LO QUE SE PREPARA: ASTORISMO SIN ASTORI (2)

LO QUE SE PREPARA: ASTORISMO SIN ASTORI (2)

Morosamente, las contradicciones sociales empezaron a aflorar, la realidad llamó a la puerta. Y los distintos miembros del elenco de gobierno comenzaron a apoyarse cada uno en donde mejor podía hacer pie. Un decreto de José Díaz, un reformista socialdemócrata de vieja escuela al frente del Ministerio del Interior, descarta la intervención de oficio de la policía para desalojar fábricas ocupadas por trabajadores en conflictos gremiales, como venían haciendo los gobiernos anteriores. En realidad, las ocupaciones ya estaban comenzando, y Díaz lo que hace es sacar los pies del plato para no verse atrapado en una situación indeseada. Las direcciones sindicales quieren evitar una confrontación con el gobierno de su propio partido, y canalizan las luchas que no pueden evitar hacia las patronales. Obviamente la lucha de clases no ha cesado, y las patronales no pensaban renunciar a despedir trabajadores. Pero el decreto de Díaz estimuló la resistencia obrera y alarmó a los capitalistas, que fueron a quejarse a los ministros más sensibles, Astori en primer lugar. Díaz concurre a la sede de la convención sindical y explica que la policía actuaría solamente por orden judicial. Y ante la pregunta de sindicalistas más blandos que él con los patrones sobre qué hacer en esos casos, Díaz les da una clase de viejo militante. Lo mismo de siempre, desalojamos pacíficamente y cuando la policía se retira volvemos a ocupar, y que el patrón se vaya a quejar de nuevo al juez.

El ministro de Trabajo, un populista nacionalista ex guerrillero partidario del acuerdo social y de mentalidad bastante hostil a los trabajadores, trata de hacer equilibrio entre las presiones de un lado y otro. Se inclina a ceder más ante los patrones, pero en este caso los que tienen más fuerza son los trabajadores. El triunfo electoral y el nuevo clima les ha dado confianza. Surgen sindicatos en lugares donde la represión patronal y la fragmentación obrera lo había impedido. La negociación de los Consejos de Salarios convocados por el gobierno estimula la reactivación de los deprimidos sindicatos. Y a su vez, las patronales no se hay reubicado en el nuevo escenario, responden con los viejos métodos represivos como si nada hubiese cambiado, y se exponen a derrotas. En esta situación, algunos ex sindicalistas hoy diputados gubernamentales toman la iniciativa de ordenar las cosas a través de una ley de fuero sindical, que evite que la cosa se siga complicando. No demasiado sutiles las patronales van a golpear, nuevamente, la puerta de Astori.
(todo esto se relativiza pues los dirigentes gremiales son personas que trabajan para los intereses de este gobierno de derecha. nota de volta)

Y hay muchos otros puntos. Es llamativo que las contradicciones más agudas dentro del gobierno se hubiesen dado hasta ahora, no acerca de los trabajadores sino acerca de algunos sectores de burgueses medios endeudados con la banca, siendo su principal portavoz el populista y ex guerrillero José Mujica, hoy ministro de Ganadería y Agricultura. La lucha de clases comienza a morder los bordes del idilio.

Como se esperaba, el nudo estaría en el proyecto presupuestal. El gobierno, en acuerdo en todo lo posible con las direcciones sindicales, logró atenuar los reclamos de los trabajadores públicos: pero el hueso es demasiado duro de pelar. Los compromisos firmados con el Fondo no dejaban casi ningún margen de flexibilidad para atender aún los reclamos más elementales de los trabajadores. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), un gremio tradicionalmente muy poco combativo (merced al clientelismo, entre los funcionarios del estado hubo durante décadas mucha gente vinculada a los viejos partidos gobernantes) comienza a radicalizar sus posiciones, y obtiene algunas muy pequeñas conquistas salariales (estamos hablando de aumentos de menos de 10 dólares). Los docentes negocian también algunos magros aumentos, pero llegan apenas a poco más de un cuarto de la canasta mínima cuando la reivindicación sindical está en media canasta. Los médicos de Salud Pública reclaman aumentos más importantes, tratándose de otro sector muy postergado desde hace años, pero no logra romper la negativa de las autoridades del ministerio.

