RETIRADOS Y CIVILES CONTRA EL REVISIONISMO DE VÁZQUEZ

DENUNCIARON CACERÍA DE ORIENTALES POR
INTERPRETACIÓN DE LEY DE IMPUNIDAD
(La República)

Denuncian "cacería de orientales" por interpretación de la Ley
de Caducidad
Sectores castrenses y civiles rechazaron revisionismo y política de DDHH
de Tabaré Vázquez

Con duras críticas al gobierno y en particular al Movimiento de
Liberación Nacional (MLN), se desarrollaron ayer los actos conmemorativos
del día 14 de abril, encabezados por militares así como por legisladores
afines al Partido Colorado y al Partido Nacional. El primero de los dos
actos cívico-militares tuvo lugar a la hora 10 en la Plaza de la Bandera
el acto de la "Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en
Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad".

El segundo se realizó al mediodía en el Centro Militar. En la Plaza de la
Bandera, el principal orador fue el diputado colorado Daniel García
Pintos, quien destacó la libertad con la que pudo expresarse un
transeúnte que unos minutos antes, al pasar por el lugar, comenzó a
proferir agravios hacia el grupo que participaba del homenaje. El
legislador dijo que el homenaje recuerda a "todas aquellas personas
que perdieron la vida a manos de la delincuencia tupamara", a la que
calificó de "banda asesina" que produjo "actos de robo,
secuestro y emboscadas planificadas con alevosa premeditación".


Dijo que el MLN intenta transformarse para "disimularse" dentro
del sistema democrático, pero no ha cambiado casi nada y hoy
"glorifican a las FARC colombianas", lo que implica que siguen
apostando como método político al "robo, secuestro, homicidio,
tortura de prisioneros" y, por tratarse de las FARC, "agregan
ahora la narco-guerrilla". El colorado criticó la "esmerada
estrategia" del gobierno del Frente Amplio, que en forma premeditada
desconoce los símbolos patrios y no realiza actos de gobierno en las
fechas patrias. Reclamó, una vez más, la aparición de la bandera de los
33 Orientales, responsabilizando al "hermanito" del presidente
de la República, Jorge Vázquez, de que no se realice ninguna
investigación sobre este asunto.

García Pintos reclamó por los tres militares extraditados a Chile y
exigió garantías para que no se habiliten caminos para nuevas
extradiciones de militares. "Deseamos agregar, no en carácter de
amenaza, que no lo es, sino como claro mensaje de responsabilidad
histórica, que abran los ojos los responsables de esta cacería de
orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre
su eje, pasando muy seguido por el mismo lado", advirtió. "Con
esto queremos decir que tal vez se puedan dar las circunstancias para que
los que hoy dan rienda suelta a esta sed de venganza, cometiendo
desacertadas interpretaciones legales, sean mañana los que por su
inconducta y proceder equivocado, tengan que enfrentar a la Justicia y
recibir su condena".

Consideró "precipitada, audaz y mal intencionada" la
interpretación de la Ley de Caducidad, al tiempo que afirmó que el
sistema todo, "como adormecido, consintió casi en silencio que la
doctora Mirtha Guianze, fiscal con un tormentoso pasado
político-ideológico, fuera la representante del Ministerio Público que
acusara a algunas de las personas convertidas hoy en prisioneros
políticos". Por otro lado, reclamó la rápida aprobación del proyecto
de ley que repara a los familiares de todas las víctimas de los
enfrentamientos del pasado, reiterando que no debe haber muertos de
primera y de segunda. Finalmente, cuestionó las críticas a la Suprema
Corte de Justicia, originadas por los fallos de inconstitucionalidad al
IRPF. Por su parte, el ex comandante en jefe del Ejército Raúl Mermot
reivindicó el rol de las FFAA y sostuvo que la actuación de los
uniformados fue consecuencia de los crímenes cometidos por los tupamaros.
Además, cuestionó el accionar de la Justicia que, dijo, se basó en
testimonios y no en pruebas al dictar procesamientos.

