PROTESTAN EN ITALIA POR LIBERACIÓN DE TRÓCCOLI

Representantes de los familiares de los desaparecidos ítalo-uruguayos
protestaron este martes por la liberación en Roma del ex militar uruguayo
Jorge Tróccoli, detenido en Italia desde diciembre del 2007 por violación
de derechos humanos durante la dictadura en Uruguay.

La representante de los familiares, Cristina Mihura, dijo que solicitó
asesoramiento de abogados para presentar una denuncia penal a los efectos
que sean investigados los responsables que determinaron la liberación de
Trócoli. Tróccoli, de 60 años, con pasaporte italiano, fue detenido en
Salerno, al sur de Italia, el 24 de diciembre de 2007 y liberado el
pasado 23 de abril por la justicia italiana, tras vencer el plazo para
mantenerlo bajo arresto, indicaron este martes fuentes de prensa
locales.

"Alguien por negligencia grave o en forma intencional ha impedido
que Tróccoli fuese entregado a la justicia uruguaya por el caso en
cuestión", declaró Mihura. El capitán de navío retirado, ex miembro
de los servicios de inteligencia de la Armada (Fusna), acusado en Italia
de homicidio voluntario y secuestro de persona, figura en la lista de
militares sudamericanos acusados de la desaparición y muerte de unos 25
ciudadanos italianos.

La causa contra los militares sudamericanos fue abierta en 1998 en
Italia, donde pueden ser juzgados en rebeldía, según prevé la legislación
italiana. Tróccoli, que esperaba en una cárcel romana ser extraditado a
Uruguay, fue liberado por orden de la Corte de Apelaciones de Salerno
encargada de examinar el pedido de extradicción.

Los familiares de detenidos desaparecidos resolvieron anoche solicitar
una entrevista con el canciller Gonzalo Fernández, luego que la Justicia
italiana rechazara el pedido de extradición contra el capitán de navío
(r) Jorge Tróccoli, al llegar fuera del plazo legal.

López Goldaracena. Hay que investigar la demora negligente del Estado
uruguayo. La Justicia italiana rechazó el pedido de extradición contra
Tróccoli ya que el exhorto que libró el juez Penal de 19º Turno, Luis
Charles, llegó fuera del plazo legal estipulado para ser presentado en la
Corte de Apelaciones de Salerno.

El magistrado remitió el expediente, con toda la documentación adjunta de
la causa abierta contra el marino en Uruguay, a la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), el 13 de febrero de 2008, pero el mismo se presentó ante
el tribunal italiano el 31 de marzo, ocho días después de vencer el plazo
legal. En ese sentido, los integrantes de Familiares de Detenidos
Desaparecidos pretenden comunicarse con el canciller de la República a
los efectos que les brinde aclaraciones sobre el desarrollo de las
acciones de la secretaría de Estado en el caso Tróccoli.

El director de Protocolo de la SCJ, Raúl Oxandabarat, confirmó la fecha
de ingreso del expediente a la Corte para su traducción, pero aseguró que
un mes después, el 13 de marzo, el mismo se envió al Departamento de
Jurídica de la Cancillería para que "vía valija diplomática" se
lo remita hacia Italia. Incluso se informó a la Cancillería, el 12 de
marzo, que el exhorto se remitiría a esa dependencia, dijo
Oxandabarat.

La embajada uruguaya en Roma, sin embargo, entregó el pedido de Charles
recién el 31 de marzo, por lo que, de acuerdo al artículo 6 del tratado
binacional de 1879 entre Uruguay e Italia, Tróccoli quedó en libertad
"y no podrá ser detenido por la misma causa". El vencimiento
del plazo implicó que la Corte de Apelación de Salerno resolviera el 24
de abril "la puesta en libertad inmediata, sin custodia por otra
causa de Jorge Tróccoli", en relación a lo que dispone el artículo 7
del tratado binacional.

El abogado patrocinante en la causa de los traslados clandestinos de
1978, Oscar López Goldaracena, concurrió ayer al Juzgado Penal de 19º
Turno, para interiorizarse del trámite que se le dio al expediente, tras
lo cual señaló que "no hubo ninguna responsabilidad del juez
Charles" en la demora.

López Goldaracena solicitó que se investigue la responsabilidad de la SCJ
y la Cancillería en las demoras que sufrió el expediente. "Se debe
investigar la demora negligente del Estado uruguayo y determinar a los
responsables de esa falta de diligencia porque deberán asumir su
responsabilidad", ya que "no es cierto que el pedido de
extradición haya estado incompleto", dijo López Goldaracena a La
República.