¿Cuánto dinero ganan los canales privados con las elecciones

La República, 15 de abril de 2008 - Manuel Flores Silva (*)





Una de las cosas más notables de este país es cómo
sus clases dirigentes logran que la gente común y corriente no se
entere de lo que verdaderamente pasa de importante. Hay como dos
agendas. Una, la de la realidad más trascendente, que logra ser
enmascarada. Y otra, la que se le presenta a la gente.


El
mes pasado, por ejemplo, ocurrió algo gravísimo en una Comisión del
Senado. El oligopolio televisivo se llevó por delante a los partidos ¬y
aquí no ha pasado nada- y logró que todo un capítulo del proyecto de le
financiamiento de los partidos políticos, antes consensuado, fuere
eliminado. El capítulo que garantizaba, según es norma en las
democracias desarrolladas y en buena parte de Latinoamérica, publicidad
gratuita en los medios televisivos durante la campaña electoral. Para
evitar que la política fuere rehén del dinero, lo que le termina
costando carísimo a la sociedad que es la que paga las irregularidades
generadas. En torno al 60% o 70% de los gastos electorales se vierten a
la televisión. Los partidos recaudan, pues, mediante un sistema
bastante turbio para llevarle ese dinero a los canales privados que
gozan, paradójicamente, de una licencia estatal. Los canales lucran con
la democracia. El mundo civilizado no lo soporta. La Comisión del
Senado, al parecer, sí.
¿De cuánta plata hablamos?
A partir de unos estimados iniciales de Juan Rial se calculaba que
el ciclo electoral de elecciones presidenciales, parlamentarias y
municipales 1999/2000 le iba a costar a los partidos, sumando lo que
iban a gastar todos ellos, 30 millones de dólares (Juan Rial, "
Financiación de partidos en Uruguay" en Castillo, Zovatto, 1998).
Kevin Casas Zamora, que estudió la financiación de los partidos
uruguayos para su tesis de doctorado en Oxford, estimó, luego de hablar
con especialistas de todos los partidos y de sus comisiones de
finanzas, con las empresas medidoras de publicidad emitida, con las
gerencias de los medios de comunicación, que la cifra había sido algo
mayor (Kevin Casas, " Paying for Democracy in Latin America: Political
Finance ante State Funding for Parties in Costa Rica and Uruguay",
Oxford University). Para Casas en 1994 los partidos en su conjunto
gastaron 35,6 millones de dólares y en 1999-2000 gastaron 39 millones
de dólares (Kevin Casas, Cuadernos del Claeh 86, 2003).
Hay dos cifras que nos interesa subrayar ahora: cuánto de ese dinero
tuvieron que salir los partidos a "mangar", como se dice popularmente,
y cuánto de ese dinero fue para los canales.
En 1994 el Estado, según datos oficiales, otorgó a los partidos 15,3
millones de dólares de modo que los partidos debieron "recolectar"
privadamente 20,3 millones.
En 1999-2000 el Estado dio 20,5 millones de modo que hubo que
"recolectaron" 18,5 millones de dólares. Probablemente unos cuantos
compromisos.
Kevin Casas proporciona un dato relevado de las gerencias de los
canales montevideanos: sólo en Montevideo se gastó, en la elección
presidencial de 1999, 10.3 millones de dólares. A eso debe agregársele
lo que se gastó en el interior en 1999 y en Montevideo e interior en la
elección municipal de 2.000. Ahora bien. Es un dato interesado
proporcionado por los mismos canales.
Daniel Chasquetti y Rafael Piñeiro, sin embargo, en base a los datos
de las empresas que miden la publicidad emitida, estiman que en 1999
(sin contar las municipales de 2000) los partidos gastaron en
televisión 27.655.733 dólares (" El financiamiento de los partidos
políticos en Uruguay. Un problema de calidad de la democracia", Daniel
Chasquetti, Rafael Piñeiro).
Por esos entornos, pues, es del dinero del que se está hablando.
¿Por qué fracasó la Comisión?
La ley de financiamiento de partidos busca, por un lado, que los que
donan 20 millones de dólares no puedan poner a su servicio a los
partidos políticos. Éstos sin dinero no pueden competir. La legislación
comparada de otros países proporciona elementos para evitar la
influencia política de las contribuciones. Básicamente que cada
donación esté identificada, que las donaciones estén limitadas en su
