LEJOS DE LA HISTORIA LA AGONÍA DE SANGUINETTI

Samuel Blixen (Brecha)

Elaborado más como un insumo para la campaña electoral que se avecina
que como una reflexión histórica rigurosa sobre el proceso que
desembocó en la dictadura militar, La agonía de la democracia, el
reciente libro de Julio María Sanguinetti, incluye dos novedades
puntuales. La primera, referida a los posibles motivos del asesinato
del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974. Jefe de la
inteligencia militar, Trabal debió aceptar su traslado a Londres y
París como agregado militar después de que sus colegas bloquearon su
ascenso a general a fines de 1973, cuando la derrota de la
"subversión", la disolución del Parlamento y la proscripción de los
partidos políticos dio paso a la lucha intestina entre las fracciones
golpistas de las Fuerzas Armadas.

Que la orden de ejecución surgió de las cúpulas militares -un operativo
que incluyó el asesinato de cinco tupamaros presos, cuyos cuerpos
acribillados fueron arrojados en las cunetas a la entrada de Soca para
sugerir una "represalia" y atribuir el hecho al MLN- es una convicción
que incluso comparte Sanguinetti. Pero en el libro el ex presidente hoy
senador sugiere que la sentencia de muerte de Trabal fue un ajuste de
cuentas tardío de militares de filiación blanca, "Vadora, Ramírez,
Ballestrino, Morales, Núñez, Espalza y los hermanos Artigas y Gregorio
Álvarez ", que participaron de una cena conspiran va en junio de 1969,
conocida como "la buseca", reunión "emblemática de los primeros
intentos de configuración de lo que más tarde será el núcleo golpista
de 1973".

Como coordinador ejecutivo del Ministerio del Interior, Trabal dirigió
el operativo de vigilancia en la residencia de Vadora en Punta Gorda, y
para Sanguinetti "este episodio le significará a Trabal una permanente
actitud de sospecha de algunos generales que incluso le harán pagar
cara esa desconfianza cuando lo destinen a París, donde será
asesinado". La otra novedad adquiere carácter de primicia: el 20 de
abril de 1972, cuatro días después de la masacre de comunistas en el
Seccional 20 de Paso Molino, un comando de la Armada mata a dos
soldados del Ejército que custodiaban al comandante del Ejército,
general Florencio Gravina. Lo cuenta así: "Las operaciones militares y
policiales no están bien coordinadas (...). En pleno día ocurre una
insólita actuación en el domicilio del comandante del Ejército. Una
patrulla de la Armada, que allana una casa vecina, advierte la
presencia de dos hombres armados en el techo de la finca contigua y los
mata, sin advertir que se trata de sol
dados
vestidos de particular que custodiaban el domicilio del comandante.
Los marinos rodean el inmueble, copan incluso una escuela en la que las
maestras deben ordenar a los escolares que se arrojen al suelo, y el
mismísimo comandante en jefe, en persona, termina dentro de un cuarto
de baño de su casa, con una granada en la mano gritando inútilmente el
cese del fuego. El episodio no se da a conocer públicamente, pero es
inocultable testimonio del clima que se vive ". Por una vez,
Sanguinetti no menciona ni los nombres de los soldados muertos, ni su
edad, ni su condición humilde, como lo hace invariablemente cuando
menciona a militares y policías abatidos, incluso cuando consigna la
"juventud y modestia " del policía que mató a Líber Arce en agosto de
1968 en medio de una "asonada estudiantil" que convirtió a víctima y
victimario en "juguetes del destino ". El modesto policía -dice-
"naturalmente fue procesado(.. .).A partir de ese momento el movimiento
estudiantil -y la oposición
toda
- tienen su mártir".

Salvo las dos novedades anotadas, el texto de 376 páginas despliega un
recuento de las acciones tupamaras entre 1963 y 1972 a los solos
efectos de "demostrar" que la guerrilla fue responsable de la
arremetida militar contra las instituciones. Como el golpe se produce
después de que la guerrilla fuera derrotada militarmente, y como la
represión militar se desencadena y se desarrolla según las directivas
expresas del poder civil (la Presidencia y el Parlamento), Sanguinetti
hace interactuar a los dos demonios (la teoría que ubica a los sectores
civiles de poder como espectadores en el ping-pong sangriento de
guerrilleros y militares) en dos planos temporales: "Si el radicalismo
de izquierda ha llevado al país a una guerra, el de la derecha procura
arrastrar al Ejército al golpe de Estado ".

