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Emisiones gases invernadero Lo q no se mide, no se mejora
dayrdan Dom Mar 16, 2008 3:24 pm
Lo que no se mide, no se puede mejorar Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2005) |
El Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Pero ya alcanzan el 53%.
Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 52,88% en España entre 1990 (año base) y 2005, cifra indudablemente mala, a pesar de que en el último año se han elaborado y dictado normas que sin duda ralentizarán el aumento de las emisiones en los próximos años, como la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007, la revisión del Plan de Fomento de las Energías Renovables para el período 2005-2010, el Plan Nacional de Asignaciones, la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones, el futuro Plan de la Minería y el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE).
España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario, es casi imposible cumplir el Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Según los escenarios contemplados en los diversos planes energéticos, elaborados en la actual legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España serán superiores en un 52,64% a las del año base. Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra podría superarse ampliamente, y deberemos acudir a los mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto.
El Plan Nacional de Asignación de emisiones de CO2 derivado de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborado por el gobierno socialista, contempla un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% para ese mismo periodo, es decir, muy por debajo de la tendencia señalada, pero estas cifras no se corresponden con los planes citados, y muy especialmente la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007, el Plan de Fomento de las Energías Renovables para el período 2005-2010 y la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. Esta última, sobre todo, contempla un escenario más realista dada la dinámica actual, de estabilización de las emisiones en los niveles de 2005, lo que incluso va a ser difícil, si no hay las dotaciones presupuestarias adecuadas y no se reconsidera la política de transportes y la fiscalidad energética.
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 146,19 Mtep en el año 2005 (un 59,25% de aumento). En 2005 la dependencia energética alcanzó el 79,2%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990. La Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, aprobada en abril de 2006, estima que el consumo de energía primaria será de 164,7 Mtep en el año 2011, con un crecimiento anual del 2% para el periodo 2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 21,35 Mtep en el año 2005 (14,6% del consumo de energía primaria) a 13,96 Mtep en 2011 (8,5%), el de petróleo pasaría de 72,48 Mtep en 2005 (49,6%) a 74,55 Mtep en 2011 (45,3%), el gas natural de 29,08 Mtep (19,9%) a 40,53 Mtep (24,6%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 15 Mtep a 15,1 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 10,3% en 2005 al 9,2% en 2011), y las energías renovables deberían alcanzar el 12,5% previsto en el año 2011, pasando de 8,4 Mtep en 2005, incluida la hidráulica, a 20,55 Mtep en 2011). Si se cumplen estas previsiones, que ya exigen un esfuerzo importante en eficiencia y energías renovables, las emisiones se mantendrán en los niveles actuales, sin aumentar, pero tampoco sin disminuir, lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal en el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. El Plan Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista y alcanzable, y que incluso puede superarse, dadas las cifras que se van conociendo del Tercer Inventario Forestal Nacional (1997-2006).
Las consecuencias del cambio climático
El cambio climático global es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo, y España en particular, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos, como la gota fría y las inundaciones, con graves daños a la agricultura, los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, los seguros y las infraestructuras. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media de 1,5º C en el periodo 1970-2000 en España, según datos del Instituto Nacional de Meteorología, y se prevé un descenso medio de las precipitaciones del 10%, un aumento de la evapotranspiración, un descenso del 33% de la humedad del suelo y una subida del nivel del mar, lo que acarreará graves trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y sociales. Un estudio científico sobre las consecuencias del cambio climático en España fue presentado por el MMA, corroborando los efectos adversos de la alteración del clima. Tales efectos tendrán costes económicos hoy inconmensurables, pero en todo caso muy elevados, algo que conviene recordar cuando se analizan los posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto. El coste de no actuar sería muy superior.
Alejamiento de Kioto y ligera mejora de la eficiencia energética
Se afirma, no sin razón, que las emisiones por habitante en España en 2012, sin la aplicación del Protocolo de Kioto, serán inferiores a la media de la Unión Europea de 15 países, pero hay que recordar que la media española es muy superior, más del doble, de la media mundial. No obstante, en 2005 las emisiones por habitante fueron de 10 toneladas de CO2 equivalente, mientras que las de la Unión Europea ascendieron a 11 toneladas de CO2 equivalente, un 10% superior a la media española. El importante aumento reciente de la población española, a causa de la inmigración, dificulta aún más el cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco del Protocolo de Kioto y los compromisos con la Unión Europea.
