ENTRE LA NEGOCIACION Y EL ESPANTO

Bolivia

Continúa la dura negociación entre el
gobierno de Evo Morales y la oposición golpista en el departamento de
Cochabamba. A juicio de los observadores enviados por organismos
internacionales puede llegarse a acuerdos que pongan fin a la actual crisis
política. Delegados de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ONU, la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), seguirán
el curso de las comisiones técnicas y las sesiones plenarias previstas.
Admitieron si que existen serias divergencias en algunos temas, por ejemplo:
las autonomías. Morales estaría dispuesto a aceptar en las aspiraciones
autonómicas a cambio de un apoyo a la nueva constitución aprobada mediante
un referendo. Ratificó el objetivo de refundar a Bolivia bajo los valores de
equidad y justicia para toda la población. El mandatario admitió avances en
las discusiones técnicas sobre las autonomías y el Impuesto Directo de
Hidrocarburos (IDH), pero no suficientes para llegar a un consenso. El
jueves se llegó a un empantanamiento, por lo que se pospuso hasta la semana
próxima la eventual firma de un acuerdo. Aseguró que varios prefectos
parecían dispuestos a firmar un acuerdo con el Gobierno, pero otros no
terminan de admitir una nueva normativa que dará más poder a los indígenas,
que eliminará los latifundios y nacionalizará los recursos naturales. El
vicepresidente Alvaro García rechazó expresamente toda posibilidad de abrir
todo el texto constitucional, calificando esta intención de la derecha como
un despropósito: "no se puede ganar en una mesa de diálogo lo que se perdió
delante del pueblo mediante el voto", dijo. Calificó la propuesta de chacota
política, un sinsentido cuando 168 de los 250 miembros de la Asamblea
Constituyente aprobaron la nueva carta magna; "no es posible que con 10 ó 15
votos se quiera chantajear para imponer cambios". Las organizaciones
sociales que apoyan a Morales no descartan una movilización masiva contra
los prefectos que bloquean la nueva Constitución.

POSPONEN BLOQUEO DE SANTA CRUZ - La medida tomada por las organizaciones
populares apunta a mejorar el clima para un acuerdo entre oficialismo y
oposición. Miles de campesinos decidieron hacer un alto en las protestas
según informó Félix Martínez, líder del movimiento. Pero la opinión no es
unánime y son miles los que igualmente quieren sitiar a la derecha que
promovió una masacre de campesinos. Pese a ello se produjo la suspensión de
los cortes de ruta y de una marcha sobre Santa Cruz, bastión opositor. La
decisión es sólo temporal, hasta el 15 de octubre. Las fuerzas sociales
mantuvieron aislada a Santa Cruz con cortes en 4 rutas. Sin embargo la
decisión generó malestar en las bases. Algunas comunidades que habían
iniciado la marcha desde puntos lejanos, la continuarán. En esta dirección,
uno de sus representantes, Orlando Llanos, dijo que "quieren primero que los
prefectos firmen el acuerdo con el Gobierno antes de levantar cualquier
medida". Parte de los cocaleros se mostraron desconformes y otros ya
anunciaron que no acatarán la medida, mientras otros llamaron a la
disciplina.

INVESTIGAN MASACRE - La Cámara de Diputados de Bolivia se sumará a las
investigaciones sobre la masacre de campesinos desarrollada en el
departamento de Pando. Jorge Silva, subjefe de bancada del Movimiento al
Socialismo (MAS), confirmó que viajarán a la localidad de Porvernir y
Filadelfia, donde fueron atacadas las víctimas. El saldo de la represión
fascista fue de 18 muertos, decenas de heridos y 106 desaparecidos. Contarán
con peritos en balística, forenses y el fiscal asignado al caso en la
delegación. Mary Carrasco, abogada de familiares de tres víctimas fallecidas
denunció que la Corte Suprema pretende beneficiar al prefecto opositor,
Leopoldo Fernández, acusado de genocidio. Para la jurista, el intento de
trasladar al dirigente de La Paz a Sucre, sede del poder judicial, es una
estrategia de encubrimiento para luego liberarlo. Esto implicaría, dijo, la
institucionalización de la impunidad en el país. Agregó que los magistrados
incurrieron en el delito de tráfico de influencias por pronunciarse en menos
de 24 horas sobre un trámite dirimitorio que toma habitualmente dos o tres meses