¿Dónde ubica a la derecha radical? En el Herrerismo; el Partido
Colorado, que sustentó el autoritarismo de Jorge Pacheco Areco y la
escalada de Bordaberry hasta que firmó el decreto de disolución (porque
"el Parlamento (que) no dejaba gobernar, se colocó fuera de las
instituciones "), se atuvo a los términos de la Constitución, en la
visión de Sanguinetti: "En los últimos tiempos se ha pretendido
desarrollar un particular concepto de autoritarismo previo al golpe de
Estado, en la presidencia de Pacheco, asociando subliminalmente ese
concepto a la idea de dictadura (...). Podrá discutirse si cada medida
fue adecuada o excesiva, pero no se puede ignorar que las autoridades
democráticas, por definición, deben enfrentar cualquier fenómeno que
altere el orden público ".

Hay, pues, dos hercúleas tareas en el contenido de La agonía de una
democracia: demostrar que el Partido Colorado, entre 1967 y 1972, se
limitó a "afirmar la autoridad del Estado"; y demostrar que un sector
de la izquierda se precipitó en la violencia, tanto callejera como
armada, porque sí. En el intento, Sanguinetti abusa de las
tergiversaciones y las manipulaciones de datos. El concepto de
"dictadura legal" de Pacheco no fue acuñado "en los últimos tiempos":
basta con leer Marcha (una fuente a la que Sanguinetti recurre cuando
le conviene) para registrar la acusación, desde los editoriales de
Quijano ("Nunca las medidas prontas de seguridad han puesto en mayor
peligro la estructura constitucional del país y la libertad de los
ciudadanos. La escalada, de continuar, lleva a la dictadura, y la
violencia engendra violencia", 5 de julio de 1968), hasta las
caricaturas de Peloduro.

Y en la recopilación de documentación, "olvidó" consignar las
afirmaciones de Amílcar Vasconcellos a propósito de la defensa que
hacía Acción (diario del cual Sanguinetti fue editorialista hasta su
cierre en 1973) del criterio de Pacheco en la aplicación de las medidas
prontas de seguridad: "La doctrina que enuncia Acción es una doctrina
que lleva a la dictadura y quienes la enuncian saben que es así. Los
hechos que se están procesando llevan al quebrantamiento cada vez mayor
del orden institucional y legal y a la limitación mayor de las
libertades ciudadanas, y quienes lo están empujando lo saben " (citado
por Hugo Cores en "El 68 uruguayo").

En el esquema del ex presidente es imprescindible ubicar el comienzo,
dónde está el huevo y dónde la gallina. Los dos primeros gobiernos
blancos del siglo pasado, pero en particular el segundo (1963-1967),
empollaron, al calor de un colegiado "somnoliento" e "inoperante ", la
"violencia latente " de la que fue expresión el robo de armas de El
Tiro Suizo. Aquellas carabinas oxidadas tuvieron mayor significación
que la muerte del profesor Arbelio Ramírez, que recibió el balazo
seguramente destinado al Che Guevara, de mano de "un grupo de derecha
nunca identificado". Salvo ésta, insoslayable, no hay referencias a la
violencia de la derecha, que apalea estudiantes, dibuja en la piel
cruces esvásticas a punta de cuchillo, asalta la Universidad y patotea
en los liceos. Hay una incapacidad de los gobiernos, blancos y
colorados, para identificar a los fascistas, pero esa incapacidad no
interpela a Sanguinetti, un actor principal de ese período, como
diputado, ministro, y dirigente de
la l
ista 15.

En cambio, se demora en la "virulencia" de los estudiantes, los
sindicatos y los grupos de izquierda. ¿Qué engendra esa virulencia? Al
pasar anota "la crisis que se insinúa" y que provoca "incertidumbre".
Pero la causa de la violencia está puntualmente identificada: "En el
principio fue Cuba ", escribe con tono bíblico. Y después: "El proceso
de radicalización ideológica, comenzado en los medios intelectuales,
invade también el sindicalismo, insuflado del espíritu de la revolución
cubana"; "Una embriaguez revolucionaria envuelve a esa muchachada, que
sueña con Fidel y el Che Guevara"; "Todo transita por la emoción cubana
y la revolución marxista".

La emoción es justificación suficiente para militarizar a 5 mil
empleados bancarios, o apalear a los obreros de los frigoríficos en el
Pantanoso o para responder a las piedras de los estudiantes con los
gases lacrimógenos "que llegan para quedarse" y las escopetas
antimotines "que recién se estrenaban". La embriaguez revolucionaria,
más que por las devaluaciones de la moneda, la inflación galopante, los
efectos de una política fondomonetarista, la bancarrota financiera, se
explica por el mayo francés, "revuelta parisina que alcanza el valor de
lo simbólico ", y más profundamente aun, por "la revolución en los
hábitos de comportamiento de la juventud", a saber: "la píldora
anticonceptiva, los festivales de rock, el mundo pop y hasta una nueva
estética en la vestimenta".

