Bolivia: Las haciendas y guaraníes cautivos de Alto Parapetí

dayrdan Vie Abr 25, 2008 3:40 pm

Bolivia: Las haciendas y los guaraníes cautivos de Alto Parapetí en la mira nacional e internacional
18-04-08,

Los disturbios provocados por hacendados y ganaderos en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz en los últimos 12 días han sensibilizado a una amplia articulación de organizaciones sociales del país y del extranjero, las cuales se convencieron de que los guaraníes cautivos en haciendas feudales en Alto Parapetí y en otras zonas del chaco se liberarán de la servidumbre sólo cuando tengan tierra
Los disturbios provocados por hacendados y ganaderos en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz en los últimos 12 días han sensibilizado a una amplia articulación de organizaciones sociales del país y del extranjero, las cuales se convencieron de que los guaraníes cautivos en haciendas feudales en Alto Parapetí y en otras zonas del chaco se liberarán de la servidumbre sólo cuando tengan tierra. Los terratenientes que concentran más de la mitad de la tierra de la zona se defienden a bala hasta el 4 de mayo, confiados en que su gobierno autónomo no tocará sus haciendas y restringirá la creación de nuevas tierras comunitarias de origen (TCOs).
El miércoles 16 de abril, el Presidente Evo Morales pidió al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz que retorne a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, desde la ciudad de Camiri, donde enfrentó una violenta revuelta de terratenientes en los últimos 12 días. Se aclararon muchas incógnitas: el trasfondo del referéndum autonómico del 4 de mayo en Santa Cruz, el grado de concentración de la propiedad de la tierra en el chaco cruceño y el respeto de los derechos humanos y laborales de trabajadores indígenas.
El levantamiento armado comenzó a fines de febrero, cuando los hacendados intervinieron una oficina del INRA en Camiri y atacaron a balazos al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otras autoridades que habían llegado a la zona para iniciar el saneamiento de tierras. Pero la opinión pública no prestó atención a estos sucesos, tal vez porque la prensa los minimizó o los presentó como hechos policiales aislados.
Los medios ya no pudieron ocultar la crisis desde el 4 de abril, luego de que un hacendado norteamericano atacara por segunda oportunidad a Almaraz y Rojas en las puertas de su estancia “Caraparicito”, cuando las autoridades y sus equipos técnicos viajaban a Alto Parapetí para iniciar el saneamiento, atendiendo una demanda de TCO presentada por comunidades guaraníes en 1996.
Desde ese día, las máximas autoridades agrarias del país fueron apedreadas, cercadas en su hotel de Camiri, insultadas, amenazadas de muerte y varias veces expulsadas de la ciudad por la patronal local y por sus representantes de la Subprefectura, Alcaldía y otras instancias públicas.
Las últimas dos semanas, los ganaderos y terratenientes bloquearon una carretera internacional exigiendo el retiro de Almaraz y de su comitiva, y trasladaron fuerzas de choque desde la ciudad de Santa Cruz para reforzar sus “comités de defensa de la tierra”, todo con el propósito de impedir a toda costa el saneamiento de sus haciendas.
¿Cuál la razón de semejante resistencia a la autoridad, nunca antes vista? ¿Por qué no permitieron al INRA realizar un trabajo legal y eminentemente técnico como es el saneamiento?, ¿Por qué no dejaron ni siquiera a los indígenas de la zona llegar hasta Alto Parapetí? ¿A qué le temen? Las sospechas fueron creciendo con el paso de los días, hasta que la revuelta patronal se aisló en Camiri. El Comité Cívico popular, organismo que aglutina a todas las fuerzas sociales de la ciudad, ratificó su apoyo a la demanda de tierras del pueblo guaraní; desconoció a todas las autoridades “serviles” con los patrones de la región y revindicó la autonomía provincial para Cordillera frente a la autonomía “centralista” de los “logieros” de la ciudad capital. En el resto del país, un importante sector de la población que siguió con atención el desarrollo del “levantamiento terrateniente” terminó por convencerse de que los terratenientes de Cordillera cierran las puertas de sus haciendas con candado y corretean a balazos a todo aquel que se acerque porque explotan laboralmente a indígenas guaraníes y los mantienen cautivos en una condición de servidumbre.
Con estos antecedentes, y respaldados por decenas de informes de la ONU, OEA, OIT, Defensor del Pueblo y otras que ratifican la existencia de indígenas cautivos en haciendas del chaco, instituciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales de base, representantes de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, parlamentarios, gremios periodísticos, entre otros, viajarán en comisión a Alto Parapetí para asistir a los indígenas cautivos y acompañar el proceso de saneamiento truncado temporalmente por los terratenientes.
