Carta de protesta a Zapatero por apoyo Ence

Cuarenta y cuatro organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y el Estado español protestan ante el Gobierno español por el financiamiento con fondos públicos y mediante entidades financieras españolas de una planta de celulosa de ENCE en Uruguay, al tratarse de un proyecto que implica graves impactos sociales y ambientales. Montevideo, Barcelona, Madrid, 14 de abril de 2008

Mientras en Uruguay organizaciones sociales, ambientales y productores rurales -rechazan la instalación de una planta de celulosa de la empresa española ENCE en Punta Pereira (Colonia, Uruguay), en el Estado español, varias entidades financieras autorizaron créditos apoyando el nuevo proyecto de ENCE. En efecto, para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó a principios del mes de abril de 2008 un crédito sindicado con el BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones de euros serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay. Por otra parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) evalúa desde el mes de octubre apoyar el proyecto con fondos públicos.

Se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido a los importantes impactos sociales, económicos y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Cabe recordar que organizaciones de distintos puntos de Uruguay se presentaron el 1 de abril en una Audiencia Pública --organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa española presentase su proyecto a la población-- para manifestar su total oposición a la instalación de una fábrica de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, pero que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación.

Entre las razones que motivan esta oposición se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de los monocultivos de eucaliptos a gran escala y de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas plantaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales. De acuerdo con los productores, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente de 300. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en zona franca y puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias.

Estamos frente a un mega-emprendimiento industrial que va a producir más de un millón de toneladas al año, el doble de celulosa de lo que produce la empresa en sus fábricas instaladas en España. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos de consideración sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. Por último, la empresa ENCE se considera -según su sitio web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas.

Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español transmiten una carta de protesta al Presidente José Luis Zapatero, considerando:

• 
  Que el Gobierno español no puede consentir el apoyar con fondos públicos españoles (mediante el ICO y CESCE) un proyecto que no solamente implica graves daños sociales y ambientales, pero además genera la oposición de la población local potencialmente afectada.
  
• 
  Que el Gobierno español debe velar por la responsabilidad social y ambiental de las empresas y entidades financieras españolas, tanto en el territorio español, como en el exterior, y particularmente en los países del Sur.
  

FIRMAN:

En Uruguay:
Accionar entre Mujeres - Guyunusa,
AFESSOR (Asociación de Funcionarios de Enseñanza Secundaria se SORIANO),
APODU (Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay),
Asamblea Ambiental del Callejón de la Universidad,
Asociación Agropecuaria de Tarariras (Colonia),
Asociación Civil La Cotorra (Radio La Cotorra F.M.),
Casa Pueblo Arcoiris - Tarariras (Colonia),
CAX Tierra, Charrúas de ATALA,
Comisión de Productores y Vecinos de Conchillas,
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida,
Coordinadora Mercedes contra las Plantas de celulosa y los Monocultivos forestales,
Grupo Eco-Tacuarembó,
Grupo Guayubira ,
Grupo Pirí,
Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación,
Movimiento de Chacreros del Ejido de Mercedes,
Movimiento de Productores de Colonia,
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales,
MOVITDES (Movimiento Vida, Trabajo y Desarrollo Sustentable),
Plataforma DESCAM - Uruguay,
Plenario de Cooperativas de Viviendas de Propietarios y Conjuntos Habitacionales (COVIPRO-CH),
Primer Centro de la Ecología,
Rapal-Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas en América Latina),
Red Alternativas y Solidaridad,
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas,
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay,
REL-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación),
SERPAJ Uruguay,
Sociedad Ecológica San Gabriel (Colonia),
SOVICAR - Sindicato de Obreros Vitivinicultores de Carmelo (Colonia),
Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU) (Colonia).

En el Estado español:
Attac,
Baladre,
CGT Madrid,
Ecologistas en Acción,
Ekologistak Martxan,
Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos,
Espacio Alternativo,
Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad,
SETEM,
Verdegaia,
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització.

Más información:
Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)
Telf. +34 - 619949053
agroecologia@ecologistasenaccion.org
María Selva Ortiz (REDES-Amigos de la Tierra Uruguay)
Telf. 598 - 99259822 ó 5982 9082730
agua@redes.org.uy
Elizabeth Díaz (Grupo Guayubira)
Telf. 598 - 99367966 ó 5982 - 4132989
info@guayubira.org.uy

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Sr. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Estado español
Palacio de la Moncloa
28071 Madrid
jlrzapatero@presidencia.gob.es

Montevideo, Barcelona, Madrid, 14 de abril de 2008

Sr. Presidente,

Por la presente, las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y del Estado español abajo firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por el apoyo con fondos públicos (ICO y posiblemente CESCE), y por parte de entidades financieras españolas tales como BBVA, Caja Madrid, Banco Sabadell y Banesto, del proyecto de ENCE en Uruguay.

Cabe recordar que el 19 de octubre de 2007, la Compañía Española de Créditos a la Exportación (CESCE) publicó entre los proyectos de Categoría A en proceso de tramitación, el “Proyecto de Construcción de una planta de celulosa en Punta Pereira, Uruguay”. Este proyecto será llevado a cabo por la empresa española ENCE, y contempla una producción anual de un millón de toneladas. La nueva instalación contará con un puerto propio y se encontrará equidistante de las zonas forestales y del Atlántico. Se prevé que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2009 y que alcance su producción máxima un año después. Para esta operación, que representará un costo de 1.385 millones de euros, ENCE ha solicitado una póliza por "riesgos políticos" a CESCE, en la cual el Estado tiene la mayoría del capital (50’25%). Puesto que se trata de una operación "riesgo-país" por cuenta del Estado, es el Gobierno español, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del propio presidente del Gobierno, quien tiene el peso decisivo sobre su aprobación. Por otra parte, a principios del mes de abril de 2008, para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó un crédito sindicado con el BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones de euros serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay.