El aumento en España es muy superior al del resto de los países europeos, y nuestro sistema energético ha perdido eficiencia, necesitando más energía, y emisiones de gases de invernadero, para producir la misma unidad de PIB, aunque en 2005, por primera vez desde 1990, ha mejorado la eficiencia. La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea, lo que perjudica nuestra competitividad y agrava el déficit exterior, a causa de la subida del precio del petróleo y del gas natural, importados en su práctica totalidad. Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones.
Durante muchos años ha habido una ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro. Nuestra obligación es invertir la tendencia sin dañar el nivel de actividad y la competitividad, y aprovechar Kioto como una oportunidad de modernización para nuestra economía.
Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, daños al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica) el Gobierno ha iniciado una política encaminada a frenar las emisiones, minimizar el impacto del cambio climático en España y jugar un papel activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha política requiere aún de un completo desarrollo para ser efectiva y corregir la tendencia dominante que se ha mantenido a lo largo de 2005, sin que aún se pueda observar corrección alguna de tendencia.
Con el escenario actual, que en 2005 mejoró notablemente respecto a años anteriores, España incumplirá el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, aunque por primera vez las políticas gubernamentales pueden estabilizar para el año 2011 las emisiones en los niveles actuales. Lo razonable es ahondar las acciones emprendidas, lo que implica poner los medios, las políticas y los presupuestos para cumplir el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las energías renovables, eliminar los obstáculos al desarrollo de la eólica marina, mejorar la eficiencia energética y el transporte colectivo. Esa es una estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en términos ambientales (menos emisiones), tecnológicos (innovación), económicos (mayor competitividad, menor déficit comercial, menos compra de derechos) y sociales (más empleo).
dayrdan- Cantidad de envíos : 1897
Fecha de inscripción : 07/12/2007
Emisiones gases invernadero Lo q no se mide, no se mejora
dayrdan Dom Mar 16, 2008 3:25 pm
La energía eólica en España evitó la emisión
de 15 millones de toneladas de CO2
La generación eólica en 2005 alcanzó la cifra de 20.236 GWh, lo que supuso el 7,78% del total de la demanda (259.950 GWh), superando por primera vez a la hidráulica, que ascendió a 19.442 GWh. La generación eólica ahorró la importación de combustibles fósiles por valor de 728 millones de euros durante 2005, y evitó la emisión de 14,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin la aportación de la eólica, las emisiones habrían sido un 3,4% más que las registradas, compensando el mal año hidráulico, a causa de la sequía, la peor del último siglo.
Dado que la eólica plantea problemas de garantía de suministro, los gestores de REE han sido reticentes a su desarrollo, pero hoy la visión que debe prevalecer es intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix de generación, que las hay, y empezar a desarrollar la eólica marina, eliminando los numerosos obstáculos que existen.
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
El sector de la vivienda y de los servicios representa más del 40% del consumo final de energía en la Unión Europea. Con la aplicación de las medidas de eficiencia energética en los edificios, se podría ahorrar la emisión anual de 450 millones de toneladas de CO2 al año, cifra que representa la octava parte de las emisiones actuales de la UE. La construcción y mantenimiento de los edificios consume el 25% de la madera mundial, el 17% del agua, y el 40% de la energía. Los edificios, tanto su construcción como su funcionamiento, ocasionan el 32% de las emisiones mundiales de CO2.
La industria de la construcción en un sentido amplio, desde los arquitectos y promotores, a las empresas constructoras y los propios usuarios, juega un papel clave en el avance hacia la sostenibilidad. El aumento del nivel de vida y el desarrollo económico ha supuesto la sustitución de los materiales tradicionales, como adobe, ladrillos, piedra, madera o bambú, por el acero, el aluminio, el vidrio y el hormigón. Igualmente ha aumentado el espacio útil por persona en todos los países industrializados. Los nuevos edificios prestan nuevos servicios y comodidades a sus residentes, pero a costa de un enorme aumento del consumo energético y de agua.
