El desempleo se mantiene por encima del 22%. Decenas de miles de ciudadanos han abandonado el país, y otras decenas de miles han decidido no tener hijos. Es una respuesta natural al hundimiento del país bajo una deuda pública y privada de miles de millones de lati. Letonia no está en la trayectoria adecuada para alcanzar los niveles de riqueza occidentales, y no tiene escapatoria a continuar por la senda de su actual política fiscal neoliberal regresiva, contraria a los trabajadores, a la industria y a la agricultura, que le ha sido impuesta de forma tan coercitiva desde Bruselas como condición para el rescate del Banco Central de Letonia, con el fin de que éste pueda pagar a los bancos suecos que han realizados este tipo de créditos improductivos y parasitarios.
Albert Einstein dijo que "[es] una locura realizar la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos". Letonia ha aplicado una y otra vez durante casi 20 años el mismo Consenso de Washington "pro occidental", con resultados cada vez peores, que a fin de cuentas han sido catastróficos para el sector público, los trabajadores, la industria y la agricultura. La tarea fundamental actual consiste en liberar a la economía letona de su camino neoliberal hacia la neo-servidumbre. Se podría pensar que la senda elegida podría ser la trazada por los economistas clásicos del siglo XIX, que condujo a la prosperidad que podemos ver en los países occidentales y también actualmente en el Este asiático. Pero esto requeriría un cambio en la filosofía económica; lo cual conllevaría un cambio profundo en la articulación del sector público y de la gobernación.
La cuestión es cómo responderán Europa y los demás países occidentales. ¿Admitirán su error? ¿O no sentirán ni un ápice de vergüenza? Los signos actuales no son alentadores. Los occidentales piensan que el trabajo no se ha empobrecido lo suficiente, la industria no está suficientemente devastada y el paciente económico aún no ha sido suficientemente desangrado.
Si éste es el mensaje que Washington y Bruselas están lanzando a los países bálticos, ¡imaginen qué están a punto de hacerles a las gentes de sus propios países!

Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009). Jeffrey Sommers es codirector del Baltic Research Group en el ISLET y profesor visitante en la Stockholm School of Economics, en Riga.