Consideramos que se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido a los importantes impactos sociales, económicos y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Diferentes organizaciones sociales, ambientales y de productores rurales de Uruguay se presentaron el 1 de abril de 2008 en una Audiencia Pública --organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa española presentase su proyecto a la población-- para manifestar su total oposición a la instalación de una fábrica de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, sino que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación (para más información figuran en anexo las observaciones de las organizaciones uruguayas al Resumen de Estudio de Impacto Ambiental enviadas a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el escrito presentado posteriormente una vez que tuvieron acceso al expediente completo de ENCE).

Entre las razones que motivan esta oposición se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de los monocultivos de eucaliptos a gran escala y de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas plantaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales del Departamento de Colonia, que se dedican a la agricultura, apicultura y la lechería. De acuerdo con los productores, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente de 300. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en zona franca y puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias.

Estamos frente a un mega-emprendimiento industrial que va a producir más de un millón de toneladas al año, el doble de celulosa de lo que produce la empresa en sus fábricas instaladas en España. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos de consideración sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. Por último, la empresa ENCE se considera -según su sitio web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas.

Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español abajo firmantes instamos al Gobierno español:

* En lo que refiere a los fondos públicos: Que el Gobierno no apruebe la póliza de CESCE ni el financiamiento por parte del ICO al proyecto mencionado

* En lo que refiere a las inversiones españolas: Que el Gobierno vele por la responsabilidad social y ambiental de las empresas y entidades financieras españolas, tanto en el territorio español, como en el exterior, y particularmente en los países del Sur.
Es hora de asumir una actitud responsable y de compromiso a favor de un desarrollo sostenible, y en pleno respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en los países del Sur. Las empresas y entidades financieras españolas han generado en los últimos 15 años múltiples conflictos sociales y ambientales en los países del Sur, y en América Latina en particular, sin participar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas. Sin negar que hayan podido producir efectos positivos puntuales, el balance es claramente negativo. Usted comprenderá nuestra inquietud cuando ésta situación además se perpetua con el apoyo de fondos públicos de lo/as ciudadano/as del Estado español.

Agradeciendo de antemano la atención que prestará a esta carta, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente,

FIRMAN:
En Uruguay:
Accionar entre Mujeres - Guyunusa, AFESSOR (Asociación de Funcionarios de Enseñanza Secundaria se SORIANO), APODU (Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay), Asamblea Ambiental del Callejón de la Universidad, Asociación Agropecuaria de Tarariras (Colonia), Asociación Civil La Cotorra (Radio La Cotorra F.M.), Casa Pueblo Arcoiris - Tarariras (Colonia), CAX Tierra, Charrúas de ATALA, Comisión de Productores y Vecinos de Conchillas, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Coordinadora Mercedes contra las Plantas de celulosa y los Monocultivos forestales, Grupo Eco-Tacuarembó, Grupo Guayubira , Grupo Pirí, Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación, Movimiento de Chacreros del Ejido de Mercedes, Movimiento de Productores de Colonia, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, MOVITDES (Movimiento Vida, Trabajo y Desarrollo Sustentable), Plataforma DESCAM - Uruguay, Plenario de Cooperativas de Viviendas de Propietarios y Conjuntos Habitacionales (COVIPRO-CH), Primer Centro de la Ecología, Rapal-Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas en América Latina), Red Alternativas y Solidaridad, Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, REL-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación), SERPAJ Uruguay, Sociedad Ecológica San Gabriel (Colonia), SOVICAR - Sindicato de Obreros Vitivinicultores de Carmelo (Colonia), Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU) (Colonia).
En el Estado español:
Attac, Baladre, CGT Madrid, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos, Espacio Alternativo, Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad, SETEM, Verdegaia, Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització.

Cc. Sr. Miguel Angel Moratinos Cuyaubé
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Plaza de la Provincia, 1
28071 Madrid
informae@mae.es

Cc. Sr. Pedro Solbes Mira
Ministro de Economía y Hacienda
C/Alcalá, 9
28071 Madrid
gabinete.vicepresidente@meh.es

Cc. Sra. Cristina Carbona Ruiz
Ministra de Medio Ambiente
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071- Madrid
informacionmma@mma.es

Cc: Sr. Juan Badosa
Presidente de la Compañía Española
de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE)
C/ Velázquez, 74
28001 Madrid
jbadosa@cesce.es, daguera@cesce.es

Cc. Sr. Aurelio Martínez Estévez
Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Paseo del Prado, 4
28014 Madrid
ico@ico.es

Cc. Sr. Francisco González Rodríguez
Presidente del BBVA
Gran Vía, 1 – 15ª planta 48001 Bilbao
comunica@grupobbva.com

Cc. Sr. Josep Oliu i Creus
Presidente del Banco Sabadell
Pl. Sant Roc, 20
08201 Sabadell
info@bancsabadell.com

Cc. Sr. Isidre Fainé Casas
Presidente de La Caixa
Avenida Diagonal 621-629
08028 Barcelona
prensa@lacaixa.es

Cc. Ana Patricia Botín
Presidenta de BANESTO
Avda Gran Vía de Hortaleza nº3, 28033 Madrid
correo@banesto.es

Cc. Sr. Miguel Blesa
Presidente de Caja Madrid
Plaza de Celenque, 2
28013 Madrid
eca.cajamadrid@usal.es

Anexos: mencionados

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