En España en 2005 se han construido 800.000 viviendas, cifra que multiplica por 10 a las viviendas terminadas en el Reino Unido, o a la suma de Alemania, Francia e Italia juntas. Hemos perdido muchos años, pero precisamente para reducir las emisiones de este sector difuso, cumplir el Protocolo de Kioto y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el gobierno ha creado el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE), como órgano de participación de las Administraciones Públicas y de los agentes de edificación, y ha aprobado el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), en el que se establecen las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, para que el sector de la construcción se adapte a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental, con el fin de que los edificios sean más seguros, más habitables, más sostenibles y de mayor calidad.
El CTE (BOE número 74, de 28 de marzo de 2006) establece medidas que favorecerán el ahorro de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable, incorporando la obligación de criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar.
El CTE establece cuatro exigencias energéticas: limitación de la demanda energética, con valores límite para los cerramientos (fachadas, vidrios o cubiertas); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; la exigencia de que la energía solar para agua caliente sanitaria represente un aporte obligatorio que variará de un 30% a un 70%; y la contribución de la energía solar fotovoltaica a la generación de electricidad en los nuevos edificios del sector terciario.
La implantación de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá para cada edificio un ahorro de un 30 a un 40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40 a un 55%, mejoras que supondrán un coste adicional del 1% sobre el precio total, una cifra perfectamente asumible, y que es el primer paso importante para reducir las emisiones en el sector residencial.
Más vale tarde que nunca, pero es lamentable que se haya tardado tantos años en aprobar el CTE.
Tareas pendientes
En 2005 y en los primeros meses de 2006 se han producido avances importantes que en el futuro permitirán estabilizar y posteriormente reducir las emisiones, pero es mucho lo que queda por hacer, y sobre todo queremos señalar la necesidad de mejorar e implicar a todas las administraciones y agentes sociales, impulsar una reforma ecológica de la fiscalidad y la adopción de medidas encaminadas a promover la movilidad sostenible.
El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes (PEIT) contradice los esfuerzos iniciados para intentar cumplir el Protocolo de Kioto por parte del gobierno socialista. En el 2010 el transporte supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2. Las medidas en el sector del transporte en España son insuficientes, pues la política real sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil y el camión.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y sobre todo biocombustibles, reducirán en un porcentaje pequeño el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.
La política municipal debe ir encaminada a reducir la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de espacio.
El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2011. Tal participación puede alcanzarse, pero para ello se requiere una clara voluntad política, materializada en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo.
Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse y para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte, significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y una mejora general de la habitabilidad de las ciudades.
de 15 millones de toneladas de CO2
La generación eólica en 2005 alcanzó la cifra de 20.236 GWh, lo que supuso el 7,78% del total de la demanda (259.950 GWh), superando por primera vez a la hidráulica, que ascendió a 19.442 GWh. La generación eólica ahorró la importación de combustibles fósiles por valor de 728 millones de euros durante 2005, y evitó la emisión de 14,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin la aportación de la eólica, las emisiones habrían sido un 3,4% más que las registradas, compensando el mal año hidráulico, a causa de la sequía, la peor del último siglo.
Dado que la eólica plantea problemas de garantía de suministro, los gestores de REE han sido reticentes a su desarrollo, pero hoy la visión que debe prevalecer es intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix de generación, que las hay, y empezar a desarrollar la eólica marina, eliminando los numerosos obstáculos que existen.
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
El sector de la vivienda y de los servicios representa más del 40% del consumo final de energía en la Unión Europea. Con la aplicación de las medidas de eficiencia energética en los edificios, se podría ahorrar la emisión anual de 450 millones de toneladas de CO2 al año, cifra que representa la octava parte de las emisiones actuales de la UE. La construcción y mantenimiento de los edificios consume el 25% de la madera mundial, el 17% del agua, y el 40% de la energía. Los edificios, tanto su construcción como su funcionamiento, ocasionan el 32% de las emisiones mundiales de CO2.
