ENCE en Uruguay, no cumple la ley!!??

dayrdan Miér Mar 19, 2008 3:27 pm

La planta de celulosa de ENCE en Uruguay, que el Gobierno español podría apoyar, no cumple la ley

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- glocalia.com 18/03/2008 -

España, 18/03/08- El Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Ecologistas en Acción advierten que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) está considerando asegurar por cuenta del Estado la construcción de una problemática planta de celulosa de la compañía ENCE en Uruguay. A pesar de tratarse de una operación que implica un alto riesgo ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental de ENCE es incompleto e incumple las leyes uruguayas.

Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Ecologistas en Acción expresan expresar su “más profunda preocupación” por un proyecto de importantes repercusiones ambientales y sociales que la Compañía Española CESCE, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contempla apoyar con fondos públicos.

Informan que tras un exhaustivo examen del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa española ENCE a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, las organizaciones REDES-Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT), el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y el Grupo Guayubira, han expresado que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa española ENCE para la instalación de una planta de celulosa en la localidad de Punta Pereira (Uruguay) “es incompleto”.

“Este estudio no analiza los impactos de la forestación en el país directamente vinculados al emprendimiento industrial. No se ha permitido tampoco que la sociedad civil haya podido opinar sobre el proyecto y participar de manera informada en los procesos de consulta previa”, explican los ecologistas.

“Por otra parte –agregan-, el estudio de ENCE tiene un grave inconveniente metodológico: sólo tiene en cuenta los aspectos positivos del proyecto. Ante esta preocupante situación, las organizaciones de la sociedad civil uruguaya han solicitado expresamente una ampliación sustancial de la información y más tiempo para la evaluación antes de la puesta en marcha de las obras”.

Estas organizaciones explican además que en el informe de ENCE hay “afirmaciones no documentadas y altamente cuestionables”, y que el reporte no tiene en cuenta la necesidad de aumentar la materia prima para producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa.

En el medio rural uruguayo, con aproximadamente un millón de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos, se vive un proceso de aumento del latifundismo y extranjerización de la tierra (lo que conlleva a una falta de acceso a tierra para producción de alimentos), despoblamiento del medio rural, erosión del suelo, contaminación de las fuentes de agua y agotamiento de ese recurso.

“Una expansión del área forestada amenaza con agravar esas consecuencias sociales y ambientales. El informe de ENCE no presenta además detalles sobre los sistemas de monitoreo de la calidad del agua del Río de la Plata. La confusión en el manejo de algunos términos en el estudio de ENCE y la inexistencia de análisis sobre los impactos negativos del proyecto celulósico, hacen que sea fundamental una ampliación sustancial de la información por parte de la empresa, que permita una completa evaluación de las posibles consecuencias del emprendimiento”, han alertado REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira.

ODG y Ecologistas en Acción apoyan la solicitud realizada por las organizaciones uruguayas en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos: “Consideramos asimismo que CESCE no puede evaluar el apoyo a un proyecto que, además de realizarse a partir de información incompleta y constituir una severa amenaza para el medio ambiente y una lesión al derecho humano a vivir en un ambiente sano, incumple con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales de Uruguay. Debemos recordar que el Gobierno español tiene la mayoría de capital en CESCE y que, por tanto, el seguro que CESCE contempla otorgar al proyecto de ENCE sería por cuenta del Estado, es decir, con fondos públicos”, finalizan los ambientalistas. (Redacción)