El grado de violencia alcanzado en la provincia Cordillera ha sensibilizado a muchas organizaciones del país y del extranjero, y ha posicionado el problema guaraní en la siempre esquiva agenda de las grandes cadenas mediáticas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó públicamente las acciones del gobierno en pos de la erradicación de la servidumbre y censuró los métodos violentos de la patronal para evitar la dotación de tierras a los guaraníes. Observadores de Naciones Unidas se han pronunciado en el mismo sentido.
Autonomía para los latifundistas
La revuelta en Camiri no sólo ha sensibilizado a la opinión pública en torno al problema de la servidumbre guaraní y a la concentración de tierras; también sacó a la luz las relaciones de los grandes propietarios de tierras y los autonomistas de la media luna. Si en algún momento las autoridades cívicas de Santa Cruz aspiraron al liderazgo “moral” de toda la sociedad cruceña, en marzo se confirmó que, en primer lugar, representan a los empresarios.
A principios de marzo, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sellaron un pacto político con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera con el fin de evitar el saneamiento de tierras e impedir la creación de nuevas TCOs demandadas por comunidades indígenas. Así, por primera vez las máximas autoridades cruceñas y los cívicos asumieron públicamente su papel de defensores del empresariado.
El 8 de marzo, la elite político empresarial cruceña y los ganaderos de la provincia Cordillera se reunieron en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la creación de la TCO Alto Parapetí. Participaron en la reunión el director de Medioambiente de la Prefectura de Santa Cruz Neco Aguilera, ex ministro de Desarrollo Sostenible, y el subprefecto regional Marcelino Apurani, representante del prefecto Rubén Costas, entre otros cuadros del movimiento autonómico cruceño.
La Prefectura y el Comité Cívico pro Santa Cruz y los ganaderos del Chaco conformaron una especie de “frente de defensa” de la gran propiedad cruceña, sobre la base de su estatuto autonómico que concede al gobierno regional absoluto dominio de la tierra y anula la intervención del Estado.
La semana pasada, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Mauricio Roca convocó a los agropecuarios a movilizarse en defensa de las tierras hasta el referéndum del 4 de mayo, convencido de que desde ese día “la tierra y el desarrollo agropecuario son competencias exclusivas del departamento y del futuro gobierno departamental”. El dirigente empresarial fue enfático: “lo que estamos viendo en Cordillera son los últimos pataleos del centralismo porque después del 4 de mayo seremos autónomos”.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde) rechazó el saneamiento de tierras en Alto Parapetí y confirmó la naturaleza empresarial de la autonomía cruceña y su velado objetivo de perpetuar el latifundio.
Según los líderes políticos y empresariales de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, la titulación de la TCO de Alto Parapetí no tiene otra intención que “expropiar los recursos naturales de esta región hidrocarburífera que es la más grande e importante del país”. Los autonomistas consideran que esta TCO, sin sustento técnico, causará un “desmembramiento territorial de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz (…) el cercenamiento a las regalías y el futuro de los departamentos autonómicos”. Dicen que la verdadera intención del gobierno es la confrontación entre hermanos y “bloquear los referéndums por estatutos autonómicos”.
Lo cierto es que los guaraníes iniciaron el trámite de la TCO de Alto Parapetí hace 12 años, cuando el MAS no estaba en el gobierno. En todos estos años se han titulado decenas de TCOs y ningún departamento se ha quebrado y menos ha perdido regalías. Los indígenas beneficiarios tampoco se adueñaron los recursos naturales hallados en su territorio porque la constitución es clara: el gas, petróleo, agua y otros recursos renovables y no renovables son de propiedad del Estado boliviano y no de particulares.
En conclusión, los recientes acontecimientos en la provincia Cordillera revelan que los cívicos, empresarios y dirigentes políticos de la Prefectura de Santa Cruz marchan como una sola unidad sociopolítica hacia la autonomía. Este movimiento niega el derecho a la tierra a miles de indígenas guaraníes y está dispuesto a dividir el país para proteger latifundios ilegales, entre ellos las haciendas de uno de sus líderes, el empresario Branco Marinkovic. www.ecoportal.net
UPIC-Tierra/Bolpress