monto, que todos los datos sobre los ingresos y gastos de los partidos
sean públicos, que los mismos datos sean objeto de permanente auditoría
y fiscalización y que existan sanciones penales, civiles y electorales
a los que violen la ley. Entre otras normas.
También las leyes de financiamiento de los partidos buscan que éstos
tengan acceso a la comunicación pública a través de la concesión de
espacios gratuitos en los canales privados de televisión. Así, además
de abordar la clave democrática de que todas las ofertas electorales
tengan igual oportunidad, se achica el costo de cada elección de los
partidos.
Así, por ejemplo, Chile, Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú
(el 85% de los ciudadanos de América Latina) tienen sistemas que le
brindan espacios publicitarios gratuitos en la televisión privada a los
partidos.
En realidad, los sistemas están avanzando crecientemente en el
sentido de evitar que el dinero pese en la política. Primero porque
ellos es antidemocrático. Luego porque fomenta los compromisos de los
políticos y la corrupción. En Brasil, Chile y Colombia (en las
elecciones parlamentarias), por ejemplo, está prohibido comprar, además
de la publicidad gratuita que se le cede a los partidos, publicidad
paga o remunerada. Nadie puede pasar más publicidad que la que tiene
asignada. La cantidad de plata que se gaste deja de ser la variable más
importante de la elección.
Un tema crucial pasa a ser, desde luego, el cómo se reparte el espacio entre los partidos.
Esto es una clave para entender por qué fracasó la propuesta en la
Comisión del Senado. No sólo es que hubo presión del monopolio
audiovisual sino que, además, la fórmula de distribución de los
espacios gratuitos de televisión que mandó el Poder Ejecutivo era
desusadamente favorable al partido de gobierno. No le convenían a la
oposición. Es decir, cuando se legisla en torno a asuntos tan delicados
y decisivos para la calidad de la democracia como es éste, debe
legislarse del modo más neutral posible, obtenerse luego, el mayor
consenso posible.
¿Cómo se reparten los espacios televisivos en los países que hemos nombrado?.
En las elecciones presidenciales de Chile, Perú, Argentina los
espacios se reparten en un 100% equitativamente entre los partidos.
(Estamos siguiendo los datos tanto de Juan Rial, "Financiamiento
político: el acceso de los partidos a los medios de comunicación" en
Griner y Zovatto, 2004, como los datos de Griner y Arias en "Medios de
comunicación y partidos políticos en América Latina"). En los otros
países un porcentaje se reparte por partes iguales entre los partidos y
otro porcentaje se reparte de acuerdo a la proporción de votos en la
anterior elección.
Por ejemplo, en México el 30% del espacio se reparte de forma
equitativa y el 70% proporcional. En Brasil, el 33% en forma
equitativa. En Colombia el 70%. La propuesta del proyecto de ley del
gobierno uruguayo fue que la parte que se reparta equitativamente fuere
sólo del 20%. Inusitadamente baja. Inexistente a nivel comparado. Se
favorece así -apoyando económicamente demasiado la proporción de la
anterior elección- obviamente al partido de gobierno, cualquiere que
fuere.
Ello cuando en realidad ya ahora se reparte el dinero estatal que se
otorga exclusivamente por el sistema proporcional (tanto dinero por
voto). Ello no es así, por ejemplo, en Argentina, México, Ecuador,
Panamá y Paraguay, donde una parte mayoritaria, sí, se reparte de modo
proporcional, pero otra parte del dinero se reparte por partes iguales
entre los partidos, pues se trata de que el dinero concedido favorezca
al sistema y no a la perpetuación del titular del sistema. Pero esto no
está en discusión en Uruguay, luego de regir ya 80 años. Lo que se
analiza es que si también los espacios gratuitos son casi todos
proporcionales entonces los dos efectos sumados se convierten en un
desbalance.
Si los partidos no hilan más fino para consensuar, los canales se
llevan el cuantioso premio: 30 millones de dólares. Y, hay que liberar
a los partidos de las cosas que empresarios desubicados le piden para
darle esa plata a los partidos.
(*) Fue Director de Jaque, de Posdata y Senador