ACTO CONJUNTO

En el acto conjunto entre el Círculo y el Centro Militar para homenajear
a los "caídos en defensa de las instituciones", uno de los
blancos de las críticas fue la gestión de la ex ministra de Defensa
Azucena Berrutti a quien se catalogó como "una persona que no
consiguió disimular su desconfianza y desconsideración hacia los
militares". Al acto, concurrieron los ex presidentes Julio María
Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle y el ex vicepresidente Gonzalo
Aguirre, así como el senador Carlos Moreira (Partido Nacional) y el
diputado García Pintos. "Estamos en presencia de una escalada de
hechos destinados a afectar material y moralmente a las FFAA", dijo
Pírez, al criticar la política de búsqueda de desaparecidos, la
interpretación de la Ley de Caducidad y la nueva Ley de Defensa, entre
otros aspectos.

CRITICAS A LA EX MINISTRA

Pero la crítica más dura fue para la ex ministra Azucena Berrutti. Al
respecto, Pírez la calificó como "una persona que no consiguió
disimular su desconfianza y desconsideración hacia los militares".
Enfatizó que "se mantuvo durante tres años al frente de la cartera
de Defensa Nacional y se respaldó sus decisiones" y agregó que
"durante su período no mostró mayor preocupación en mejorar los
sueldos más sumergidos de las Fuerzas Armadas, declarando a su vez que
eso no era prioritario para su gobierno".Además, se "propició
el desalojo de las unidades simbólicas de los lugares donde realizaban
sus reuniones de camaradería durante muchos años, actividad que nunca
perturbó el accionar de los mandos".

PIREZ DEFRAUDADO

Al referirse al "Nunca Más" del gobierno y al tema del pasado,
Pírez criticó al gobierno por "no haber puesto punto final al
tema", "poner fin y para siempre al acoso al que nuestras
instituciones se han visto sometidas en distintas oportunidades. Nos
sentimos defraudados y los hechos nos han demostrado que no existió
voluntad para poner fin a los temas del pasado", dijo Pírez.

Por otro lado, expresó su preocupación por la campaña para anular la Ley
de Caducidad y las "continuas y publicitadas excavaciones en
unidades militares" que generan al estado "cuantiosos
gastos" y "contribuyen a mantener el hostigamiento contra
quienes por formación, y por mandato Constitucional deben soportarlo con
un disciplinado silencio", dijo Pírez.

MONTEVIDEO/URUGUAY/16.04.08/COMCOSUR AL DÍA
_________________________________________________________

4) 14 DE ABRIL – HIPÓCRITAS OFENDIDOS Y HUMILLADOS
LOS TERRORISTAS DICEN QUE NO MINTIERON EN
NADA

Tensión entre retirados y gobierno
Actos por el 14 de abril. En dos actos distintos, militares retirados
fustigaron políticas del gobierno de Vázquez "La ex ministra actuaba
con desconfianza y desconsideración hacia los militares"
Eduardo Barreneche (El País)

"Somos duros con la ex ministra (Azucena) Berrutti por las cosas que
hizo (contra los militares); no mentimos en nada", dijo ayer a El
País el presidente del Centro Militar, general (r), Luis Pírez.

Los retirados militares recordaron ayer la sangrienta jornada del 14 de
abril de 1972, en que murieron dos militares, un policía y el
subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, a manos de los
tupamaros. Los discursos este año fueron particularmente duros contra el
gobierno del Frente Amplio, en particular por los procesamientos de
militares, los movimientos para derogar la ley de Caducidad y la
"desconfianza" hacia las Fuerzas Armadas.

Uno de los actos se realizó en la Plaza de la Bandera y el otro en el
Centro Militar. Las actuales autoridades militares no concurrieron a
ninguno. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, dijo
que a los efectivos caídos "se los recuerda todos los días" y
agregó que "no hay que hacer nada especial" para rememorarlos.
"Es una parte diaria de nosotros. En esa lucha fallecieron muchas
personas" cercanas, explicó Bonelli. El Círculo Policial también
organizó un acto en el Cementerio del Buceo donde recordó la memoria del
inspector Armando Acosta y Lara, quien fuera asesinado por tupamaros en
1972.

En su discurso en el Centro Militar ante unas 300 personas, Pírez señaló
que los militares hoy enfrentan "momentos muy difíciles" y una
"escalada de hechos" destinados a "afectar material y
moralmente" a las Fuerzas Armadas. "Se mantuvo durante tres
años al frente de la cartera de Defensa y se respaldó las decisiones de
una persona (Azucena Berrutti) que, desde el principio de su desempeño,
no consiguió disimular su desconfianza y desconsideración hacia los
militares", advirtió.

