LA REFORMA AGRARIA EN BOLIVIA

DESDE QUE ASUMIO EVO, SE DIO TITULO DE PROPIEDAD PARA 28,4 MILLONES DE HECTAREAS
La reforma agraria del MAS en Bolivia
El director del INRA, Juan Carlos Rojas, señaló a Página/12 que
esperan llegar a los 40 millones de hectáreas regularizadas a fin de
año. Pese a los obstáculos, también se avanzó en Pando y Santa Cruz.
Por Gustavo Veiga


El gobierno de Evo Morales multiplicó por ocho lo que hicieron los gobiernos anteriores.
La reforma agraria en Bolivia avanza, aun pese a las
dificultades que encuentra a su paso el gobierno de Evo Morales. En el
INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), un organismo
descentralizado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación, manejan estadísticas alentadoras. Para fin de año
esperan que haya 40 millones de hectáreas saneadas. O sea, tierras
entregadas con su correspondiente título de propiedad o identificadas
para determinado uso. Juan Carlos Rojas, su director, sostiene que “el
país tiene 109 millones de hectáreas de las cuales 106 son del área
rural y es obligación del INRA intervenir en ellas para que podamos
entregar el título ejecutorial a la persona que corresponda”.

El
instituto, durante los tres años de gobierno del MAS, saneó y tituló
hasta hoy 28,4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional.
Cuando se compara esa cifra con lo hecho durante los diez años
anteriores del INRA, la actual gestión sale robustecida. Creado en 1996
por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, hasta enero
de 2006 –cuando Evo asumió la presidencia–, había regularizado 9,2
millones de hectáreas. En ese decenio que cubrieron los mandatos de
Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, otra vez Sánchez
de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé se titularon en
promedio un millón de hectáreas por año, mientras que en el gobierno
actual se superan los 8 millones.

Rojas define al proceso
de “Revolución agraria” –así lo llama el gobierno– como “casi único en
el mundo porque se está haciendo en democracia, con evidente tensión
entre los sectores, pero a su vez con la aceptación de que debe
regularizarse el derecho propietario de distribución de la tierra.
Especialmente este saneamiento, un procedimiento técnico legal que es
muy detallado en Bolivia y no se aplica en otros países. Es más bien el
resultado de una evolución histórica de nuestro proceso agrario”. El
director del INRA dialogó con Página/12 desde La Paz, donde se
encuentra la oficina central del organismo, que tiene nueve filiales
por cada uno de los departamentos del país.

Según datos
proporcionados por el funcionario, del que dependen 900 empleados, el
Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras
2007-2013 (Pensat) apunta a distribuir y titular 20 millones de
hectáreas entre las comunidades indígenas y campesinas sin tierra. Esta
es una de las principales razones de ser del INRA.

Rojas,
un licenciado en Ciencias de la Educación que aprendió las cuestiones
agrarias trabajando con los indios guaraníes en el Chaco Boliviano,
sabe que, pese a los notables avances de su gestión, resta todavía
mucho por hacer: “El INRA, además del saneamiento, tiene que realizar
otras dos grandes acciones. Por una parte, la verificación del
cumplimiento de la función económico-social de la tierra. En realidad,
ésa es nuestra tarea constante, dos años después de que la tierra ha
sido titulada. Y por otro lado, está a cargo del catastro rural, del
proceso de generación de esta base de datos y del mantenimiento de esa
información hacia el futuro”.

Autor de un artículo que
puede leerse en la página oficial del instituto, www.inra.gov.bo al que
le puso de título “La verdadera historia de ese papelito”, cuenta cómo
gestionan hectáreas de tierra quienes aspiran a trabajarlas.
“Imagínense –señala– si falla alguno de estos componentes, si falla
alguna pieza en esta maquinaria o, mejor, si falta alguien en este
cuerpo: no sale el papelito que todo el mundo espera de nuestro
trabajo. Todos somos imprescindibles para cumplir nuestra misión y
recibir, al final, ese abrazo o beso de algún anciano o viejecita que
esperó toda su vida para tener en sus manos ese papelito; ese acto tan
humano compensa todas nuestras penurias”.

Los empleados del
INRA han tenido graves dificultades en los departamentos de Santa Cruz
y Pando para aplicar la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria. El Estatuto Autonómico de la primera región le
confirió al gobierno local la atribución de disponer sobre “la
propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución,
redistribución y administración de las tierras del departamento”.

Rojas
afirma que “temporalmente se afectó nuestro trabajo porque hubo
resistencia violenta a nuestra participación en la titulación de
tierras. Pero eso fue momentáneo. Y se resolvió el año pasado con el
referendum revocatorio. Los problemas que hubo no afectaron nuestras
metas, porque en 2008, pese a los ataques a oficinas del INRA y
agresiones a nuestros funcionarios, hemos logrado en el departamento de
Santa Cruz sanear un poco más de tres millones de hectáreas”.

Pando
había sido el primer departamento que se declaró saneado en el país el
2 de agosto de 2008 y donde existe una gran concentración de la tierra
en manos de ocho familias. La recolección de castañas es su principal
actividad productiva. El 11 de septiembre del año pasado se produjo la
matanza de dieciséis campesinos, por la que fue imputado como autor
intelectual el ex prefecto Leopoldo Fernández, quien todavía espera por
un juicio junto a veintiséis personas más.

“Ahí se ha
modificado la estructura de distribución de la tierra. No había ninguna
comunidad indígena reconocida con derechos propietarios. Nosotros, con
nuestro trabajo, hemos titulado más de dos millones y medio de
hectáreas a comunidades campesinas, sólo en Pando”, agrega Rojas.

En
Bolivia, uno de los temas no resueltos es la migración desde el
occidente, en la zona del Altiplano, hacia el oriente, donde están las
tierras más productivas, dos terceras partes del territorio nacional.
Los datos oficiales aproximados que posee el INRA sobre cómo están
distribuidos los millones de hectáreas rurales son: producción
agropecuaria intensiva 4,1 millones; agropecuaria extensiva, 4,2;
agropecuaria con limitaciones, 3 millones; ganadería extensiva e
intensiva, 17,5; ganadería con limitaciones 10,4; forestal con y sin
limitaciones, 32 millones; protección y reserva, 17 y uso pastoril, de
10 a 11 millones.

El INRA tiene atribuciones para expropiar
latifundios agrarios por causas de interés público y recuperar tierras
si no se cumple el objeto económico social para el que fueron
destinadas. Así lo establece la Ley 3.545. Gracias a ella el gobierno
de Evo Morales otorgó el 75 por ciento de los títulos de propiedad que
se entregaron desde que se creó el instituto en 1996. En apenas casi
cuatro años. Incluso los críticos de algunas de sus políticas para el
campo, como la ONG Fundación Tierra, sostienen que el probable triunfo
del oficialismo en las elecciones de diciembre, alentará la profundización de los cambios.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4-134071-2009-10-25.html