Uruguay: el fraude de la celulosa

Uruguay: el fraude de la celulosa


Nueva publicación sobre el modelo de forestación y producción de celulosa en el Cono Sur: La complejidad y la amplitud de los problemas planteados por la implantación en el Uruguay de monocultivos de árboles en gran escala y la instalación de grandes plantas de producción de celulosa, así como las dificultades para realizar en la sociedad un debate serio y abierto en torno a estos temas, nos han llevado a intentar este nuevo aporte a la discusión. Hemos organizado en forma cronológica una exposición de nuestras investigaciones sobre las diferentes facetas de este tema. Más allá de nuestro punto de vista, que no se esconde, presentamos las opiniones de varios actores afectados, sobre todo las de los que han sido menospreciados por las autoridades, las empresas y los medios a su servicio.
Presentación
En efecto, hasta 2005 habían sido soslayados sistemáticamente por el gobierno los distintos llamados de atención y las evidencias de los efectos de este modelo productivo, pero desde ahí en adelante, cuando el gobierno del Frente Amplio refrendó el camino iniciado por sus antecesores, todo el aparato oficial y oficioso se dedicó a ahogar la disidencia.
El hilo conductor de este proceso es una sucesión de fraudes. El primer fraude es la propia ley Forestal, aprobada en 1987 e implementada por los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que justificó el uso de suelos "inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso", algo muy lejos de lo hecho realmente.
Fraude al no asumir que se estaba introduciendo un nuevo modelo productivo en el campo uruguayo y al no investigar y tomar las medidas necesarias cuando comenzaron a sentirse los primeros efectos: concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, expulsión de la familia rural, reducción de las fuentes de agua, aumento de plagas, etc.
Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas forestales y productoras de celulosa, que no brindan las informaciones apropiadas e ignoran los estudios existentes sobre los impactos de sus actividades. Y fraude de las autoridades ambientales nacionales que deberían obligarlas a rectificarse y a cumplir las disposiciones legales vigentes.
Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental y social de instituciones financieras como el BID y el Banco Mundial, que utilizan sus principios de sustentabilidad y de participación social, e incluso sus instancias de consulta con los sectores afectados, sólo como fachada para proseguir sus políticas tradicionales de apoyo a los proyectos del gran capital.
Fraude político del gobierno de Tabaré Vázquez, electo por su oposición a las políticas de los gobiernos anteriores, en particular a la política forestal y a la autorización de plantas de celulosa, que no sólo las mantuvo sino que las profundizó. Un gobierno que se autodefine como progresista y estigmatiza a los movimientos sociales que se le oponen.
Fraude, por fin, al desviar la atención y evitar la discusión de las cuestiones principales en juego mediante la exacerbación nacionalista en el diferendo con Argentina y, sobre todo, con la población de Gualeguaychú por el uso compartido del río Uruguay. Si se evalúan las consecuencias de estos hechos, se puede hablar de irresponsabilidad política.
CONTENIDO
Introducción
¿De qué estamos hablando? Capítulo 1 - Antecedentes y contexto internacional
La industria del cloro se muda hacia el Sur
Participación social, un dilema de la izquierda
Comunidades en defensa de su forma de vida
Max-Neef: El poder de una nube de mosquitos
IIRSA: La integración regional hacia afuera
Un puerto de aguas profundas en Uruguay
Por los territorios de Stora Enso en Brasil
Las ventajas competitivas de venir al Sur
Capítulo 2 - Los impactos de la forestación
Pueblos de campaña acorralados
Cambio de cultura, sin aviso previo
Las plantaciones no son bosques
La salida de Ence de Fray Bentos
Política forestal: una lavada de cara
Granjeros de Colonia frente a Ence
Uruguay no se parece a Finlandia
El discurso y la evidencia científica
Capítulo 3 - Lidiando con plantas de celulosa
Alicia Torres: Corriendo contra reloj
Ignacio Stolkin: Mucho más que un riesgo
Enrique Viana: La ley es la trampa
Río Uruguay: Las aguas bajan turbias
Ence en Colonia, los mismos problemas
Botnia admitió un ajuste tecnológico
Audiencia pública: El derecho al pataleo
Capítulo 4 - El conflicto fronterizo
Diplomacia en "estado de distracción"
Daneri: La piedra argentina en el zapato
Conflictos ambientales de nuevo tipo
Moussou: Es contra el Primer Mundo
La Ombudsman reconoció carencias
El pobre diálogo Kirchner-Vázquez
Estrategia de comunicación de Botnia
Otra fórmula que cayó en el vacío
"Bailando por ... una inversión"
Capítulo 5 - De la discusión pública
Botnia intenta desvirtuar el debate
Del Frigorífico Anglo a Botnia y Ence
Carta Abierta del Intendente de Río Negro
Respuesta al Intendente de Río Negro
Toma la posta Anastasía por Lafluf
Respuesta a la nota de Anastasía
Unos debates de ciencia-ficción
Para distinguir entre ciencia y política
Capítulo 6 - Balance y perspectivas
Sustentabilidad ambiental: ¿Tercero en el mundo?
Gobierno y medio ambiente, una relación difícil
Panario, Altesor, Cayssials: Hacer una evaluación
María Selva Ortiz: Estrategia de país equivocada
Fernando López: La crisis del productor familiar
Gonzalo Abella: Unir ciencia y cultura ancestral
Adriana Marquisio: Agua y soberanía nacional
Ricardo Carrere: Un modelo calcado país a país
A modo de conclusión
Víctor L. Bacchetta
Doble Clic Editoras
Setiembre de 2008
Por pedidos, dirigirse a: vbacchet@yahoo.com.ar