El acto del Centro Militar contó con la presencia de los ex presidentes
de la República, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, entre
otros dirigentes políticos. El discurso de Pírez fue seguido con atención
por los retirados militares, quienes asentían con gestos de aprobación
los conceptos emitidos por el general retirado. Al finalizar la parte
oratoria, decenas de participantes del encuentro se acercaron a Pírez
para señalarle que compartían sus dichos. Durante su intervención, el
presidente del Centro Militar fustigó al gobierno de Vázquez sin las
sutilezas que acostumbraban emitir otros ex jerarcas militares al
referirse a la Presidencia de la República.

El Poder Ejecutivo, dijo Pírez, "no ha hecho nada para que el país
vuelva a la tranquilidad. Hay una tensión permanente y los militares
siempre pagamos los platos rotos". "Nos preocupan las campañas
para anular la Ley de Caducidad, tema que el Uruguay laudó
definitivamente por decisión soberana de la ciudadanía, así como las
continuas y publicitadas excavaciones en unidades militares",
señaló. Además de "los cuantiosos gastos" que ocasionan al
Estado, las excavaciones "contribuyen, a pesar de sus relativos
resultados, a mantener el hostigamiento contra quienes por formación y
por mandato constitucional, deben guardar silencio", señaló el
presidente del Centro Militar.

El viernes 14 de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo remitió al
Parlamento un proyecto de ley que introducía modificaciones al artículo
10 de la Ley de Caducidad. La iniciativa fue enviada al Poder Legislativo
en forma simultánea a movilizaciones realizadas por organizaciones
políticas, sociales y sindicales para derogar dicha normativa. Días
antes, el hermano del presidente Vázquez, el prosecretario de la
Presidencia de la República, Jorge Vázquez, anunció que firmará las
papeletas para derogar la Ley de Caducidad. Esta norma impidió el
juzgamiento de militares y policías que participaron en actos represivos
durante la dictadura militar.

El Poder Ejecutivo, dijo Pírez, tampoco mostró preocupación en mejorar
los salarios más sumergidos del Ejército Nacional; dio a publicidad los
nombres de militares afectados a tareas de Inteligencia; se recortó
funciones del servicio de Sanidad Militar y se crearon en el Ministerio
de Defensa 10 cargos de confianza con altas remuneraciones para sustituir
a oficiales superiores.

BATALLA

Dos horas antes del acto del Centro Militar, el ex comandante en jefe del
Ejército, teniente general (r), Raúl Mermot, manifestó en la Plaza de la
Bandera su "rechazo más profundo" por el "desapego"
del gobierno a los símbolos patrios y a la celebración de fechas
históricas del país. Tras criticar que la Plaza de la Bandera sea
utilizada para un escenario de Carnaval, Mermot se preguntó por qué razón
el gobierno progresista no intenta averiguar el destino de la bandera de
los Treinta y Tres que fuera robada en 1969 por un supuesto comando
izquierdista.

Mermot reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas en su lucha contra los
tupamaros. "¿Cómo estaría actualmente nuestra patria si estos
iluminados adoctrinados en el exterior no hubieren irrumpido
violentamente como lo hicieron en la década de los sesenta?", se
preguntó el ex jerarca castrense. Las respuestas, dijo, quedan a cargo de
cada ciudadano pero sí debe reconocerse que los tupamaros "son los
absolutos responsables de los primeros atentados, secuestros y asesinatos
y que de no haber sido por su demencial irrupción revolucionaria, no
hubieran existido presos, represión, muertos ni desparecidos".

Mermot, quien ocupa el cargo de vicepresidente de una asociación que
recuerda a los caídos durante el enfrentamiento con los tupamaros, señaló
que éstos se encuentran hoy en "una situación de privilegio"
ocupando muchos de ellos cargos de gobierno y "destilando por todos
sus poros odios y venganza, lo que saben muy bien trasladar a nuestros
jóvenes adolescentes". Indicó que la desaparición de María Claudia
García de Gelman y las muertes de los ex legisladores Héctor Gutiérrez
Ruiz y Zelmar Michelini están incluidos en la Ley de Caducidad. "(El
gobierno), en forma autoritaria y arbitraria, permite el juzgamiento de
civiles, policías y militares (por estos casos) no a través de pruebas
sino por testimonios de quienes dicen ser testigos de los hechos que se
denuncian", señaló.