La industria de la construcción en un sentido amplio, desde los arquitectos y promotores, a las empresas constructoras y los propios usuarios, juega un papel clave en el avance hacia la sostenibilidad. El aumento del nivel de vida y el desarrollo económico ha supuesto la sustitución de los materiales tradicionales, como adobe, ladrillos, piedra, madera o bambú, por el acero, el aluminio, el vidrio y el hormigón. Igualmente ha aumentado el espacio útil por persona en todos los países industrializados. Los nuevos edificios prestan nuevos servicios y comodidades a sus residentes, pero a costa de un enorme aumento del consumo energético y de agua.
En España en 2005 se han construido 800.000 viviendas, cifra que multiplica por 10 a las viviendas terminadas en el Reino Unido, o a la suma de Alemania, Francia e Italia juntas. Hemos perdido muchos años, pero precisamente para reducir las emisiones de este sector difuso, cumplir el Protocolo de Kioto y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el gobierno ha creado el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE), como órgano de participación de las Administraciones Públicas y de los agentes de edificación, y ha aprobado el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), en el que se establecen las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, para que el sector de la construcción se adapte a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental, con el fin de que los edificios sean más seguros, más habitables, más sostenibles y de mayor calidad.
El CTE (BOE número 74, de 28 de marzo de 2006) establece medidas que favorecerán el ahorro de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable, incorporando la obligación de criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar.
El CTE establece cuatro exigencias energéticas: limitación de la demanda energética, con valores límite para los cerramientos (fachadas, vidrios o cubiertas); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; la exigencia de que la energía solar para agua caliente sanitaria represente un aporte obligatorio que variará de un 30% a un 70%; y la contribución de la energía solar fotovoltaica a la generación de electricidad en los nuevos edificios del sector terciario.
La implantación de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá para cada edificio un ahorro de un 30 a un 40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40 a un 55%, mejoras que supondrán un coste adicional del 1% sobre el precio total, una cifra perfectamente asumible, y que es el primer paso importante para reducir las emisiones en el sector residencial.
Más vale tarde que nunca, pero es lamentable que se haya tardado tantos años en aprobar el CTE.
Tareas pendientes
En 2005 y en los primeros meses de 2006 se han producido avances importantes que en el futuro permitirán estabilizar y posteriormente reducir las emisiones, pero es mucho lo que queda por hacer, y sobre todo queremos señalar la necesidad de mejorar e implicar a todas las administraciones y agentes sociales, impulsar una reforma ecológica de la fiscalidad y la adopción de medidas encaminadas a promover la movilidad sostenible.
El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes (PEIT) contradice los esfuerzos iniciados para intentar cumplir el Protocolo de Kioto por parte del gobierno socialista. En el 2010 el transporte supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2. Las medidas en el sector del transporte en España son insuficientes, pues la política real sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil y el camión.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y sobre todo biocombustibles, reducirán en un porcentaje pequeño el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.
La política municipal debe ir encaminada a reducir la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de espacio.
El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2011. Tal participación puede alcanzarse, pero para ello se requiere una clara voluntad política, materializada en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo.
Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse y para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte, significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y una mejora general de la habitabilidad de las ciudades.
José Santamarta y Joaquín Nieto
Convenio La Insignia / Rel-UITA
dayrdan- Cantidad de envíos : 1897
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Patotean para que no haya discusión
VOLTAIRE Dom Mar 16, 2008 7:58 pm
Patotean para que no haya discusión
Pues no sólo no tienen razón sino que también viven de la mentira. Subieron por una gran mentira al pueblo, al cual le han seguido mintiendo hasta el día de hoy.
Si hay discusión salta la verdad.
Volta
Pues no sólo no tienen razón sino que también viven de la mentira. Subieron por una gran mentira al pueblo, al cual le han seguido mintiendo hasta el día de hoy.
Si hay discusión salta la verdad.
Volta
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