Con ese armamento ideológico, "encandilados por la revolución cubana",
los estudiantes se lanzan a la revuelta, manijeados por "un profesorado
radicalizado", así de lineal es la insania colectiva. Los "excesos" de
Pacheco Areco se justifican en la necesidad de sostener "la autoridad";
las medidas prontas de seguridad, reimplantadas inmediatamente cada vez
que el Parlamento las levantaba son, para Sanguinetti, un recurso
constitucional, y no encuentra en una forma de gobernar que apela
exclusivamente a la represión y a la limitación de las libertades,
ninguna responsabilidad. La generalización de la tortura, antes de la
irrupción de los militares a fines de 1971, es culpa de la justicia,
que no habilitó el uso del pentotal para interrogar a los detenidos. La
"absurda prohibición", dice, "alentó los excesos".

En esa línea argumental Sanguinetti manipula algunos hechos: la
clausura de Extra se justifica porque el diario de Federico Fasano era
"vocero de la acción subversiva ". Atribuye a los tupamaros la
intención de combatir la represión militar antes de que los militares
irrumpieran a fines de 1971, cuando expresamente la estrategia de la
guerrilla fue la de "desmoralizar" a los aparatos militarizados de la
Policía. Identifica a los legisladores del Frente Amplio como
impulsando la propuesta de provocar la renuncia de Bordaberry en 1972 y
llamar a elecciones generales, cuando el propio general Seregni rechazó
la idea por inconstitucional, en la medida en que debía respetarse, si
se producía la renuncia, la asunción del vicepresidente Sapelli.

Acusa a la izquierda de instalar una perversa identificación entre
empresariado y corrupción, generalizando episodios puntuales (el
escándalo del Banco Transatlántico, el vaciamiento del Mercantil por
los Peirano, o la ilegalidad de las "colaterales" que quedaron en
evidencia en el episodio de la financiera Monty). Atribuye a los
tupamaros una dependencia de Cuba, en entrenamiento y armamento, cuando
expresamente el MLN reivindicó su independencia. Habla de "la propia
libertad de la elección" (de noviembre de 1971) que desmiente la
"aureola dictatorial" del gobierno pachequista, olvidando que toda la
campaña electoral transcurrió bajo medidas prontas de seguridad.

Y lo más revelador: el asesinato del agente Ildefonso Kaulaskas, que
apareció en el Cerro, recostado contra un árbol con dos balazos en la
nuca, es atribuida por Sanguinetti a una "venganza" de los tupamaros,
cuya razón no explica. "Al día siguiente viene la respuesta: Manuel
Ramos Filippini (...) aparece acribillado a balazos en las rocas
vecinas al parador Kibón, en la playa de Pocitos (...). Tampoco hay
duda de que estamos ante una venganza, en el caso practicada por algún
grupo clandestino, presumiblemente de origen policial". La fuente es el
libro Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental, que lo induce a cometer
otras inexactitudes. En este caso, los tupamaros siempre deslindaron su
responsabilidad, de modo que, dado que Kaulaskas cubría servicios de
guardia externa en la cárcel de mujeres, de donde se evadieron 38
presas, presumiblemente fue ajusticiado por el mismo "grupo clandestino
de origen policial".

En varias ocasiones Sanguinetti recurre a la tercera persona del
singular y se refiere a sí mismo como "el autor". Invariablemente
utiliza el recurso para referir hechos y anécdotas de las que fue
protagonista o testigo directo. Es evidente que, como ministro y/o
dirigente de Unidad y Reforma, Sanguinetti tuvo acceso a información de
primera mano y participación en episodios clave en el último año de
Pacheco y en el primero de Bordaberry, incluso después de alejarse del
gobierno tras la detención de Jorge Batlle. Así, en carácter de
consejero político o de ministro, es poseedor de información
privilegiada. Sin embargo, en todo lo que se refiere a la existencia
del Escuadrón de la Muerte, Sanguinetti no oye nada, no dice nada, no
sabe nada. Para él, el Escuadrón es un grupo pequeño e inarticulado,
acaso con vinculaciones policiales nunca probadas.

Los más de 200 atentados de derecha cometidos durante 1971, en plena
campaña electoral y hasta marzo de 1972, nunca fueron comentados en el
núcleo reducido al que él tenía acceso, y nunca fue debatida la
incapacidad del gobierno para investigar esos hechos. Sanguinetti nunca
oyó al brigadier Danilo Sena, ministro del Interior, admitir el vínculo
oficial con el Escuadrón; nunca se enteró de la preocupación del
embajador estadounidense Charles Adair, que sí conocía esa confesión. Y
cuando recibió de manos del senador Juan Pablo Terra el informe
detallado sobre los integrantes de ese comando parapolicial y
paramilitar (casi todos colorados), se limitó a trasladarlo a la
Presidencia; no fue su responsabilidad si en lugar de investigar,
Bordaberry resolvió sacarlos del país o esconderlos en el Interior.

Esa amnesia es una de las debilidades de La agonía de una democracia.
Pero no importa, porque esas debilidades, y la manera tan particular de
escribir la historia, no hacen al objeto del libro: instalar la
subversión tupamara como eje del debate electoral.