« Propuesta de FILATINA ante la información de un fraude enorme perpetrado por importantes empresas.
POR FAVOR ESCUCHÁ LAS PALABRAS DE UNA NIÑA CON SUMA ATENCIÓN: FUERON CONCIENZUDAMENTE PENSADAS PARA VOS. »

El gobierno de Uruguay tampoco sabe los daños que producen los monocultivos. Ingeniería forestal en defensa de la biodiversidad, contra la tala, desertificación, y los monocultivos como pino, eucaliptus y soja.

By homapastumi


Eucaliptos y plantas de celulosa
Negocio para pocos, desarrollo para nadie.
“El fraude de la celulosa” es el título de un nuevo trabajo de investigación de Víctor Bacchetta, que se presentó el 26 de septiembre 2008 en Montevideo.
En una declaración conjunta en ocasión del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles el 21 de septiembre, las organizaciones firmantes1 expresaron su rechazo al actual modelo forestal, que el Estado uruguayo ha estado impulsando desde la década de 1980. Se pronunciaron contra la “creciente concentración y extranjerización de la tierra”, el “vaciamiento del campo y la desaparición de pequeños agricultores”, la “disminución en la producción de alimentos” debido a la reasignación de suelos a plantaciones de árboles y soja, la “grave afectación de los principales recursos naturales” (agua y suelo), una “escasa generación de empleos” -a destajo, mal remunerados, sin seguridad laboral, mediante subcontrataciones y escasa sindicalización- y la “escasez y el encarecimiento de madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales”.