En el mismo acto, el diputado de la Lista 15, Daniel García Pintos indicó
que muchas personas perdieron la vida en la década de los sesenta a manos
de "la delincuencia tupamara". Se trataba, agregó, de soldados
o transeúntes que circulaban por el lugar donde se produjeron robos,
secuestros o emboscadas planificadas por la "banda asesina" del
MLN.

"YA NO HAY MOTIVOS PARA SER OPTIMISTAS"

El presidente del Centro Militar, general (r), Luis Pírez, relató que, en
un principio, albergaba expectativas sobre que este gobierno generaría un
reencuentro entre los orientales. Sin embargo, tres años más tarde,
admitió que los militares se sienten "defraudados" y que
"ya casi no quedan motivos para ser optimistas". Los hechos,
agregó, "nos han demostrado que no existió voluntad para poner fin a
los desencuentros del pasado o que las presiones de los sectores ya
conocidos fueron más fuertes a la hora de las decisiones".

Pírez hizo alusión a la prisión en una cárcel de varios militares y
policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se
encuentra el ex dictador Gregorio Álvarez, José Gavazzo, Ricardo Arab,
Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, entre otros. También recordó que tres
oficiales del Ejército se encuentran en Chile en libertad pero a
disposición de la Justicia Penal de ese país por la muerte del químico
chileno Eugenio Berríos. "(Ello establece) un grave precedente al
posibilitar trámites similares en otros países en momentos en que,
aparentemente, está operando una especie de internacional de la Justicia
contra militares, la que dispone detenciones y tramita pedidos de
extradición", expresó Pírez. Tras "presiones" de conocidos
grupos políticos y sociales, el general retirado advirtió que el gobierno
"dejó sin efecto una iniciativa que establecía reparaciones
económicas y morales a familiares de las víctimas de la sedición".


MILITARES Y FALLOS POR IRPF

Para el ex jerarca castrense Luis Pírez, sectores políticos de izquierda
pretenden responsabilizar a los militares por la inconstitucionalidad del
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que dos medios de
prensa publicaron la lista de militares favorecidos por el fallo de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el monto de sus jubilaciones.
"Nuevamente los militares constituyen un objetivo redituable y al
parecer se pretende hacerlos responsables del hecho político que esta
situación está generando cuando éstos se han limitado a defender sus
derechos igual que miles de ciudadanos", indicó.

ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS RESPONDEN A MILITARES

Organizaciones de derechos humanos de Uruguay fustigaron ayer
declaraciones de militares retirados que cuestionaron la "validez
jurídica" de juicios por los crímenes cometidos en los 70 y
reivindicaron su actuación durante la dictadura (1973-1985).
"Militares que no quieren ahora estar presos, fueron quienes
encerraron y torturaron a hombres y mujeres durante la dictadura y hasta
hoy, más de 30 años después, algunos de los hijos de torturados llevan
rastros del tratamiento padecido por sus padres", dijo Luisa Cuesta,
de la organización de familiares de desaparecidos.

El abogado y activista Javier Miranda, hijo de un militante de izquierda
desaparecido en la dictadura, indicó que "las leyes están sujetas a
interpretación", incluso la de Caducidad que benefició a los ex
represores. Agregó que "la lectura actual" del gobierno de
Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde
a los tratados internacionales firmados por Uruguay".

DIPUTADOS REPLICAN CRÍTICAS DE RETIRADOS

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Luis
Rosadilla, afirmó que los militares "ya no tienen espacios"
para modificar la situación política del país y advirtió que
"impresiona el grado de caradurismo" de ciertos sectores
castrense vinculados a violaciones de derechos humanos en el pasado.
Rosadilla dijo a El País que supuso que los militares iban a reconocer
"sus desviaciones de conductas" durante la dictadura militar.
Sin embargo, agregó, insisten en defender ese período de facto ante la
ciudadanía, pero el pueblo uruguayo "puede discernir la
verdad".

Por su parte el diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Varela, afirmó a El
País que los actos de ayer significaron "una expresión del
pasado" y coincidió con Rosadilla acerca de que se trata de resabios
de la pasada dictadura militar. "Los actos se vinculan a una parte
de las Fuerzas Armadas que están comprometidas con violaciones a los
derechos humanos", dijo. Varela señaló que este gobierno pretende
alcanzar la reconciliación a través de la verdad y no mediante el
ocultamiento de hechos como hicieron otros gobiernos y un grupo de
militares.