Y el presupuesto de la educación iba a ser el punto de quiebre. En 1994 los sindicatos de la enseñanza promovieron un proyecto de reforma constitucional para fijar en un 4.5% del PBI (o el 27% del presupuesto nacional) la participación de la educación en el presupuesto. En los últimos años esa participación había bajado al 2.9%. El proyecto de reforma fue plebiscitado pero no alcanzó la mayoría necesaria en gran parte por la fragmentación de las fuerzas del movimiento popular y el escaso compromiso militante de los partidos políticos de izquierda. El Frente lo apoyó aunque con muy poca energía dada la estrategia electoral de evitar la confrontación programática profunda; fue precisamente Astori uno de los que marcaba matices en el apoyo. Pese a la derrota, esa meta presupuestal quedó fijada como una reivindicación histórica, su legitimidad fue crecientemente aceptada por la población, y fue asumida por el congreso programático del FA antes de las elecciones. Pero una vez instalado en el gobierno, el Frente transforma esa meta en un objetivo a alcanzar no inmediatamente, sino a lo largo de todo el quinquenio.

Al momento de enviar al parlamento el proyecto de ley presupuestal, el gobierno tiene un contador público al frente del ministerio de Economía. Según el conocido chiste, la respuesta de un contador a la pregunta "¿cuánto es 2 + 2?" sería "¿cuánto querés que dé?" O sea: adaptar la presentación de las cifras a las necesidades de la gestión, ningún contador debería ser muy extraño a estas prácticas. Y si alguien está acostumbrado a hacer la vista gorda ante ellas es el FMI, que más de algún balance de fachada se habrá comido en Tahilandia, México, Argentina. Y ante la situación de atender compromisos contradictorios, el presupuesto intentaba maquillar esa contradicción.

La propuesta inicial de Astori fijaba la participación de la educación en un 3.5% del PBI. Intentó camuflar la carencia de muchas maneras (agregarle el subsidio estatal a la enseñanza privada, o incluir el INAU -instituto de rehabilitación de menores infractores o desamparados- como dentro de la educación) pero fueron totalmente inaceptables para el resto de los ministros. ¡No era para menos! Tenía también cláusulas condicionales que abrían una vaga posibilidad de dar algún peso más según el hipotético crecimiento de la recaudación tributaria, pero nunca superando ese 3.5%.

Todos saben que el objetivo que anuncia Astori -suponemos que él también lo sabe-, amortizar el 40% de la deuda en diez años lo que implicaría casi duplicar el PBI en ese período, es inalcanzable para cualquier país del mundo de hoy. Menos aún para Uruguay, que no tiene forma de incidir en variables que condicionan fuertemente cualquier posible crecimiento: las tasas internacionales de interés, el precio del crudo, o cuándo devaluará Brasil. Esas cláusulas condicionales son puro ornato.

Pero lo que importa aquí no es que no se pueda asegurar tal o cual porcentaje para la educación u otra demanda social. No se puede asegurar el pago de la deuda externa, que hoy llega a casi el 100% del PBI. Uruguay tiene la segunda deuda del mundo en relación al capital que tiene en el Fondo (después de Turquía), y la primera en relación al PBI, y esto con una debilidad estructural muy grande en su estructura productiva. Más temprano que tarde Uruguay caerá en el default de hecho. Es imposible una recuperación de la capacidad productiva del país sobre la base de la misma política económica que la desmanteló. Lo que importa entonces (y es el mensaje político de Astori hacia los organismos internacionales) es indicar que la meta de pagar la deuda externa estará por encima de cualquier otro compromiso con el pueblo. Por esa indicación de prioridades, y no por cualquier ecuación presupuestal, es que el presupuesto Astori asegura el pago del servicio de la deuda y expresamente no asegura el cumplimiento de las demandas populares.

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