A continuación, propusieron la “suspensión inmediata de los permisos para plantaciones de pinos y eucaliptos” en gran escala, la “revisión de la actual legislación forestal”, una “evaluación de los impactos sociales y ambientales de las áreas actualmente forestadas”, el restablecimiento de la soberanía del país sobre el sector forestal mediante la aplicación del Artículo 47 de la Constitución, siguiendo el ejemplo de la gestión de los recursos hídricos, “un marco legal que impida la concentración de la tierra” en pocas manos, y la “adopción de políticas nacionales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida del productor familiar”. Plantearon, en resumen, la necesidad de reconocer formalmente la función social de la tierra y de actuar en conformidad con este principio.
En el mismo sentido, “El fraude de la celulosa”2 pone de manifiesto los efectos ambientales y sociales negativos de la expansión de los monocultivos forestales, fundamentalmente de eucalipto. Cuestiona asimismo los orígenes y la implementación de una política que fomenta sistemáticamente las inversiones multimillonarias de algunas transnacionales de la celulosa, que lejos de contribuir al desarrollo productivo y social del país, crean fuentes de trabajo de mala calidad, contaminan el ambiente y atentan contra la producción familiar.
Junto al autor, el periodista Víctor Bacchetta, intervinieron en la presentación del libro el ingeniero agrónomo Ricardo Carrere, director de la oficina regional del Movimiento Mundial para la Protección de los Bosques Tropicales (WRM), el demógrafo y productor Guillermo Macció, responsable de un proyecto único en el país de reforestación con especies indígenas, y el sociólogo Marcelo Carazans, coordinador de la Federación de Organismos para la Asistencia Social y Educacional (FASE) del estado federado de Espíritu Santo, Brasil.
En sus palabras introductorias Carrere se refirió al Día Mundial contra los Monocultivos de los Árboles, destacó la amplitud de la adhesión institucional a la declaración pública, y abogó por la modificación de la legislación forestal vigente. Seguidamente, Macció presentó un resumen de su evaluación de los Diarios de Sesiones de las Cámaras de Representantes y de Senadores desde el 4 de noviembre de 1985 hasta el 28 de diciembre de 1987, fecha en que se terminó de sancionar la Ley Forestal, que ha servido de base para la sistemática ampliación de los monocultivos de árboles y que prevé generosas exoneraciones impositivas para quienes planten eucaliptos en gran escala para su posterior procesamiento en las plantas de celulosa.
En su exposición, Macció destacó la casi unanimidad del apoyo parlamentario (56 en 58 votos en la Cámara de Representantes) al proyecto de fomento de la forestación presentado por el Poder Ejecutivo, que parecía reflejar un acuerdo entre los partidos previo a la votación parlamentaria. Finalmente, observó que la superficie declarada de prioridad forestal por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -un millón de hectáreas ya está siendo forestado para la producción de celulosa, encontrándose la mitad en manos de tres empresas- ha sido ampliada en varias oportunidades.
La intervención de Bacchetta confirmó esta observación, señalando que desde la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay se prevé una forestación muy superior a los 3 millones de hectáreas, para luego criticar la posición del gobierno por no reconocer los daños ambientales evidentes. En los cuatro años de preparación de “El fraude de la celulosa” el autor pudo comprobar los efectos ambientales y sociales nefastos de los monocultivos en el Interior del país, al tiempo que constató que la verdadera dimensión del problema está siendo desconocida por los habitantes de la capital del país, en parte porque desde los años ochenta el modelo agroexportador, incluyendo la forestación y la producción de celulosa, se había convertido en una política de Estado con el respaldo férreo del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. En consecuencia, la resistencia argentina contra las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, más específicamente de los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, fue interpretada como una agresión contra las decisiones soberanas del Uruguay, imposibilitando así una discusión seria sobre el impacto ambiental de la forestación desenfrenada y la fabricación de celulosa.


Efluentes de la Pastera Botnia, que son arrojados con su carga contaminante cada minuto en el Río Uruguay.


Cerrando la actividad, Marcelo Carazans informó sobre la larga lucha de la población indígena del norte de Espíritu Santo contra las tres fábricas de celulosa de la transnacional Aracruz y sus plantaciones. Amparada por el régimen militar, Aracruz comenzó a instalarse en 1968 e inauguró la primera fábrica en 1978. En el interín expulsó unas 15.000 familias, fundamentalmente de afrodescendientes, y destrozó la vegetación original. En la medida en que las plantaciones se extendieron a los estados vecinos de Minas Gerais y Bahia, para satisfacer la creciente demanda de madera de la industria celulósica, pero también de la metalúrgica, aumentó la resistencia popular contra este modelo agro-depredador y socialmente insostenible, cuyo diseño global no respeta fronteras nacionales ni poblaciones tradicionales.
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